por Fabián Waldman.
Un nuevo papelón del gobierno libertario provocado por la filtración de información desde los EEUU y una nueva demostración de la entrega de las Islas Malvinas a la espera de algún trato benévolo de Gran Bretaña.
El Departamento de Justicia de los EE. UU. desmintió la existencia del Cártel de los Soles. Esta supuesta organización había sido la principal motivación para justificar el bombardeo sobre Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro con el fin de someterlo a la justicia norteamericana, tras acusarlo de traficar droga hacia ese país a través de dicha estructura. Esta información surgió del testimonio de Hugo Carvajal, exjefe militar venezolano capturado en Madrid y extraditado al mismo tribunal de Nueva York, donde se declaró culpable y testificó contra Maduro a cambio de una reducción de su pena.
La acusación de 25 páginas del Departamento de Justicia señala a Nicolás Maduro y a Cilia Flores por conspiración para traficar miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. El documento también asegura que el líder venezolano se asoció con los narcoterroristas del Tren de Aragua, a pesar de que la propia inteligencia estadounidense concluyó que Maduro no tenía control sobre dicha banda. Finalmente, se sumó a la acusación el cargo de posesión de ametralladoras, un delito que, bajo una ley de 1934, podría aplicarse a cientos de miles de estadounidenses portadores de armas.
Pese a las aclaraciones oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el círculo íntimo de Santiago Caputo asegura que «bajaron esa acusación» pues «están negociando». En este sentido, aseguran que Maduro lo haría brindando información y culpabilizando a otros responsables del régimen y gobiernos de otras naciones. El asesor monotributista opera como un nexo directo con la Casa Blanca, funcionando como una terminal de comunicación paralela a la embajada de Peter Lamelas.
Argentina, mediante un comunicado del ministerio de Seguridad emitido el día 26 de agosto pasado, había incorporado al Cartel de los Soles al Registro Público de Entidades Terroristas. La novedad revelada por los EE.UU. pone de manifiesto la falta de credibilidad de la información proporcionada por la entonces titular de la cartera y actual senadora, Patricia Bullrich.
Por otro lado, esta situación plantea interrogantes sobre las fuentes de información que maneja la administración libertaria. El alineamiento absoluto con la política del presidente Donald Trump parecería incluir también el acceso a supuesta “información privilegiada”. Nuevamente, Argentina queda “pegada” a una definición sostenida en Washington que la propia administración yanqui no tiene reparos en abandonar. Es una copia de la situación planteada tras la justificación de la intervención realizada por Trump: no era por la democracia, es por el petróleo.
Finalmente, cabe preguntarse de dónde obtuvo Bullrich esa información, si le sirve a un gobierno contar con funcionarios de ese perfil y, en definitiva, pone en tela de juicio la credibilidad de toda la información brindada por ella. Desde el ministerio de Seguridad aseguran que «en los registros de Estados Unidos, el Cartel de los Soles sigue siendo considerado una organización terrorista» y «hay varios países en esa línea».
De tal palo tal astilla
Mientras tanto, y de acuerdo a lo publicado por la propia ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, se reunió con el embajador británico en Argentina, S.E. David Cairns. Durante el encuentro, desarrollado en la sede de la cartera en la calle Gelly y Obes, se trataron temas relacionados con “la agenda bilateral» para «avanzar en prioridades de cooperación”. En el detalle de los mismos se incluyó “seguridad, lucha contra el delito transnacional y más coordinación institucional para enfrentar desafíos”.
Frente a esto, cabe recordar que la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y declara su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía como objetivos permanentes e irrenunciables, respetando el modo de vida de sus habitantes y el derecho internacional.
Aunque la funcionaria destacó haber tratado temas de seguridad con el representante británico, en su publicación no se ve reflejada ninguna exigencia sobre el retiro de las tropas inglesas ni de la totalidad del instrumento militar en el archipiélago. Muy por el contrario, deja en evidencia la inexistencia del planteo de soberanía por las Islas Malvinas. No está claro cuáles son los temas en común con el Reino Británico a ser considerados por nuestro país más allá del único que puede convocarnos: la entrega de las Islas.
En la previa del viaje de Javier Milei a Inglaterra, la reunión entre ambos funcionarios no hace más que ratificar la falta de interés real de la Casa Rosada en recuperarlas. No han denunciado los vuelos desde Chile y Uruguay hacia las Islas, ni tampoco a las empresas petroleras interesadas en la prospección del Mar Argentino; además, atan la compra de equipamiento militar al «visto bueno» de los ingleses. Resulta un infantilismo suponer que, haciendo «buena letra» con los británicos, los EE.UU. intercederán para solicitar a su socio en la OTAN —y en la Guerra de Malvinas— que las reintegre a su verdadero país.
Alejandra Monteoliva funciona como la delegada de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad: mantiene a su equipo de comunicación y los actos llevados adelante por la funcionaria son validados en la cuenta de Twitter de la actual senadora porteña.
