*Por Nacho Lemus – Periodista en Brasil.
El ministro Edson Fachin sorprendió a todos, inclusive a Lula da Silva, anuló todas las sentencias del caso Lava Jato que condenaban al expresidente. Lula recuperó sus derechos políticos y podría ser candidato a la presidencia en el 2022.
La decisión surge en un contexto de desgaste sobre la fuerza de tareas del Ministerio Público de Paraná. El ministro Ricardo Lewandoski había liberado días atrás el acceso de los abogados de Lula a los mensajes de Telegram filtrados por un grupo de hackers, que confirmaron la articulación entre los fiscales del Lava y el exjuez Moro para condenar a Lula.
Se trató de un “Modelo totalitario de proceso penal” según el Ministro Gilmar Mendes, quien convocó a sus pares a votar el habeas corpus presentado por los abogados de Lula para suspender al exjuez Sergio Moro por parcialidad. La votación fue suspendida a la espera del voto de Kassio Nunes Marques, el ministro recientemente designado por Bolsonaro para integrar la Corte Suprema.
La suspensión de Sergio Moro como juez del Lava Jato es un paso clave de cara al 2022, en principio por el desgaste que supone sobre un nombre fogueado por los medios como eventual candidato presidencial. También lo es para Lula dado que la anulación de las sentencias por el ministro Fachin no contempla la anulación de las pruebas contra el expresidente.
La aprobación del habeas corpus contra Moro anularía las pruebas recolectadas por el Lava Jato. De lo contrario, en un escenario hipotético (y probable tratándose de Lula), un juez de Brasilia podría retomar las causas con las pruebas ya recolectadas y eso aceleraría los procesos poniendo en riesgo de casación una eventual candidatura a través de la Ley de Ficha Limpia.
Los límites del lawfare
Edson Fachin, el responsable por anular las condenas contra Lula, es profesor de derecho en Paraná, tierra del Lava Jato. Los mensajes filtrados de Telegram revelaron que en 2015 el coordinador de la fuerza de tareas de Curitiba festejaba: «Uhu, Aha, Fachin es nuestro». Entre los ministros es el que tiene más sintonía con la operación. Otro es Gilmar Mendes, que en 2014 apoyaba la concentración de las investigaciones en manos del entonces juez Sergio Moro.
Antes de la anulación de las condenas la Corte Suprema sabía que Moro autorizó escuchas telefónicas a los abogados de Lula durante 23 días. El tribunal también tenía conocimiento sobre la cooperación entre el Lava Jato y autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos por encima de los ministerios brasileños de Justicia y de Defensa.
Los fiscales de Curitiba llegaron a pedir que parte del dinero de multas pagadas por Petrobras a la justicia estadounidense sean destinadas a una ONG anticorrupción de Curitiba comandada por los propios fiscales.
Los fiscales de Curitiba llegaron a pedir que parte del dinero de multas pagadas por Petrobras a la justicia estadounidense sean destinadas a una ONG anticorrupción de Curitiba comandada por los propios fiscales.
El último hito de los escándalos lavajatistas fue la entrada de Moro en el mercado que ayudó a crear: en 2020 asumió como director de una empresa que brinda servicios jurídicos a Odebrecht, la constructora que el mismo investigó por corrupción.
Entre las evidencias de parcialidad que transitaron ante los ojos de la Corte Suprema, la más clara fue la nominación del juez responsable por impedir la candidatura de Lula, como ministro de su rival electoral. ¿Por qué la Corte Suprema reaccionó ahora?
«Timming», según el posdoctor de derecho constitucional, Eduardo Appio: «Hay una coyuntura favorable para esa decisión. Las condiciones de hoy para una decisión de la Corte Suprema son muy diferentes de las condiciones que había en 2018 cuando se discutió la candidatura de Lula. Hoy tenemos la contingencia del coronavirus, la crisis sanitaria en Brasil y la crisis económica. Es un conjunto de factores que hizo que la sociedad brasileña y la Corte Suprema maduren».
