Luego de las protestas y las argumentaciones donde expusieron referentes de la cultura y las artes, ingresó al Congreso «nueva versión» de la Ley Ómnibus, con puntos a favor y muchos más en contra.
Luego de las protestas de artistas, escritores, intelectuales, bibliotecarios, gestores culturales, sumado al plenario de comisiones de Diputados donde expusieron referentes de la cultura, y a menos de 24hs de que el presidente dijera que «no es moral estar financiando películas con el dinero de la gente», el Gobierno cedió y envió al Congreso el texto reformado del proyecto de La Ley Ómnibus con algunos puntos a favor del arte y otros en contra.
Según se explicó en los fundamentos de la iniciativa, se «rediseñó el capítulo de cultura, protegiendo los recursos del sector, pero preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva y con rediseños institucionales en la propuesta de modernización del FNA (cuyo cierre ya no se propicia) e INCAA».
«Durante las últimas semanas el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida fue sujeto a una amplia deliberación ciudadana. No solo porque los funcionarios del Poder Ejecutivo fueron a exponer al Congreso, sino porque lo hicieron referentes de la sociedad, organizaciones sociales, así como representantes de grupos cuyos privilegios quedaron expuestos. También la sociedad deliberó a través de las redes y los medios. Muchos de los temas de este proyecto fueron objeto de conversaciones personales, familiares y profesionales», explica el texto del gobierno.
Y agrega: «Es sano exponer los privilegios de unos pocos, es sano mover nuestro marco normativo hacia adelante modificando cosas que el tiempo había enquistado (…) es sano escuchar, corregir, aprender».
Respecto al INCAA, se mantiene la asignación específica para el Instituto Nacional De Cine Y Artes Audiovisuales, seguiría recibiendo un monto de recursos de manera automática.
Sin embargo, se eliminan los cambios en los artículos 2, 3, 4, 5, 21, 34, 35 y 37 de la Ley 17.741 de Fomento de la Actividad Cinematográfica y también la derogación de los artículos 22, 23, 25, 28, 30 y 41. El art. 28 bis establece que «los beneficiarios de un subsidio no podrán recibir nuevos subsidios hasta que haya pasado 1 año calendario desde la obtención del previo», mientras que la versión original contemplaba un plazo de dos años y determina que «los egresos correspondientes a gastos generales y de funcionamiento del Instituto no podrán exceder el 20 % de la totalidad de los recursos anuales recibidos».
Al respecto Ingrid Urrutia, delegada por ATE en Incaa, dijo al medio Página/12 que hubo una asamblea y señaló que significa «una brutalidad y un ataque tremendo» al sector. Además subrayó que elimina aspectos centrales de la ley como la cuota de pantalla o el registro audiovisual y criticó la «limitación para el destino y la administración del Fondo del Fomento con un tope a los gastos administrativos, incluso a los salarios de les trabajadores».
También expresó: «Se trata de un ajuste a las salas que hoy existen porque no podrían funcionar sin garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo». «Aunque lo quieran hacer pasar como un logro, sigue siendo un retroceso en materia cultural y de soberanía audiovisual», agregó.
En cuanto al Fondo Nacional de las Artes, se deja de propiciar su cierre: «El problema de base es que gastaba en su propia gestión el 70% de los recursos que recibía de los usuarios de la cultura -remarca el proyecto ‘tuneado’ por el Ejecutivo-. En la versión actual no se propicia su cierre, sino que se exploran mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística. Así se determina que los directores deberán ser ad honórem y que los gastos no pueden representar más del 20% de sus ingresos».
Según lo modificado, la administración quedaría a cargo de un directorio integrado por un presidente y cuatro vocales designados por el Poder Ejecutivo «a propuesta de la Secretaría de Cultura o el organismo que en un futuro la reemplace entre personas de probada actuación en las diversas actividades artísticas a las que el Fondo presta apoyo económico». Los vocales deben ser argentinos y durarán cuatro años en sus funciones. Los cargos serán ad honórem, salvo el presidente, que actualmente cobra el sueldo equivalente al de un subsecretario de Estado. El financiamiento de la institución provendrá de lo que se recaude del dominio público pagante.
