Por Edgardo Mocca
La proscripción de Cristina Kirchner es un proceso. Está en marcha y no tiene a la vista ninguna expectativa de ser frenado en su tratamiento “institucional”, es decir en el interior del poder judicial. En otros términos: la ex presidenta será condenada, detenida y excluida de sus derechos políticos. Es, con gran distancia, la más seria perturbación político-institucional en la Argentina desde la recuperación de la vigencia de sus instituciones en 1983.
La peregrina idea de que tamaño derrumbe político podría ser absorbido de modo sereno y pacífico por el sistema institucional y por la sociedad argentina está totalmente reñida con la realidad histórica: nunca estos procesos destituyentes han transitado sin obstáculos en nuestro país. Ni siquiera cuando, como en el caso de la proscripción del peronismo y del terrorismo de estado, fueron apuntalados por la violencia autoritaria más criminal de nuestra historia. Hoy se discute el futuro del país desde la perspectiva de las próximas elecciones. ¿Habrá una continuidad de la experiencia del Frente de Todos? ¿Ganará el conglomerado político que, en 2015 y por primera vez en la historia, pudo acceder al gobierno sin el recurso del golpe de estado? ¿Será el tiempo alucinado e imprevisible de la antipolítica que se hace llamar con el prestigioso nombre de “libertarios”? En todos los casos, estos interrogantes están absolutamente concentrados en el circunstancial resultado de la elección de octubre. Pero, ¿se termina la historia de este devenir nacional, de esta crisis de régimen, con esa elección?
La proscripción es el paso actual de un proceso evidente y en pleno desarrollo de mutación institucional, de cambio de régimen en la Argentina. Puede haber quien crea que esto es exagerado, que es el fruto de la indignación “partisana” con lo que sería el ocaso de la experiencia surgida en 2003, entre las cenizas de la experiencia de la Alianza y la presidencia de Fernando De la Rúa. Es decir, sería la tentación de presentar como cambio de régimen a una inversión de la tendencia electoral en el país. Pero esta es una descripción demasiado inocente de la crisis política en la que estamos entrando; una mirada partidocrática, centrada en la “alternancia”, propia de la política liberal-democrática. Cualquiera que se asome a las revelaciones múltiples y contundentes de una mafia judicial que manipula juicios, esconde pruebas, protege a amigos y favorecedores, quedará totalmente convencido de que no se trata de una corrupción marginal y circunstancial sino que se trata de un cambio de régimen. Si cuatro varones deciden sobre la vida de cuarenta millones de habitantes del país; si ellos instalan leyes que nunca han visitado el Congreso; si derogan de un plumazo leyes que tenían 15 años de vigencia y establecen un régimen de facto para el Consejo de la Magistratura (en el que el jefe de esos mismos cuatro caballeros termina siendo “presidente”); si se hacen públicos los vínculos espurios entre esa cúpula judicial y los grandes magnates de los oligopolios mediáticos; en fin, si se analiza con un mínimo criterio jurídico democrático el desarrollo del juicio que hasta aquí ha dictaminado la culpabilidad una ex presidente de la nación por un presunto acto de corrupción cometido en la jurisdicción de una de las veinticuatro provincias que forman parte de nuestra república, entonces resulta clara la deriva no democrática del régimen democrático que está en marcha. Es cierto que a esta rápida lista se podrían agregar muchas otras que hoy se ventilan en el juicio político a la Corte Suprema, pero con esto parecería alcanzar para revelar un estado de cosas.
De lo que se trata es de que en el país ha surgido un “nuevo régimen” sin que ninguna disposición legal o constitucional lo habilitara. Un régimen en el que la rosca entre la justica corrupta, los grandes monopolios mediáticos y las corporaciones financieras toma las decisiones principales, supervisada -eso sí- por el departamento de Estado norteamericano. La proscripción es una decisión del régimen, por lo que la lucha contra ella es el corazón de una lucha por restablecer la plenitud de la vigencia de nuestra constitución y de nuestras leyes.
Este es el problema principal de la política argentina. Suele argumentarse en contra de esta afirmación que la cuestión de los precios y los salarios es la cuestión fundamental. Y nadie podría argumentar en contra de esa centralidad. Pero la política de ingresos y la economía en general es y será siempre tributaria de la cuestión del poder político. Y eso es lo que está en juego. El eslabón principal de la lucha política argentina es la proscripción y la lucha contra ella.