Appio asegura que hay determinadas decisiones que dependen de «un referendo popular a través de los medios de comunicación y la clase política», un contexto diferente al inicio del Lava Jato y el declínio del gobierno de Dilma Rousseff.
Moro tomó como referencia la operación italiana Manos Limpias para cooptar a la prensa, de ese modo obtuvo apoyo de la opinión pública y encubrió las arbitrariedades que practicó, explica el exfiscal de Justicia brasileño, Cezar Bittencourt.
El punto más alto del romance entre la prensa y el Lava Jato fue en marzo del 2016, antesala del impeachment contra Dilma Rousseff, cuando el entonces juez Sergio Moro le entregó a la prensa escuchas telefónicas sin pruebas de crímenes entre el expresidente Lula y una persona ajena a su investigación, nada menos que la presidenta de la República. La prensa las publicó, el gobierno estaba en caída libre.
El lavajatismo se expandía por diversas esferas judiciales. El abogado de Lula, Christiano Zanin lo percibe como arista del lawfare: «así se creó un ambiente artificial de culpa y una sensación de que todo juez que pudiese rever decisiones del Lava Jato podría ser connivente con la corrupción«.
En un contexto global de políticas de austeridad y caída del precio de las commodities, la prensa brasileña aceptó que los fines, es decir la retirada del Partido de los Trabajadores del poder para la implementación acelerada de un programa neoliberal: justificaba el vale todo en términos judiciales.
El sueño duró hasta que Moro aceptó ser ministro de Bolsonaro y se encontró sin proyecto «anticorrupción» en un gobierno conformado por una familia rodeada de escándalos por desvíos de dinero en una organización parapolicial cuyos miembros coinciden con los acusados por el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018. Para colmo, Bolsonaro entró en desgaste por la crisis sanitaria.
Cuando ya era una realidad que Moro no sería nominado como ministro de la Corte Suprema, el exjuez del caso Lava Jato dio un portazo y entró automáticamente en el radar electoral de la prensa brasileña. El contrataque bolsonarista fue el vaciamiento del Lava Jato y el traspaso de su epicentro a Rio de Janeiro.
Después de esa novela, la Corte Suprema, donde aún sobreviven los últimos resquicios de democracia brasileña, soltó al Lula candidato.
Costo Lava Jato
Durante el proceso del Lava Jato, la esposa de Lula da Silva, falleció por un AVC. Marisa Leticia tenía 66 años, ella también era investigada. Luego el expresidente pasó 580 días de prisión, en ese lapso perdió a su hermano Genival Inácio da Silva y a su nieto, Arthur, víctima de meningitis.
Nadine Borges, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de los Abogados Brasileños en Rio de Janeiro, pregunta: «¿Quién pagará / compensará a Lula por las oportunidades que perdió en la vida, el trabajo, vivir con su familia? Del dolor de perder a su esposa a esta espectacularización, de la imposibilidad de llorar a sus seres queridos».
En su primera colectiva de prensa tras la anulación de las condenas Lula no hizo foco en el costo personal, sino en el impacto del Lava Jato para Brasil tras la presión por el impeachment y luego la casación de su candidatura. A dos meses de las elecciones presidenciales del 2018, el expresidente tenía 20 puntos de ventaja en primera y todos los escenarios del ballotage según la encuestadora Datafolha.
Desde el impeachment hasta aquí Brasil pasó por reformas de austeridad jubilatoria, ampliación de tercerizaciones a todas las actividades; flexibilización laboral; autonomía del Banco Central; privatizaciones en Petrobras y Eletrobras; extensión de la extranjerización de tierras y acaparamiento ilegal por empresas; flexibilización de compra y porte de armas; y la lista sigue.
Según el ente oficial IBGE, 20 de los 27 estados brasileños alcanzaron un récord de desempleo y en 15 de ellos más de la mitad de la población está desempleada. Brasil cerró el 2020 con casi 10% de la población situación de pobreza extrema, 5% más que en 2019 cuando la ONU alertó que Brasil tomó dirección contraria al 2014 y volvió al Mapa del Hambre.
