El Tercer Malón de la Paz convirtió a la provincia del norte en un polvorín, justo cuando el radicalismo desinhibido y el peronismo domesticado se creían inobjetables. Lecciones locales para una dirigencia nacional distraída por Twitter | Por Pablo Dipierri
A Gerardo Morales le sitiaron el sultanato. Ensoberbecido por el triunfo de su delfín Carlos Sadir para sucederlo en la Gobernación de Jujuy el pasado 7 de mayo, enceguecido por su apuesta para colarse en una fórmula presidencial de Juntos por el Cambio y reconfortado por la asistencia impúdica de un peronismo local absolutamente domesticado por los placeres del kiosco político, supuso que era acreedor de un cheque en blanco para una reforma constitucional a su antojo. Y pifió a lo pavo.
Las protestas que se desataron durante la última semana, con epicentro en San Salvador pero raigambres en las Salinas, la Puna y las Yungas, desde la Quiaca y Purmamarca hasta Perico y la intersección de la Ruta Nacional Nº 9 y la 152, son testimonio vivo de que nadie come vidrio. En los últimos comicios, el pueblo jujeño no solamente ungió nuevo gobierno sino que además honró con su sufragio a los convencionales constituyentes que asumieron la tarea de modificar el articulado de la carta magna provincial. Es decir que la pueblada se produjo un mes y medio después contra la labor de los hombres y mujeres que escogió por mayoría la sociedad y en las manifestaciones de la capital, según los testimonios recogidos por este portal, no sólo son protagonistas los trabajadores municipales, los docentes y las comunidades originarias movilizadas sino también las clases medias, reacias las más de las veces a la turbamulta enardecida que se anima con la fibra plebeya del combate al capital.
Lejos de atribuirle a las tierras del mítico Éxodo del siglo XIX un estadío prerrevolucionario, los acontecimientos reclaman atención porque los actores sociales desbordaron por completo a la dirigencia adormecida en un sistema político impermeable a las históricas demandas populares. Los hechos aleccionan también a los cuadros políticos que constelan en ligas nacionales porque los chispazos son jujeños pero nunca se sabe hasta dónde llega el reguero de pólvora.
En ese sentido, una dirigente de fuste y prosapia peronista en Jujuy le dijo ayer a La Patriada que la atravesaba “una sensación de impotencia”. “No comparto en nada el accionar de los Convencionales del PJ y me duele mi partido y sobre todo Jujuy, pero estoy segura -y lo reafirmo- que esto es responsabilidad de Morales”, aseveró.
La comprobación empírica de su hipótesis llegaría unas horas después, desde Capital Federal, cuando la plana mayor de JxC se mostrara unida responsabilizando al kirchnerismo por la sangrienta respuesta política del radicalismo jujeño. La conferencia de prensa opositora se realizó en el reducto macrista de San Telmo y congregó para la foto, cuidadosamente compuesta en clave electoral, al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su principal competidora por el cetro en las primarias, Patricia Bullrich, flanqueados por el lugarteniente de Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro, el auditor Miguel Ángel Pichetto, el senador radical Martín Lousteau y el diputado ultraliberal José Luis Espert. Como decorado, cogoteaban en segunda línea los nómades distritales María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, el formoseño Luis Naidenoff y hasta Fernando Iglesias, entre otros. Contra la liviandad del oficialismo que menosprecia esas gestualidades, la coalición opositora se muestra como un ejército regular mientras el Frente de Todos mutante apenas apela a Twitter, con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner a la cabeza, o un comunicado emitido desde el Ministerio del Interior.
La tensión en Jujuy marca, así, el pulso del cierre de listas para la próxima cita con las urnas a nivel nacional. Más allá de que se pavonee en los medios de comunicación que lo cuidan como su madre, Morales sintió el temblor en su provincia y, aunque la cúpula macrista haya hecho propio el despliegue represivo, conviene sentarse en la vereda mientras desfilan las variables de una rosca política impermeable a los condimentos sociales que saltaron a la vista ahora.
