Esta semana asumió Rishi Sunak como Primer Ministro del Reino Unido, reemplazando a Liz Truss, quien estuvo a cargo del poder 44 días y terminó perdiendo el desafío con una lechuga por ver quién duraba más. Desde entonces, se abrieron distintas interpretaciones sobre los motivos que terminaron forzando la salida de Truss.
El punto de partida de su gestión y de la crisis fue el anuncio del “mini presupuesto” planteado como un Plan de Crecimiento. Esta iniciativa fiscal contenía la mayor reducción de impuestos propuesta desde 1972, con un monto estimado en £161.000 millones en los próximos cinco años. Además, comprometía garantías para el pago de las tarifas energéticas por £60.000 los próximos seis meses, equivalente al 2,7% del PBI.
La lógica de la reducción de impuestos propuesta era bien ortodoxa: aumentar los ingresos disponibles para que dinamicen la actividad económica y, al cabo de cinco años, esa reducción de impuestos se pagara sola con mayor crecimiento. Con eso, pretendían lograr el ambicioso objetivo de pasar de un crecimiento del 2% promedio en la década 2010-19 a un crecimiento del 2,5%. Además, las estimaciones del endeudamiento adicional que debería tener el gobierno para sostener el plan ascendían a los £400.000 millones. El impacto hubiese sido considerablemente regresivo, ya que alguien que ganara £200.000 tendría un beneficio de £5.220, mientras que alguien con un ingreso anual de £20.000 recibiría un beneficio de sólo £157.
El impacto inmediato fue una fuerte caída de la libra esterlina en relación al dólar estadounidense y una fuerte suba en las tasas de interés. Como respuesta a la turbulencia financiera, el Banco de Inglaterra (BoE) puso pausa a la política contractiva que había prometido empezar en octubre. Los Bancos Centrales de los países centrales acumularon enormes cantidades de activos financieros en sus balances para inyectar liquidez en el contexto de la pandemia – medida conocida como Quantitative Easing – y muchos de ellos tenían planificado empezar a vender esos activos para retirar liquidez.
La suba en las tasas de interés y la caída en el precio de los bonos son movimientos que se dan en espejo. Dado que el bono implica un pago futuro de una determinada cantidad de plata, que hoy caiga el precio del bono es lo mismo que decir que sube la tasa de interés. Para frenar eso, el BoE interrumpió su anunciada venta de bonos para pasar nuevamente a una política monetaria expansiva. Anunció un programa de compra de bonos, para sostener sus precios – y por ende, la tasa de interés – e intervino con £5.000 millones durante septiembre. Hasta acá, los hechos.
Interpretaciones locales
El tratamiento de la salida de Liz Truss localmente es lo que motiva el tema de esta columna. En diversas columnas, se planteó al fracaso del “mini presupuesto” como un fracaso de una política neoliberal, cosa que efectivamente lo fue. Sin embargo, hay pocas respuestas para saber qué motivó efectivamente el abandono de ese programa económico. Ahí hay menos respuestas porque, a pesar de que se quiera presentar como una reivindicación de políticas más heterodoxas, el mensaje que deja el fracaso de la política fiscal expansiva puede ser exactamente el contrario.
Para ponerle nombre a los actores, reapareció la figura de los “vigilantes de los bonos”. Estos “vigilantes” vendrían a encarnar a los conspirativos actores del sistema financiero que por medio de sus operaciones en los mercados marcan qué se puede y qué no se puede hacer desde la política económica. Si ven que el Gobierno avanza en una política para ellos insostenible, venden los bonos del tesoro que tienen en su poder y, como vimos, eso impacta en una baja en su precio y subas en las tasas de interés. Por lo tanto, la política económica está bajo supervisión constante de estos “vigilantes de los bonos”.
En esa lectura, la política fiscal expansiva era intolerable porque tendría un impacto inflacionario y eso presionaría al alza las tasas de interés, afectando a su vez al simple pueblo trabajador que paga sus casas con créditos hipotecarios. En el nombre de ellos, se debía preservar la “racionalidad” del gasto público.
El actor que tiene un Estado con capacidad de acotar el poder de los “vigilantes de los bonos” son los bancos centrales. En este caso, la imposibilidad de continuar con el programa económico planteado por Liz Truss vino por parte de un banco central que dijo “yo hasta acá intervengo” y no le dio continuidad ni actuó de forma coordinada para que se lleve a cabo. Los vigilantes de los bonos existen pero, más que en los fondos de inversión, parecieran estar dentro de las propias instituciones públicas.
En este caso particular, estamos hablando de una política expansiva sensiblemente injusta desde lo distributivo, con beneficios significativos a los sectores de altos ingresos. Sin embargo, el pesimismo de la heterodoxia económica europea radica en el hecho de que un eventual programa expansivo pero progresivo se enfrentaría con un banco central que podría limitar terminantemente una iniciativa de política fiscal semejante. Este capítulo de la “dominancia financiera” de la política económica pone en evidencia las restricciones políticas e institucionales que existen en los países centrales para avanzar en políticas expansivas en los países que llevan más de una década de un muy aletargado crecimiento. En esa línea, los bancos centrales se posicionan como los auditores de la política económica con capacidad de veto, una función extra a la que les corresponde en relación a la estabilidad financiera.