Feb 08 2025
Feb 08 2025

Martín Soria: «Estos jueces no pueden estar un minuto más impartiendo justicia»

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, afirmó que los magistrados involucrados en las conversaciones filtradas para tapar un vuelo privado a la Patagonia «no pueden estar un minuto más impartiendo justicia» y «deberían pedirse licencia sin goce de haberes y ponerse a disposición para que todo este escándalo se esclarezca inmediatamente».

Así se refirió al contenido de las conversaciones entre funcionarios del poder judicial, fiscales, exagentes de inteligencia y empresarios para tapar un viaje a la mansión de Joe Lewis por invitación de directivos del Grupo Clarín que se conocieron este domingo por medio de  Tiempo Argentino y Página 12.

En diálogo con FM La Patriada, Soria repudió la conducta de los jueces que formaron parte del vuelo privado de tipo charter que partió desde San Fernando a San Carlos de Bariloche el 13 de octubre último, en cuya lista de pasajeros figuraban Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques, titular de la sala II de Casación Penal.

De esta manera, consideró que se trata de «un escándalo» que «nunca antes había sucedido desde el retorno de la democracia»

La revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la AFI coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis abrió ayer un escándalo sobre la presunta recepción de «dádivas» por parte de magistrados y funcionarios.

El grupo de Telegram fue creado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto. Los integrantes del chat para encubrir el viaje al sur son el CEO del Grupo Clarín Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos «Coco» Mahiques; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora de medios Tomás Reinke y Leo Bergot.

La noticia se dio a conocer en octubre por una nota de Irina Hauser y Raúl Kollmann en Página 12. Al respecto, Soria remarcó que el presidente del Consejo de la Magistratura «no quiere investigar estas conductas de funcionarios judiciales viajando con macristas y directivos del Grupo Clarín», lo que compone, a su criterio, «las tres patas del lawfare».

«Denuncias sobran, ya por lo menos hay dos denuncias cuando se supo de este viaje clandestino al Sur. También hay presentaciones ante el Consejo de la Magistratura, pero está paralizado desde que (Horacio) Rosatti se autodesignó presidente«, afirmó.

Para el ministro, lo más grave de todo este episodio es la constatación de «cómo la justicia, los medios y el macrismo le atan las manos a la democracia».

«No guardar silencio»

Por su parte, Alejandro Slokar, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, definió que «es indispensable no guardar silencio» por parte de las entidades que forman parte del aparato jurídico.

«No se puede tener una mirada ligera» porque las consecuencias afectan a todos, tanto a quienes «forman parte del poder judicial como a la sociedad en su conjunto», aseveró y puso de manifiesto que «todo esto desnuda cierto entramado, o cierto blinde, entre el poder judicial y el poder factico«.

El magistrado preside los tribunales en los que uno de los actores involucrados en esos chats es el juez de Casación, Carlos Mahiques. En ese sentido, sostuvo: «Diariamente todos los jueces, todos, tenemos una altísima responsabilidad ante la sociedad en el ejercicio de la delicadísima tarea encargada, que no es más ni menos que la aplicación honesta de la ley».

Asimismo resaltó que las maniobras para intentar que no se descubran las «dádivas» a los funcionarios judiciales «comprometen la integridad del conjunto» y consideró que «es indispensable la actuación del Consejo de la Magistratura».

«Pueden ser amigos del Petiso Orejudo si quieren pero el problema está en cuando se traduce en anomalía desde el punto de vista de la aplicación de la ley. Esto va más allá de la ética, compromete el funcionamiento de una democracia en la Argentina. Esto es en realidad del orden político», concluyó.

Fuente: Nobleza Hormiga – FM La Patriada

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