El máximo tribunal no aceptó el pedido de licencia presentado por la magistrada y el juez Slokar resultó sorteado para subrogar la vocalía vacante.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cesó este miércoles en sus funciones a la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien en agosto pasado cumplió 75 años y aún no había conseguido acuerdo del Senado para permanecer en su cargo por cinco años más, tal como lo exige la Constitución Nacional.
La decisión fue adoptada por unanimidad y notificada al Consejo de la Magistratura de la Nación «a fin de que adopte las medidas que estime necesarias» y a la Cámara Federal de Casación Penal.
«La Dra. Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado», sostuvieron los jueces del máximo tribunal.
En la resolución de cinco páginas, la Corte recordó que tras la reforma de 1994 el artículo 99 -inciso cuarto, tercer párrafo- de la Constitución Nacional prevé que «un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo (del Senado) será necesario para mantener en el cargo» a cualquier juez «una vez que cumpla la edad de 75 años».
La norma agrega que «todos los nombramientos de magistrados» cuya edad sea 75 años o mayor «se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite».
La resolución fue firmada en forma digital por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Los jueces de Casación se enteraron de la decisión del máximo tribunal durante el cuarto intermedio de la reunión plenaria que estaban desarrollando justamente para definir la situación de la hasta ese entonces presidenta del tribunal.
Figueroa cumplió los 75 años el 9 de agosto pasado y desde entonces se encontraba a la espera de que el Senado diera tratamiento a su pliego que ya había tenido dictamen positivo de la Comisión de Acuerdos de esa Cámara.
Para evitar realizar actos que pudieran ser nulificados en el futuro, desde entonces la magistrada había decidido delegar la firma de la presidencia del tribunal en el vicepresidente primero, Mariano Borinsky, y había dejado firmados todos los votos que le quedaban pendientes en causas en las que estaba llamada a intervenir.
Entre esos votos, en la caja fuerte de la vocalía 10 de la Cámara de Casación había dejado aquellos vinculados a las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán: se trata de expedientes en los que los tribunales orales respectivos sobreseyeron a todos los imputados sin necesidad de realizar el juicio, pero esas decisiones fueron apeladas.
Serán ahora los jueces de la sala primera de Casación, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña quienes tendrán en sus manos el fututo de esos expedientes en los que estaba imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si logran compatibilidad en sus posiciones y en sus argumentos, no necesitarán de un tercer juez.
Durante la reunión de Casación de ayer se estaba evaluando qué tipo de licencia podía tomar la jueza, a la espera de que el Senado trate su pliego y defina si le daba acuerdo o no para permanecer en el cargo, pero es debate ya resulta abstracto por la decisión de la Corte.
En la primera parte de la reunión, que comenzó el martes y pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles, la magistrada había adelantado que estaba dispuesta a pedir licencia hasta fin de mes para darle tiempo a la Cámara alta y que renunciaría a su intención de permanecer en el cargo si transcurrido ese plazo no se había resuelto su situación.
En cada oportunidad en la que se debatió el tema la jueza resaltó que el suyo no era un caso excepcional: contaba con antecedentes como los de Luis Alberto Imas, del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de CABA, y el de Silvia Mora, jueza del Tribunal en lo Criminal y Correccional 10 de CABA, quienes lograron acuerdo del Senado meses después de haber cumplido los 75 años.
El juez Slokar reemplazará a Figueroa
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar resultó sorteado para subrogar la vacante que se generó con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de cesar en sus funciones a la magistrada Ana María Figueroa.
El magistrado, actual Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Penal, compone la Sala II del máximo tribunal penal del país y también integrará entonces, en calidad de subrogante, la Sala III, según se informó oficialmente.
Resta definir qué ocurrirá con las causas en las que la jueza intervino en su paso por la Sala I que integran también los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. La Sala I debe decidir el futuro de los expedientes de las causas Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Como esas decisiones fueron apeladas, los casos pasaron a la Cámara Federal de Casación Penal para que las revise y allí se llevaron a cabo las audiencias de rigor -ambas el año pasado- pero nunca se alcanzó una decisión.
Slokar es Profesor Titular de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires y Profesor Titular de la Cátedra 1 de Derecho Penal I de la Universidad Nacional de La Plata.
Se desempeñó también como profesor de posgrado en múltiples universidades de América latina, como Santiago de Cali (Colombia), del Zulia (Venezuela), Católica de Concepción (Chile) y San Agustín (Perú), donde además fue distinguido con el grado de Profesor Honorario.
Tiene más de 42 años de trayectoria en el Poder Judicial, adonde accedió en 2011 al cargo de Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, que presidió en 2016 y 2022.
Su currículum incluye también años de investigación académica, siendo Secretario del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA; investigador de la UBA y del CONICET y becario del Ministerio de Educación y Ciencia de España, donde completó sus estudios de doctorado y obtuvo en 1993 el grado Magister por la Universitat Autónoma de Barcelona.
Slokar se desempeñó durante la Presidencia de Néstor Kirchner como Secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Rosatti.
Es autor de múltiples publicaciones en el país y en el extranjero, entre los que se destacan en coautoría con Raúl Zaffaroni los exitosos e influyentes tratado «Derecho Penal. Parte General» y el «Manual de Derecho Penal», editados y adaptados para México y Brasil desde el año 2000 a la fecha. Es el actual Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Penal.
Fuente: Télam.
