El máximo tribunal pospuso para el mes de febrero la definición sobre el carácter constitucional del megadecreto del Gobierno de Milei, que entró en vigencia este viernes. La medida es en respuesta a la presentación del gobernador riojano Ricardo Quintela.
La Corte Suprema de Justicia esperará hasta el mes de febrero cuando finalice la feria judicial para analizar la demanda del gobierno de La Rioja que pide declarar inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía firmado por el presidente Javier Milei, que entró en vigencia este viernes.
La provincia de La Rioja hizo su presentación a través de una «acción declarativa de certeza» presentada por el gobernador Ricardo Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra.
En una decisión de una sola carilla, la Corte anunció que “estudiará” el planteo luego de la feria judicial, es decir, del receso de enero. Pero mientras tanto, el máximo tribunal pasa el expediente a manos del Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal, quien deberá dictaminar.
El procurador Casal emitirá un dictamen sobre si la Corte es o no competente para tratar el asunto y luego si es o no constitucional el DNU. Su dictamen no es vinculante, con lo cual el Tribunal puede adoptar un criterio distinto.
Junto con la acción declarativa también el Gobierno de La Rioja presentó una cautelar, con lo cual el Tribunal tiene la potestad de dar marcha atrás con el DNU más allá de si el mismo se declara inconstitucional.
En la «acción declarativa de certeza» de La Rioja se pidió que se declare «la nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución» y que de manera inmediata «se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos».
También se solicita a la Corte que ordene al Poder Ejecutivo «no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa».
Mientras tanto, hay otras presentaciones pidiendo la inconstitucionalidad en el fuero Contencioso Administrativo Federal y en el del Trabajo.
No obstante, esos Tribunales aún no habilitaron la feria para tratar los respectivos amparos y, de no hacerlo, todo quedará en poder de los supremos.
Fuente: NA
