El Gobierno anunció que «modificará» la resolución 187 publicada en el Boletín Oficial hace un mes y medio, luego de la controversia que generó el uso de terminología discriminatoria para referirse a personas con discapacidades cognitivas o psíquicas.
Los términos discriminatorios aparecieron en el Anexo I de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conducida por Diego Spagnuolo, el ex abogado personal de Javier Milei, que tiene como objeto “establecer un nuevo baremo para medir los grados de discapacidad de una persona”, a partir de los cuales se le entregará o no una pensión no contributiva. Su publicación se dio en el marco de las auditorías que viene realizando el Gobierno para justificar la baja por lo menos 200 mil pensiones este año.
Las palabras “Idiota”, “imbécil y “retardado” se utilizaron para clasificar los distintos “grupos” que, en la resolución, figuran oraciones como las siguientes:
“Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero…”; “30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias..»; “50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”; ”RETARDOS MENTALES: Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual”.
Ante las críticas, la administración de Javier Milei finalmente anunció que modificará el texto de la norma. En este sentido, desde la ANDIS aclararon en un comunicado que “fue un error» haber utilizado esa terminología y sostuvieron que no hubo «ninguna intención discriminatoria».
Comunicado: La Agencia Nacional de Discapacidad modificará la Resolución 187/2025. pic.twitter.com/sxWj8r2BUT
— Agencia Nacional de Discapacidad (@andiscapacidad) February 27, 2025
«Se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta», explicó el organismo, y añadió que ese tipo de caracterizaciones fueron utilizadas en el pasado en medicina psiquiátrica, aunque se eliminaron por su carácter peyorativo. A pesar de la modificación, el organismo sostuvo que la «corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación».
En las últimas horas se dio a conocer una grave equivocación en el anexo de la Resolución 187/2025, publicada el 16 de enero de este año en el Boletín Oficial.
Quiero dejar en claro que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino…
— Diego (@dspagnuolo_ok) February 27, 2025
Si se revisa hacia atrás la política en materia de discapacidad del Gobierno, a mediados del año pasado, Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, restablecieron la vigencia de un decreto del menemismo (el 432/97) para clasificar los distintos grados de discapacidad y endurecer las condiciones para acceder a una pensión. Con esa medida, el Gobierno ya había reincorporado la palabra “invalidez” que también había quedado obsoleta desde 2004, cuando el país adhirió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, que a su vez había introducido una concepción social y basada en los derechos humanos del colectivo.
