El fallo afirmó que está en riesgo el derecho a la alimentación de amplios sectores sociales. La decisión jurídica respaldó una acción legal colectiva iniciada por la UTEP y el CELS, a la que se sumaron la Fundación de la Isla Maciel, AJUS y Fundeps.
El gobierno de Javier Milei fue obligado a entregar alimentos a los comedores y espacios comunitarios por medio de los programas sociales que funcionan bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano y que fueron interrumpidos o no ejecutados en los últimos meses.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara dictó en la noche del viernes una medida cautelar en la que consideró que la política pública para asegurar el derecho a la alimentación se apoya en tres pilares: distintos planes y programas que requieren la articulación y coordinación con provincias y municipios; las transferencias directas de ingresos a las personas; y los programas de entrega de alimentos y asistencias a comedores y espacios comunitarios.
El gobierno deberá entregar los alimentos a los comedores y espacios comunitarios.
La justicia federal le ordenó al Ministerio de Capital Humano que le dé continuidad a los programas no ejecutados o interrumpidos y garantice el derecho a la alimentación. pic.twitter.com/rpzUiYUJHu
— CELS (@CELS_Argentina) July 13, 2024
Entre éstos últimos se encuentra el plan Argentina contra el hambre, el programa nacional Alimentar Comunidad, y los compromisos internacionales asumidos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Se tratan de iniciativas que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, «no está implementando, de acuerdo con la evolución de las partidas presupuestarias ya comprometidas y la información que se incorporó en el expediente» judicial, indicó en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los impulsores de la acción legal que terminó siendo ratificada por el juez Lara.
La medida cautelar fue iniciada por el CELS junto a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en febrero pasado «después de que el gobierno nacional cortara la entrega de alimentos en diciembre del año pasado».
«La medida es un paso importante para que se cumpla con las partidas presupuestarias ya asignadas para los programas y se ejecuten los fondos entregados por el PNUD«, destacó el CELS.
Sin embargo, advirtió que en la causa judicial «todavía debe dictarse una sentencia que exija al Estado de manera continua y permanente cumplir con las políticas públicas alimentarias definidas por el Congreso Nacional en las leyes 25.724 y 27.642″.
La UTEP, en tanto, aseguró que se trata del octavo fallo judicial que le da la razón al reclamo de entrega de partidas y alimentos a los comedores comunitarios, en un contexto en el cual la pobreza, en el segundo semestre de 2023, llegó al 41,7%, según cifras oficiales.
Mientras el gobierno sigue intentando difamar el trabajo de las organizaciones sociales, por 8va vez consecutiva un fallo judicial nos da la razón:
TIENEN QUE ENTREGAR LOS ALIMENTOS. pic.twitter.com/8z17jwInh5— UTEP (@UTEPoficial) July 13, 2024
«Mientras el gobierno sigue intentando difamar el trabajo de las organizaciones sociales, por 8va vez consecutiva un fallo judicial nos da la razón: TIENEN QUE ENTREGAR LOS ALIMENTOS«, indicó la UTEP en su cuenta de X.
El 2 de julio pasado, la Justicia volvió a ordenarle a la ministra Pettovello que entregue los alimentos que retiene en dos depósitos.
Lo hizo la Cámara Federal de Casación Penal al mantener vigente la medida cautelar en la causa que investiga a Pettovello por la retención de varias toneladas de alimentos no perecederos en galpones situados en la localidad bonaerense Villa Martelli y en la tucumana Tafí Viejo.
