La movilización contra el gobierno de Dina Boluarte terminó ayer con heridos y detenidos en medio de críticas al accionar policial.
Al menos 11 personas resultaron heridas y otras 6 fueron detenidas en las manifestaciones ocurridas ayer en Lima, Perú. La “Tercera toma de Lima”, como fue apodada la movilización, tuvo como objetivo pedir el adelanto de las elecciones y la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte.
De las personas heridas, 7 ya fueron dadas de alta, mientras que el resto “continúan siendo atendidas para descartar fractura de cúbito y radio, traumatismos, entre otros”, según informó el Ministerio de Salud esta madrugada. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú denunció además que dos periodistas locales resultaron heridos, uno de ellos por perdigones de la policía y el otro por el impacto de una piedra en la cabeza.
El ministro del Interior, Vicente Romero, defendió el accionar de la policía y aseguró que los agentes no usan perdigones. “Tenemos una policía diferente, de moral alta. Obviamente siempre se presentan algunos deslices, pero son producto de la propia interacción del desarrollo mismo de estos movimientos que se hacen en la calle”, aseguró el funcionario. Imágenes publicadas por medios peruanos muestran, sin embargo, a efectivos policiales disparando directamente contra los manifestantes.
La semana pasada, el gobierno de Perú había declarado el estado de emergencia con el objetivo de “cuidar la integridad de las personas”, según había anunciado el jefe de ministros Alberto Otárola. Desde que Boluarte asumió la presidencia hubo al menos 60 muertos por culpa de la represión, y una de las consignas de esta manifestación era justamente el pedido de justicia para estas víctimas.
Aunque el centro de la marcha fue en Lima, también hubo movilizaciones en nueve de las 25 provincias de Perú, impulsadas por la Central General de los Trabajadores del Perú (CGTP), partidos políticos y organizaciones civiles. Otárola afirmó que “no es un día normal”, y se mostró en contra de la protesta: “Estamos en una situación en que un grupo de manifestantes de varias regiones del país ha salido a expresar lo que es conveniente a sus intereses políticos”, expresó en diálogo con periodistas.
En enero de este año, la fiscalía de Perú abrió una investigación a Boluarte por los delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, pero la mandataria tiene inmunidad hasta el fin de su mandato, en 2026. El Congreso rechazó, también a principios de año, dos proyectos que buscaban adelantar las elecciones a 2024. Lucio Castro, secretario general del sindicato de maestros del Perú SUTEP, consideró “lamentable que el Ejecutivo y el Legislativo actúen como si no hubiera pasado nada y piensen quedarse hasta el 2026”.
Fuente: Agencia Télam