Con una temporalidad distinta y una densidad cultivada por siglos, las comunidades originarias terminaron confluyendo con los reclamos salariales de la intergremial y el rechazo al artículo 63 de la nueva constitución, cuya letra semimuerta prohíbe los cortes de rutas y calles, para defenderse de los artículos que Morales prometía retirar de la Ley de Leyes sancionada por unanimidad el jueves pasado. Sin facultades para hacerlo, el derrotero correcto sería la convocatoria –no improcedente pero sí ridícula- a una nueva convención constituyente admitiendo la nulidad de lo actuado en su totalidad. O sea, la consumación de una derrota política bestial para sus apetencias actuales.
El cercenamiento a la protesta social con palos y multas mencionado en el párrafo anterior contradice el carísimo 14 bis de la Constitución Argentina, con su derecho a huelga como puntal. Hasta el más gorila en estas pampas sabe que un paro no es un acto de contrición sino una ocasión para la bulla colorida en una jornada donde se desobedece al patrón.
Para colmo, los artículos 36 y 50 cuya anulación sugirió el emperador jujeño, término que ya utilizan hasta en las fracciones peronistas que se niegan a comer de su mano, colisionan contra el inciso 17 del artículo 75 de la cúspide de la pirámide jurídica argentina, que en su texto establece la preexistencia étnica de los pueblos originarios. Con la reforma, Morales pretendía supeditar la propiedad de las tierras a decisiones del Ejecutivo provincial haciendo prevalecer el interés privado, sin declarar abiertamente su complacencia para con la explotación del litio, y compensando a las comunidades con otras parcelas si requiriera el usufructo de las que hoy habitan. El combo de esas iniciativas es inexorablemente explosivo en cualquier rincón del país.
En este contexto, se gestó lentamente pero sin pausa el Tercer Malón de la Paz. El primero fue en el invierno de 1946, cuando gobernaba Juan Perón y los collas recorrieron más de 2 mil kilómetros hasta Plaza de Mayo. Según la corriente historiográfica que se consulte, el lector encontrará relatos que consignen que los indios se fueron con las manos vacías o hallará alguna que otra justificación más indulgente para con el General, por entonces en pleno apogeo.
El segundo ocurrió 60 años después y consistió en la marcha hasta la Casa de Gobierno jujeño, cuando conducía el gobierno local Eduardo Fellner. Las demandas eran casi calcadas. Estructuralmente diseñada para la desposesión de los pueblos, la arquitectura jurídica respecto de la producción y comercialización de los recursos naturales cambia poco y nada, incluso con administraciones de cuño progresista.
Y atenta al desencadenamiento de la crisis jujeña, la Casa Rosada padece entre los tópicos más desgastantes el de la interminable discusión acerca de su tibieza para declarar la intervención federal de la provincia regida por el autoritarismo y el capricho de Morales. Aunque lo saben desde el ala que responde a la Vicepresidenta, escasean las explicaciones que disipen la opacidad que, podría especularse, reditúa a ese sector en la interna interminable: también el artículo 75, a través de su inciso 31, fija como atribución del Congreso la facultad de “disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires”.
La memoria de los jactanciosos que evocan la valentía de Néstor Kirchner cuando promovió en 2004 la intervención federal de Santiago del Estero omite que se trató de un proyecto de ley enviado desde el Ejecutivo que votaron por la afirmativa los legisladores del peronismo, el radicalismo y el socialismo. Los convencionales de la reforma del 94’ repararon con esa redacción el debate sobre interpretaciones pendulares a partir del sujeto tácito en el artículo 6 de la constitución sancionada en 1853. Herencia de una discusión mal saldada entre Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, se suponía que el “instituto de la intervención” lo resolvía el Congreso pero desde esa fecha y hasta la última dictadura se dispusieron 174 intervenciones federales y el 68 por ciento se habían decretado desde la Presidencia.
Por caso, el senador kirchnerista Guillermo Snopek es autor de un proyecto de ley para la intervención federal del Poder Judicial en Jujuy. Su presentación data en la Cámara Alta desde febrero de 2020 y perdió estado parlamentario. Ante la consulta de este medio, el legislador contestó que la iniciativa espera tratamiento en comisión luego de que la volviera a presentar. Resulta dudoso que un presidente como Fernández, sin más fuerza que para sembrar alguna que otra intriga palaciega que se desvanece en los pasillos de Balcarce 50, maneje también la campanita del Senado o el temario de sus comisiones.