En los últimos meses la actual gestión de los medios públicos introdujo restricciones al acceso y difusión de los contenidos de su archivo histórico. El sitio web del ex Archivo Prisma, lanzado en octubre de 2015, fue modificado y renombrado como Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina. Entre las novedades, ya no está habilitado el visionado abierto del material audiovisual digitalizado; ahora los usuarios deben completar una solicitud online y esperar a que sea evaluada y respondida por la emisora. Además, se anuncia la creación de una nueva plataforma propia de video a demanda, que sería provista por la empresa estadounidense Amazon, que estaría en etapa de implementación. Sin embargo, son muchos los usuarios que han requerido materiales sin obtener respuesta desde hace más de 90 días.
Estas medidas demuestran una lógica incompatible con el acceso abierto al acervo audiovisual de los medios públicos, uno de los principios que debería garantizarse junto a la conservación, digitalización y restauración de cualquier archivo audiovisual. Sin una puesta en común y consulta pública, queda relegado uno de los principales objetivos de un archivo. La preservación del patrimonio artístico en general, y el material audiovisual en particular, y su puesta en circulación para facilitar el acceso de la población, se sustenta en diferentes normas legales, algunas locales y otras plasmadas en discusiones de organismos internacionales. La preocupación por preservar la herencia audiovisual como herramienta de transmisión de la identidad cultural entre generaciones está presente en la discusión internacional desde los años 80.
A su vez, la digitalización de la industria audiovisual supuso un cambio de lógica en la relación que los productores de contenidos mantenían con sus archivos. Si durante la etapa analógica la forma de preservarlos tenía que ver con limitar su acceso y reproducción para evitar el desgaste físico y la pérdida de fílmicos, la digitalización implicó el fin de la noción de escasez, y por lo tanto, en la actualidad, la puesta en circulación del material es la forma de asegurar su supervivencia y disponibilidad.
Vientos de cambio
Además de la nueva barrera que introdujo el formulario de solicitud a los contenidos que antes estaban disponibles en abierto (ya que por el momento no están siendo respondidos), también se modificó la política de acceso y difusión: la publicación de nuevos materiales comenzó a ser menos frecuente y las redes sociales del Archivo quedaron desactivadas. También el proceso de digitalización del material fílmico habría reducido su ritmo sensiblemente.
Por su parte, Eugenia Izquierdo, actual coordinadora del Archivo, justifica esta restricción al acceso abierto ante la necesidad de evaluar cada caso, “dado que el mapa de derechos de una obra audiovisual depende de la característica de la obra y muta con el paso del tiempo”. Y ejemplifica con la colección de películas comerciales que ingresaron a Canal 7 a principios de los 80, las publicidades y las solicitudes que corresponden a productores audiovisuales.
Si bien la distinción por el tipo de uso está reconocida en el Reglamento de funcionamiento del Archivo Histórico del año 2013, no queda claro el motivo de discontinuar el acceso abierto en baja definición a contenidos ya digitalizados que no presentaban conflictos de derechos, como por ejemplo los informativos, cadenas nacionales y producciones propias. Sobre este aspecto, el anterior coordinador del Archivo entre 2014 y 2017, Javier Trímboli, explica que su gestión había privilegiado materiales vinculados a hechos históricos que tienen un valor especial porque no se encuentran en otros archivos. “La cobertura de la guerra de Malvinas, por lo amplia y poderosa, así como por lo sesgada, es otra zona fundamental del Archivo de RTA, en la que nos enfocamos”, ejemplifica Trímboli.
Soberanía tecnológica
A partir de 2009, cuando Canal 7 comenzó a publicar algunos de sus contenidos en internet, en un primer momento se analizó la posibilidad de desarrollar una plataforma propia basada en software libre. Sin embargo, la idea fue desechada por los altos costos, optando por colocarlos en YouTube. El hecho de que un medio del Estado aloje contenidos públicos en esta plataforma estadounidense generó algunas discusiones en relación a sus implicancias para la soberanía tecnológica, por un lado, y también porque el funcionamiento desde YouTube actúa como un corsé que limita las posibilidades de acceso a las opciones previstas por la propia plataforma. Sin embargo, su popularidad y alcance global, le permitieron a los contenidos del Canal obtener altos niveles de reproducción y visibilidad.
La actual gestión se propone complementar las publicaciones en YouTube, donde también se subían los videos del Archivo Histórico hasta fines de 2016, con una nueva plataforma propia basada en los servicios de hosting de Amazon Web Services (AWS). La intención sería publicar en esta plataforma una selección de los mejores contenidos provenientes de las emisiones lineales de la emisora, y también aquellos materiales del Archivo Histórico sobre los que el canal posee todos los derechos.
El cambio no tendría mayores efectos en términos de soberanía tecnológica ya que se trata de la mudanza de un proveedor de servicios de hosting estadounidense a otro. No obstante se pueden marcar algunas ventajas y desventajas de la nueva política: el posicionamiento de una plataforma propia representa mayores restricciones y desafíos en términos de alcance, en particular en un contexto en que YouTube y Facebook dominan a escala global la distribución de video en internet. Aunque por otra parte, podría permitirles a los medios públicos tener mayor control sobre las funcionalidades y opciones de acceso al material, así como administrar directamente la venta de publicidad y su monetización.
La pregunta que queda sin responder, no obstante, es ¿por qué la nueva plataforma alojaría sus contenidos en Amazon en lugar de ARSAT, empresa nacional que cuenta con uno de los datacenters mejor equipados del país? Mientras tanto, falta información y transparencia respecto de cómo y bajo qué criterios se toman estas decisiones.
*Docente e investigadora en formación de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), integrante del Observatorio DERCOM.
**Becario Conicet en CEA UNC. Doctorando en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
