Esto se suma a las 30 presentaciones de las diferentes provincias del país a la Corte Suprema, donde le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias.
El gobierno bonaerense de Axel Kicillof demandó al Estado Nacional ante la Corte Suprema por no haber pagado el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo complementario de Transporte. Son más de $42 mil millones de pesos que dejó de recibir la provincia.
En un principio, el gobierno bonaerense intentó otras estrategias para evitar esta demanda, pero la negativa del parte del Estado nacional a buscar una solución política, direccionó la estrategia hacia el Poder Judicial.
Este lunes se presentó una medida cautelar y una “acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional”. Allí solicita que “se declare la plena vigencia y eficacia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)” que a fecha supera los “$42.000.000.000 más intereses”.
Además, presentaron una segunda demanda contra el Estado Nacional por la “plena vigencia” del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajes por automotor urbano y suburbano del interior del país”.
Se le pide a la Corte que exija al gobierno de Javier Milei la “transferencia inmediata y efectiva de los montos devengados en concepto del Fondo Común de Inversión (FCI) desde 2023, con más intereses, hasta el dictado de la sentencia definitiva”. En este caso el monto reclamado es de “$5.000 millones aproximadamente”.
Las provincias denuncian al Gobierno
Esta denuncia se incorpora a las ya 30 causas de 16 provincias que la Corte Suprema tiene en sus manos, donde le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros, que ascienden a unos 1000 millones de dólares.
Si bien no se espera la inmediata definición de los fallos en contra del Estado nacional, estos no están paralizados. La mayoría de las demandas iniciadas ya tiene dictamen de la Procuración General de la Nación, que determina que son de competencia originaria de la Corte. Y algunos de esos expedientes ya están girando por las distintas vocalías, lo que habla de que las causas se están moviendo.
Los reclamos de las provincias son de diferente índole. Por un lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclama los fondos de coparticipación federal que le recortó Alberto Fernández. Chaco, por su parte, le pidió a la Corte la inconstitucionalidad del decreto que modificó el impuesto a las ganancias y le reclama al Estado nacional casi 116.000 millones de pesos.
Asimismo, Chubut le reclama 400 millones de pesos por el fondo del compensador del transporte, que le quitó la Nación; por el decreto que modificó ganancias demanda otros 37.000 millones de pesos y por la retención de su coparticipación federal exige unos 10.500 millones de pesos.
Córdoba le reclama a la Nación por fondos retenidos de la caja previsional no transferida unos 130.000 millones de pesos en tres causas, mientras que Corrientes le reclama por incumplimiento en el Consenso Fiscal 2017 y 2021 unos 24.000 millones de pesos. Por los cambios en Ganancias, además, le pide 68.000 millones de pesos. Formosa le reclama al Estado nacional fondos previsionales por 25.000 millones de pesos.
También hay reclamos de Jujuy por Ganancias, de La Pampa por el fondo del transporte y de la La Rioja por la quita de su coparticipación federal y la quita del fondo de incentivo docente, además de la nulidad del DNU 70/23 que presentó ante la Corte.
Misiones y Río Negro plantearon reclamos por el recorte de fondos docentes, la provincia de Buenos Aires hizo lo propio por el fondo de fortalecimiento fiscal, Santiago del Estero presentó otro planteo por los subsidios al transporte y Santa Fe, por la caja previsional.
De esta manera el poder el judicial acumula las demandas contra el Estado nacional, en medio de un intento del Gobierno por negociar leyes con los Gobernadores de las provincias y en un puja por definir la nueva conformación de la Corte Suprema, con la oficialización este lunes de la propuesta de los jueces Ariel Lijo y Manuel García–Mansilla para integrar la vacante de la Corte.
