Fernando André Sabag Montiel le envió una carta al juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti en la que pidió que Hernán Carrol, un referente del espacio político de ultraderecha conocido como Nueva Centro Derecha, le asigne un nuevo abogado en la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Dejo la defensa en poder a elección del Sr. Hernán Carrol, quien dispone los medios necesarios para la implementación del cargo al nuevo abogado”, dice el texto escrito a mano que Sabag Montiel le entregó a un personal del Servicio Penitenciario a fines del mes pasado para que sea llevado ante Capuchetti.
El imputado afronta un proceso judicial cuyo desenlace puede llegar a los 10 años de prisión o más, y es posible que esa perspectiva lo haya llevado a enviar la misiva que no puede leerse de otra forma más que como un pase de factura.
Ataduras
El principal dato que ata a Carrol con las primeras líneas de la ultraderecha es que fue candidato a concejal en La Matanza en las listas de José Luis Espert. Pero también aparece en numerosas fotos al lado de Javier Milei y participó en actos junto a los que él mismo llama los halcones del PRO: Patricia Bullrich, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Gerardo Milman. En varios de esos mitines, se hizo cargo del aparato de seguridad.
En internet ya circulan fotos en las que se lo puede ver junto a Milei, Bullrich y Ricardo López Murphy. El 9 de julio pasado, Carrol fue orador frente a la Casa Rosada en un acto en el que estuvo Jonathan Morel, el “carpintero” de Revolución Federal que recibió más de 7 millones de pesos de la firma Caputo Hermanos y que fue detenido mientras se escribía esta nota.
Además de Morel, que fue apresado en la localidad bonaerense de Munro, en el partido de Vicente López, también fueron detenidos otros dos integrantes del espacio, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.
Los hilos de Carrol también llegan a la impulsora del atentado y también imputada en la causa, Brenda Uliarte. En una nota publicada en Página 12, Raúl Kollman relata las vinculaciones de la novia de Sabag Montiel y el abogado de ultraderecha. Hay desde mensajes de texto hasta vivos de Instagram compartidos.
Consultado sobre sus vínculos con quienes están imputados como los actores materiales del atentado contra la líder del Frente de Todos, Carrol trató de descoser su figura de la de los acusados. Dijo que no conoce a Sabag Montiel y a Uliarte. También alegó que nunca habló con él ni tiene su teléfono pero sí admitió que tuvo contacto con Uliarte luego del atentado. Según contó en una entrevista, se comunicó con ella porque “no lo podía creer” y quería saber “qué había pasado”. También admitió que ella “le contestó pero borró el mensaje”.
La punta del ovillo
En diálogo con este medio, la abogada Natalia Salvo sostuvo que estas conexiones que quedan en evidencia a partir de la epístola de Sabag Montiel no hacen más que confirmar la hipótesis que sostienen desde la defensa de la Vicepresidenta: que la denominada banda de los copitos no actuó de forma aislada y que existe “un andamiaje que por lo menos beneficia o respalda” los hechos delictivos por los que están imputados.
“Yo, por ahora, no vi ningún tipo de movimiento en esta causa que resulte confirmatorio de la existencia de un loco suelto”, remarcó la abogada en conversación con La Patriada.
“En todas las causas de espionaje se ha hablado de cuentapropismo”, destacó Salvo al recordar que “en el caso D’Alessio también se habló de un loco suelto” hasta que se empezaron a atar cabos.
A principios de este mes, el juez federal Daniel Rafecas rechazó unificar la causa por amenazas a la Vicepresidenta frente al Instituto Patria, el 21 de julio pasado, con la que tiene su colega Marcelo Martínez de Giorgi, en la que se investiga a la agrupación Revolución Federal y sus ramificaciones.
El pedido para entrelazar los expedientes había sido presentado por el senador Oscar Parrilli, como presidente de la usina kirchnerista de la calle Rodríguez Peña, e incluía fotografías, diversas notas periodísticas y capturas de videos de las cámaras del Instituto que muestran con «nitidez» como «partícipes activos» de lo ocurrido a cuatro personas vinculadas a Revolución Federal.
«Está claro que la participación de Revolución Federal, de la cual forman parte Jonathan Morel, Claudio Guerra, Sabrina Basile y Cristina Luján Romero, entre otros, en diversos actos de violencia e intimidación pública no son hechos aislados y deben ser investigados en el marco de la presente causa», sostuvo Parrilli por esos días.
Para Salvo, a lo que se juega “es a desmembrar y fragmentar para no encontrar el hilo conductor, la punta del ovillo”, dado que si se conectan las causas se podría investigar como delitos sistemáticos y no de manera aislada.
Seguir los hilos
Las detenciones de Morel, Sosa y Guerra fueron ordenadas por el juez federal Martínez de Giorgi en el marco de un expediente que aún se encuentra bajo secreto de sumario y cuya investigación está delegada en el fiscal Gerardo Pollicita. También se ordenó la detención de Sabrina Basile, otra integrante del grupo, quien continúa siendo buscada por las fuerzas federales.
A los acusados se les atribuyen los delitos de incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones y apología del crimen, indicaron fuentes de la investigación.
La Justicia sigue dilatando lo urgente. Las redes que entrelazan a ciertos sectores de derecha con Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Revolución Federal son cada vez más fuertes. Aunque la técnica parece ser cortar los hilos “para no llegar a la punta del ovillo”, sugirió Salvo.
Uno de los abogados de la Vicepresidenta, quien fue aceptada recientemente como querellante en la causa, afirmó que la «investigación va a ser muy fuerte». Sin embargo reconoció un grado de desconfianza en los tribunales federales: «De la Justicia Federal no esperamos absolutamente nada», declaró el abogado de la ex Presidenta, José Manuel Ubeira.
Nudos
Durante esta jornada, la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó las oficinas de los fideicomisos de Caputo Hermanos, en el marco de la causa por las amenazas y mensajes violentos contra la expresidenta y el Instituto Patria.
Los pagos de Caputo Hermanos a la carpintería de Morel, situada en Boulogne, empezaron a partir de diciembre de 2021 y se extienden hasta agosto de este año. Las transferencias fueron realizadas a Morel y dos allegadas, indicó Martínez de Giorgi.
Morel detalló en una entrevista a Página12 que, en mayo de 2022, facturaron para “una decoradora vinculada a Caputo Hermanos” la suma de 1.760.000 de pesos. Pero la relación de trabajo, vinculada a la familia de Luis ‘Toto’ Caputo -quien fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri-, había comenzado seis meses antes.
Luego se detectó que la suma de dinero puede ser mayor. Ubeira señaló que “hay 9 millones de pesos para esa organización que están dando vuelta”. El ovillo comienza a desenredarse.
