Lo hizo el Ministerio Público de la Defensa porteño al gobierno de Jorge Macri. En un informe, indicó que la posibilidad de sufrir violencia institucional durante una detención «se incrementa en un 84% cuando se trata de personas en situación de calle».
El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad (MPD) presentó en los últimos días un pedido formal de comunicación ante el Relator de las Naciones Unidas para la Vivienda Adecuada, el estadounidense Balakrishan Rajagopal, para que intervenga frente a las actuales acciones y políticas que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, está llevando a cabo para las personas en situación de calle.
La presentación busca requerir la intervención de la ONU para, por un lado, exhortar al gobierno porteño a que implemente políticas que prevengan y detengan las acciones que vulneran los derechos humanos y, por el otro, crear conciencia pública sobre la problemática, las garantías y los derechos que el Estado debe custodiar.
El pedido de comunicación, firmado por la Defensora General de la Ciudad, Marcela Millán, advirtió que «el incremento alarmante del número de quienes están viviendo en la calle tiene como contrapartida una política estatal que conjuga la ausencia de intervención pública adecuada con la estigmatización y la criminalización de esta población«.
La presentación destacó que, según datos del Relevamiento Nacional de Personas en Situación de calle (ReNaCALLE) de 2023, había en ese momento 8.028 personas viviendo en las calles porteñas, de las cuales el 49,1% había estado antes en esa misma situación, mientras que para un 48,3% era la primera vez.
«La situación actual es más grave aún si se contemplan las estimaciones de quienes están en riesgo de situación de calle y si se toma en cuenta la información del propio gobierno porteño que reconoció un crecimiento del 40% interanual de los y las sin techo en la Ciudad«, comentó el MPD.
En ese sentido, indicó que la criminalización hacia esta población se verifica en los procesos iniciados bajo las figuras de «resistencia a la autoridad» y «daño«.
«Según datos propios de este MPD, durante el primer cuatrimestre de este año se asistió a 2.643 personas privadas de su libertad, de las cuales el 13% estaba situación de calle«, explicó.
Y continuó: «La posibilidad de recibir violencia institucional en el marco de una detención se incrementa en un 84% cuando se trata de personas en situación de calle».
El MPD recordó que en abril pasado planteó un pedido de informes al gobierno porteño para que respondiera sobre los denominados «operativos de limpieza urbana» y por la puesta en funcionamiento del «Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático«.
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Para el MPD «debe evitarse la estigmatización de las personas en situación de calle y es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen efectivamente el derecho a la vivienda digna, de manera que el Estado promueva soluciones de fondo a la grave problemática habitacional de la Ciudad«.
El 16 de julio pasado, el secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, dijo que se opone a los vecinos le ofrezcan comida a las personas en situación de calle porque genera «un circuito no virtuoso» y consideró: «Si lo ayudás a que esté cómodo en la marginalidad, se va a quedar estancado«, dijo en una entrevista radial.
Según cifras no oficiales, en lo que va del invierno al menos cinco personas en situación de calle fallecieron como consecuencia de las bajas temperaturas en la ciudad.
