El Consejo Superior expresó su apoyo al reclamo salarial de los trabajadores y pidió elevar el pronunciamiento al CIN y al Ministerio de Capital Humano.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) declaró la crisis en materia salarial de los claustros docentes y nodocente en todas sus funciones y solicitó elevar el pronunciamiento al Consejo Interuniversitario Nacional, al Ministerio de Capìtal Humano, la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
En el documento aprobado, el Consejo expresó su apoyo al reclamo salarial de los trabajadores, motivado por la falta de acuerdo en las actuales negociaciones paritarias. Además, indica que los salarios del personal universitario disminuyeron hasta un 45% en términos reales desde noviembre de 2023. La garantía salarial para los empleados con menor antigüedad tampoco se viene actualizando desde diciembre del año pasado.
En ese sentido, subraya que los colegios preuniversitarios sufren un impacto adicional por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y advierte que todo ello agudiza la crisis económica que atraviesan las obras sociales universitarias. Al ajuste fiscal que llevó adelante la administración de La Libertad Avanza (LLA) a los territorios regionales a través de la quita de subsidios al transporte y recursos para educación, se sumó el FONID que se encontraba vigente hacer 25 años y que representaba, en promedio, entre el 10% y 20% del salario docente, según cada provincia.
La declaración también hace foco en la disminución, en términos reales, de las transferencias del “Programa de Desarrollo de la Educación Superior”. Señala que como consecuencia directa se han suspendido financiamientos de apoyo para actividades como participación en congresos, publicaciones, subsidios para estudios científicos y proyectos de extensión.
El documento no solo menciona la falta de ejecución de financiamientos para proyectos de investigación en marcha, por parte de la cartera nacional de Ciencia y Tecnología, sino también el insuficiente incremento de los montos para programas y dispositivos de asistencia estudiantil, como las becas.
En la declaración, el Consejo Superior ratifica que las tareas de docentes y nodocentes deben ser jerarquizadas para garantizar la excelencia en las funciones de enseñanza, investigación y extensión.
En los párrafos finales, enfatiza que el Gobierno Nacional es el responsable en la negociación salarial y quien debe gestionar la manera de recomponerlos. Recuerda, por último, que la promoción de una educación inclusiva y de calidad es una obligación indelegable del Estado argentino.