Al respecto Fabián Valle, delegado por ATE en el FNA, detalló: «Si bien se puede hacer aun más eficiente, hay que considerar que en el último año se concluyó la puesta en valor de la Casa de la Cultura (Rufino de Elizalde 2831) y se invirtió en el desarrollo de un software para la recaudación».
«El FNA se encuentra actualmente resistiendo una embestida judicial por parte de los grandes grupos de medios (Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, que nuclea a los canales de TV por aire, la Asociación de Televisión por Cable, Telecom, Directv, Telecentro, Compañía de Circuito Cerrado de TV, Supercanal, Jorge Estornell, etc), que solicitaron a la Justicia una medida cautelar para que el FNA se abstenga de cobrarles el DPP (Dominio Público Pagante), lo que repercute negativamente en los ingresos del organismo y desequilibra la relación entre los beneficios que otorga y los gastos operativos que, en gran proporción, son fijos», concluyó.
Sobre el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares CONABIP, «en pos de una gestión más eficiente», se establecen restricciones de gastos y se limitan los egresos al 20%.
Aunque la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y el Instituto Nacional de la Música (Inamu) siguen como organismos autárquicos y descentralizados, a diferencia del Instituto Nacional del Teatro dependerá de la Secretaría de Cultura, según el nuevo cambio en el proyecto, que perdería esa capacidad. De este modo el Ejecutivo se ocuparía de la reasignación de recursos humanos, presupuestarios y materiales.
El presidente de la Asociación Argentina de Teatro Independiente (Artei), Gonzalo Pérez, en comunicación con Página/12 señaló que no les llegó el dictamen definitivo pero que, basándose en el texto que circuló en los medios, entienden que «sigue vigente la derogación de la Ley Nacional del Teatro».
«Para nosotros es una afrenta y una aberración en relación al teatro, específicamente al circuito independiente. Quieren anular 25 años de historia, una ley que atravesó como política de Estado los más diversos gobiernos. Desde Artei esperamos que los diputados no aprueben esta ley ómnibus, específicamente el capítulo cultural, y que se opongan a la derogación de la Ley Nacional del Teatro, una lucha de nuestros maestros y tantos teatristas de Argentina», declaró.
Por otro lado, el Gobierno no incluyó la eliminación de la derogación de la ley 25.542 en defensa de la actividad librera, una ley que en manifestaciones del sector destacaron como importante ya que determina un precio de venta uniforme a los libros en todo el país.
Sin eso se perjudicaría a varias librerías independientes, en desventaja con las «grandes superficies» (supermercados), cadenas de librerías y plataformas de comercio electrónico, lo que deja en riesgo de cerrar sus puertas.
Laura Forni, secretaria de la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), aseguró que se comunicaron con legisladores para manifestar su preocupación: «Muchos nos dijeron que no iban a acompañar la derogación, pero como vemos que no está sucediendo y tememos que haya confusión por no estar en los ejes culturales, posteamos un comunicado y estamos por enviar una carta a todos los diputados».
En ese sentido, la entidad de autores presentó un comunicado titulado «Argentores y el intento de tirar 114 años a la basura», donde advierte que «desaparecería tal y como hoy la conocemos» si se aprueban los artículos 350 y 351 relativos al régimen de propiedad intelectual.
«La lucha de los autores comenzó a principios del siglo pasado y no va a terminar mientras haya gente que, por ignorancia, por prepotencia, por prejuicio o por fanatismo dogmático quiera destruir la esencia misma de la gestión colectiva, tanto de Argentores como de todas las sociedades de gestión colectiva de derechos de nuestro país», detallaron.
En el marco de la defensa de la cultura, distintas figuras internacionales del cine firmaron un comunicado en contra de los recortes en el Incaa, tales como Pedro Almodóvar, Alejandro González Iñárritu, Aki Kaurismäki, Gael García Bernal, Roger Corman, Abel Ferrara, Diego Luna, los hermanos Dardenne, Olivier Assayas, Mira Nair e Isabel Coixet, entre otros.
