La Cámara Federal porteña procesó sin prisión preventiva a Jonathan Morel y otros tres miembros de la agrupación Revolución Federal, pero cambió la calificación penal del delito por una menor: pasaron de estar procesados por agruparse para «intentar imponer sus ideas por la fuerza o el temor» a estarlo por «incitación a la violencia colectiva».
Este jueves, el Tribunal de Apelaciones confirmó por mayoría los procesamientos a Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile. La causa investiga la violencia de los actos y las consignas desplegadas por Revolución Federal en la vía pública y a través de redes sociales. El expediente tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner entre los querellantes.
El juez Martínez De Giorgi los había procesado por estar vinculados a «un plan criminal, consistente en imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor».
La Cámara Federal confirmó los procesamientos pero cambió la calificación del delito: «La prueba producida en autos no permite tener por corroborado la generación de efecto alguno derivado de la conducta reprochada a los imputados», escribieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
«Revolución Federal no parecería poseer en principio, a partir del análisis efectuado por el magistrado de grado en su resolución, la entidad para ser considerada una asociación ilícita destinada a combatir ideologías», sostuvieron los jueces al cambiar la figura penal.
Por su parte, el juez Mariano Llorens votó en disidencia y propuso directamente revocar los procesamientos de los cuatros imputados. Sostuvo que sus expresiones quedaban bajo el amparo de la libertad de expresión: «Debo decir que no encuentro debidamente probado que la paz social y la tranquilidad pública se hayan visto alteradas por la actuación de este grupo de personas», escribió.
La causa
En diciembre pasado, la querella de la Vicepresidenta reclamó que vuelvan a ser detenidos los referentes de Revolución Federal, tras considerar que en la causa que investiga el accionar violento de esa agrupación fue hallada evidencia de que «planeaban juntar dinero para contratar un sicario».
«De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario… El dinero se encontró y el sicario está preso», agregó la expresidenta en una serie de mensajes publicados a fin del año pasad en su cuenta de Twitter. .
Las líneas de investigación en las que trabaja por estas horas el fiscal Gerardo Pollicita son: los movimientos de dinero de los acusados y los posibles vínculos con el atentado.
La fiscalía ya trabaja en el análisis de la economía de Revolución Federal y sus integrantes: uno de los focos está puesto en el vínculo económico entre Morel y Caputo Hermanos, de los hermanos de Luis Caputo, exministro del gobierno de Mauricio Macri. La empresa perteneciente a los familiares de «Toto» Caputo sostuvo que el dinero transferido a Morel y su entorno correspondía a pagos por servicios de carpintería.
Además, la fiscalía de Pollicita impulsó un peritaje tendiente a determinar si en la información extraída de los teléfonos celulares de los miembros de Revolución Federal surge alguna información o contacto con el intento de asesinato de la Vicepresidenta o con las personas procesadas por ese caso.
Ese fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal, que además buscará el mismo de tipo de conexiones en los teléfonos de los investigados en la causa por el intento de magnicidio, informaron fuentes judiciales.
Fuente: Agencia Télam
