May 24 2025
May 24 2025

Ludmila, otra de las víctimas del «Protocolo antipiquete» del Gobierno de Milei

Publicado el

Por Fabián Waldman

La niña, de 8 años, vestía el uniforme escolar y caminaba con su padre en la zona del Congreso cuando fue atacada por las fuerzas de seguridad que reprimieron la marcha de jubilados.

Treinta y ocho personas fueron las gaseadas este miércoles en la marcha de los jubilados. Una de ellas fue Ludmila, de 8 años.

Ludmila regresaba a su casa junto a su papá. Había ido al odontólogo. Iba vestida con su uniforme del colegio y caminaba por Avenida Entre Ríos, frente al Congreso Nacional, a la altura de las paradas de los colectivos.

Cuando finalizaba la manifestación, los jubilados fueron acorralados por los agentes de la Prefectura Nacional, que gasearon a todo aquel que circulaba en esa zona. Fue el momento exacto en el que Ludmila y su padre fueron agredidos junto a otras personas. Eran las 17:37.

Fueron auxiliados por los voluntarios del Centro de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA). Una de las enfermeras le dijo al padre de la niña que no utilizara un pañuelo para taparle la boca porque podían volver a reprimirla. Éste se quitó la remera y le tapó la cara.
Luego se sentaron para ser atendidos sobre la Avenida Callao, a unos 30 metros de la Avenida Rivadavia. Más tarde, se retiraron de la posta de emergencias sin consignar su apellido, dirección ni número de teléfono.

Entre las personas atacadas por las fuerzas de seguridad estuvo Maru Malpielli, cronista del canal IP y un camarógrafo de una agencia extranjera, a quien un agente de la Policía Federal en moto le tiró la escalera que había colocado en la esquina de Callao y Rivadavia.

Este accionar fue consecuencia del operativo montado por el Ministerio de Seguridad desde la mañana. El Gobierno estaba decidido a impedir que se viole el «Protocolo antipiquete«, pero, con el correr de las horas, se comprobó que las propias fuerzas de seguridad eran las que provocaban la interrupción del tránsito.

La Gendarmería Nacional, por su parte, se ubicó sobre Rivadavia, en la acera del edificio del Congreso; la Policía Federal, enfrente de ella; la Prefectura, sobre Callao hacia Bartolomé Mitre; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sobre la calle Combate de los Pozos.

«Está todo arreglado para que realicen la marcha». Uno de los oficiales al mando de la Policía Federal me lo indicó en la esquina de Callao y Rivadavia y, en ese momento, se empezó a organizar la columna sobre Rivadavia frente al Edificio Anexo del Congreso.

En ese momento, la Gendarmería comenzó a desplazarse hacia ese lugar, dejando libre la fachada del Parlamento. «Estaba todo tranquilo y la Gendarmería se movió para pudrirla», le dijo a La Patriada Web un oficial de la Federal.

En ese momento, la Gendarmería se movió hacia la vereda de enfrente acorralando a los manifestantes y generando caos. Entre los gendarmes presentes estaba nuevamente el grupo Sección de Empleo Inmediato (SEI), la misma que integraba el agente que fue identificado como el que le disparó a la cabeza un proyectil de gas lacrimógeno al fotógrafo Pablo Grillo, que se recupera de las gravísimas heridas sufridas.

La confesión de un oficial de la Policía Federal mostró el enojo que hubo entre quienes dirigían a los agentes. Ricardo Ferrero, titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, había sido despedido solo 48 horas antes por Patricia Bullrich. Lo consideró responsable de los sucesos que culminaron con el disparo del cabo Guerrero al fotoperiodista Grillo el miércoles 12 de marzo pasado.

Aunque el Ministerio de Seguridad no brinda información acabada sobre la cantidad de agentes que participó en la marcha, se puede estimar la cifra en unos 800 uniformados. Los mismos fueron trasladados en camionetas y el costo del operativo alcanzaría para pagar unas cuantas jubilaciones.

A este número debe agregarse las que movilizó el propio gobierno porteño, que la semana anterior había colocado 900 policías.

Finalmente los jubilados pudieron realizar la caminata alrededor de la manzana del Congreso y luego se dispersaron. Estuvieron presentes para mostrar su solidaridad dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), encabezada por Abel Furlán, la UTEP, con Alejandro Gramajo, y Daniel Catalano, de la CTA Capital, entre otros.

“Estoy cansado y me quiero ir a casa. ¿Por qué no se van todos?». A las 19:20, un miembro de la Policía Federal expresó su disgusto a este portal. Vestía el chaleco azul con las letras doradas PFA, similares a las del FBI, que al igual que sus compañeros no tenía a la vista su identificación.

Los hombres y mujeres de naranja

Los auxiliares del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) estuvieron presentes en la marcha de este miércoles. Fueron 22 enfermeros y socorristas divididas en cuatro grupos, siempre vestidas con su su overol naranja. Son reconocidas por su participación solidaria en las manifestaciones.

El CEPA es una ONG con 16 filiales en el país y más de 400 integrantes. Como ejemplo, en las inundaciones en Bahía Blanca aportaron 220 socorristas; hoy permanecen allí alrededor de 50.

Ellos asistieron a una niña, de 12 años, en septiembre del año pasado cuando fue gaseada en otra marcha de jubilados. Bullrich los acusó de haber sido los responsables del accionar cuando se comprobaba a simple vista que había sido un gendarme.

Todos colaboran en forma gratuita para cuidar a los participantes de las movilizaciones y cuentan con el apoyo del SAME para casos de urgencia. El Gobierno porteño no inutiliza ambulancias durante estos actos.

Después de esa jornada, los hombres y mujeres del CEPA pasaron a ser también un blanco móvil para los miembros de las fuerzas de seguridad. Unas semanas después de aquella represión, fueron los propios profesionales de la salud quienes sufrieron el acorralamiento de los uniformados sobre la vereda de Avenida Rivadavia, cerca de la calle Rodríguez Peña. Tuvieron que refugiarse en una casa y permanecer un par de horas resguardados.

En la ciudad de Buenos Aires trabajan coordinadamente en cada manifestación junto a la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) de la provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo porteño, que brindan asesoramiento legal a los damnificados.

spot_img
spot_img