Presentaron un amparo en la Justicia para que el Congreso acelere el proceso de designación de las nuevas autoridades de la institución clave en la defensa de las infancias.
La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria judicial para tratar un recurso de amparo que solicita al Congreso que lleven a cabo los trámites correspondientes para nombrar al nuevo titular de la Defensoría de Menores, actualmente a cargo de Marisa Graham.
El juez Walter Lara Correa consideró en su fallo que se cumplían las condiciones para la habilitación de la feria judicial porque «se vislumbra la existencia de fundadas razones de urgencia que podría ocasionar perjuicios a los niñas, niños y adolescentes, de tener que esperar la culminación de la feria estival» de la Justicia, publicó el portal de noticias Diario Judicial.
Lara Correa atendió un recurso de amparo presentado días atrás por organizaciones civiles agrupadas en el Colectivo Infancia en Deuda, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Fundación Sur Argentina, en conjunto con Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Todas ellas presentaron un amparo ante la inminente acefalía de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecida por la Ley 26.061.
En la presentación legal indicaron que el próximo 28 de febrero vence el mandato de la actual Defensora, Marisa Graham, «y las chicas y chicos de nuestro país quedarán desprotegidos«.
«La acefalía de la Defensoría implica que perderá su capacidad de continuar e iniciar nuevos juicios y de realizar acciones e intervenciones en defensa de los derechos de la infancia«, indicaron en un comunicado.
Las organizaciones de la sociedad civil indicaron que el Senado debe nombrar a las y los integrantes que faltan para constituir la Comisión Bicameral encargada de la celebración del concurso público para cubrir el cargo de Defensor o Defensora. «El objetivo es asegurar que el Congreso desarrolle el concurso y designe a las nuevas autoridades de la Defensoría con la mayor celeridad posible«, señalaron.
Por otro lado, comentaron, el amparo solicitó que, hasta tanto no se celebre el concurso público «se garantice el normal funcionamiento de la Defensoría, a fin de evitar daños irreparables a las niñas y los niños».
«El amparo y su medida cautelar tienen por objeto asegurar el funcionamiento de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como institución fundamental para la promoción y protección de sus derechos», coincidieron.
La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en 2005, creó la figura del Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.
El organismo funciona de manera independiente, autónoma, autárquica y federal, y entre sus principales funciones se encuentran la interposición de reclamos judiciales y/o administrativos, la supervisión y el sometimiento a auditoría de todo el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al igual que la recepción de reclamos de NNA, entre otros.
Desde su puesta en funcionamiento en 2020, procesó 2.559 requerimientos de NNA que derivaron en 310 casos y, solamente en 2024, 463 actuaciones administrativas.