A cualquier costo
La prensa brasileña y el neoliberalismo tradicional apostó en 2018 por retirar de la escena política al Partido de los Trabajadores a cualquier costo. La unidad de medición del costo Bolsonaro durante la pandemia fueron vidas.
El 10 de marzo Brasil llegó al récord de 2300 muertes por covid19 en 24hs. En casos de contagio y muertes durante ese lapso Brasil superó a EEUU y se volvió epicentro mundial de coronavirus. El día anterior también había sido record.
Brasil, el país con más muertes y casos de contagio por covid19 en las últimas 24hs. pic.twitter.com/y65PUysCwk
— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) March 11, 2021
50 días con una media de mil muertes por coronavirus a diario. Más de 265 mil vidas perdidas en poco más de un año de pandemia, 25 de las 27 capitales con 80% de la ocupación en camas de terapia intensiva, 15 de ellas con 90% de ocupación o ya colapsadas.
El ministro de salud, Eduardo Pazuello, el tercero en asumir el cargo durante la pandemia, asegura que «no hay colapso, ni habrá». El médico especialista en infectología, Gerson Salvador, alerta en twitter que ya no hay camas, ni ambulancias suficientes.
Hoje os nossos pacientes não tem leitos de internação disponíveis. As macas de pronto-socorros estão disputadas, idem as ambulâncias do SAMU. Se meus familiares ou eu mesmo precisassemos de um leito também não estaria garantido. Não estamos em iminência de colapso. Já colapsou.
— Gerson Salvador (@gersonsalvador) March 11, 2021
El gobierno de Bolsonaro acabó con el auxilio económico por pandemia que había sido aprobado por el Congreso en 2020 y exige que la población salga a trabajar, en la calle surgen nuevas variantes de covid19, más contagiosas, por la alta circulación del virus.
El músico Chico Buarque, el teólogo Leonardo Boff y un grupo de figuras brasileñas enviaron una carta a la ONU y el Tribunal Penal Internacional para denunciar el «exterminio» sobre un país que se volvió una «cámara de gas a cielo abierto».
2022 desde cero
La decisión de la Corte Suprema reordenó el mapa político en Brasil, corrió de escena a los sectores que la prensa corporativa considera como centro ideológico, un neoliberalismo tradicional que se diferencia del bolsonarismo en la retórica, pero comparte pautas económicas.
Ante la decisión de la Corte Suprema hubo una explosión de editoriales en la prensa que alertaron sobre los supuestos riesgos de un duelo en 2022 entre dos candidatos radicales: Bolsonaro-Lula.
Lula, lejos de ser radical, convocó desde sectores empresariales hasta los movimientos sin tierra y sin techo durante sus 8 años de mandato. En el espectro ideológico se encuentra más al centro que la derecha tradicional brasileña, encarnada hoy por el gobernador de São Paulo, João Doria.
En su discurso en el sindicato de Metalúrgicos, Lula no confirmó su candidatura, pero sí su intensión de un frente de izquierda para derrotar a Bolsonaro con una puerta abierta a sectores de centro.
Efecto Lula
Eran las 14hs. del miércoles, Lula cerraba un discurso de casi 2 horas con duras críticas a la antigestión de la pandemia por el gobierno brasileño, cuando la cuenta de Telegram del senador Flavio Bolsonaro, el hijo del presidente, publicó un pedido de viralización a sus seguidores. En la imagen estaba su padre Jair, el mayor entusiasta antivacunas de Brasil con el texto: «Nuestra arma es la vacuna».
La reacción de Bolsonaro fue digna de psicoanálisis. Después de la conferencia de Lula el presidente brasileño y sus ministros aparecieron por primera vez en muchos meses con máscaras de prevención contra covid19 y realizaron anuncios para la compra de vacunas.
La vuelta de Lula trae oxígeno en un país que en medio de una profunda crisis política y humanitaria se pregunta cómo llegar hasta el 2022.
