Jun 03 2026
Jun 03 2026

La Justicia de Brasil rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro

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El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil desestimó un pedido de prisión domiciliaria por razones humanitarias presentado por la defensa del expresidente Jair Bolsonaro. 

Jair Bolsonaro fue trasladado nuevamente a su celda en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia este jueves 1 de enero, tras recibir el alta médica del Hospital DF Star. El expresidente brasileño había permanecido internado durante ocho días, periodo en el que se sometió a cuatro cirugías: una corrección de hernias inguinales y tres intervenciones para bloquear los nervios frénicos y controlar crisis recurrentes de hipo.

Su regreso a prisión, ocurrido a las 18:43 bajo un fuerte operativo de seguridad, se produjo pocas horas después de que el juez Alexandre de Moraes, del STF, rechazara un nuevo pedido de prisión domiciliaria por razones humanitarias.

Los argumentos del fallo judicial

El magistrado de Moraes fundamentó su negativa señalando la «total ausencia de requisitos legales» para modificar el régimen de detención. A pesar de los argumentos de la defensa sobre la supuesta debilidad física de Bolsonaro, el fallo judicial destacó que los propios informes médicos confirman una evolución favorable y una condición clínica estable tras las operaciones.

Asimismo, el juez hizo hincapié en el historial de incumplimientos del exmandatario. Moraes recordó que, durante su arresto domiciliario previo, Bolsonaro destruyó su tobillera electrónica y realizó maniobras que sugerían un intento de fuga, lo que motivó su traslado original al régimen cerrado en noviembre.

Condiciones de reclusión y situación legal

La resolución judicial garantiza que Bolsonaro continuará recibiendo cuidados especializados dentro de las instalaciones policiales, incluyendo atención médica las 24 horas, sesiones de fisioterapia y alimentación provista por su familia.

Actualmente, el líder ultraderechista cumple una condena de 27 años y tres meses por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado de 2022 y se encuentra inhabilitado políticamente hasta el año 2060.

Agotadas las instancias de apelación y con el rechazo reiterado de recursos por parte del Supremo, la única posibilidad que le queda a la defensa para lograr la libertad o una reducción de pena es la aprobación de una ley de amnistía para condenados por golpismo, la cual se encuentra en debate en el Congreso brasileño.

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