El malestar despolitizado promovido por la prensa se suele traducir como rabia contenida. La trama social argentina tal vez lo reescriba como desilusión. La penuria económica requiere más explicaciones etnográficas que planillas de Excel. | Por Pablo Dipierri
El sistema político y las constelaciones mediáticas que lo iluminan supeditan todos los enfoques de su contenido al estrago inflacionario, la tensión cambiaria y el sometimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) para sacar conclusiones electorales. Aunque esos datos sirvan de contexto y expliquen una parte de los problemas económicos, no agotan el abordaje de razones y pasiones que animan las rutinas de los sectores populares y sus estrategias de subsistencia, como así tampoco traslucen impecablemente sus opciones en el cuarto oscuro ante cada celebración de los comicios.
La Patriada consultó a una serie de dirigentes de diversas latitudes del país y sus testimonios arrojan como saldo un crisol de perspectivas.
En Jujuy, por caso, se impuso la fórmula de Juntos por el Cambio (JxC) en las urnas, bajo la candidatura del radical Carlos Sadir, ministro de Hacienda del gobernador saliente, Gerardo Morales. No obstante, el triunfo del oficialismo no implica, precisamente, holgura en los ingresos de los hogares de esa jurisdicción, tildada como laboratorio del lawfare por la persecución a Milagro Sala y cualquier activista opositor a la administración actual.
En ese sentido, el militante César Callave reconoce que en esa provincia norteña los precios suelen estar por debajo del nivel que alcanzan en centros urbanos pero la mayoría de los trabajadores perciben salarios de alrededor de 70 mil pesos. “Los compañeros buscan tener dos trabajos porque no es suficiente el ingreso”, sostiene, y agrega que, “como muchos no lo logran, transitan una existencia dura”. “La situación real de muchas familias es muy mala y llegan a tener que depender del oficialismo local para subsistir”, alega como aporte a la comprensión de la permanencia del status quo con Morales.
En Salta, la situación no es demasiado diferente y el peronismo rige con un ecumenismo que desparrama y mezcla agrupaciones de signos ideológicos divergentes. Al respecto, el delegado del mayorista Yaguar y miembro de la comisión directiva de la CTA Autónoma en la capital de La Linda, Miguel Ponce de León, se queja con resignación: “Acá el ciudadano es netamente peronista y la mayoría de los gobernadores llegan de la mano del Justicialismo”. Sin embargo, no hay respuestas profundas sobre la permanencia de los representantes institucionales y la baja conflictividad social.
Desde el otro extremo del norte argentino, el formoseño Fernando Aranda le comenta a este portal que el sueldo de los trabajadores rasos es de 80 mil pesos y la carestía de vida aprieta. A diferencia de lo que sucede en el AMBA, allí están garantizados los derechos sociales a la salud, la educación y la vivienda, y si el trabajador pertenece al sector formal, recibe aumentos estipulados en paritarias con reglas de convenio: en Comercio, el sueldo básico es de 220 mil pesos pero las empresas empiezan a tomar a trabajadores por cuatro horas y por la mitad de ese monto, alerta Aranda.
Delegado de ChangoMás y habitante de Clorinda, narra que históricamente al argentino le convenía cruzarse a Paraguay para comprarle al comerciante del vecino país la mercadería más barata pero hoy el desplazamiento es inverso: los paraguayos vienen a Formosa a comprar barato.
Ninguna de las fuentes abordadas para este artículo come vidrio pero, aunque la expresión del malestar sea la divisa de cada reportaje, el corazón del territorio vibra en una sintonía diferente. El pluriempleo, las changas o la combinación del trabajo registrado con rebusques que doblen la jornada laboral absorben la energía y la disposición de los sectores medios o medio-bajos, dejándolos sin tiempo para la organización y la politización de sus condiciones. En otras palabras, los trabajadores corren detrás del mango y no tienen margen para pensar colectivamente la situación como para transformarla, salvo en los núcleos militantes que forman parte de anillos comunitarios para paliar la malaria.
En ese sentido, la ex vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y directora del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), Adriana Clemente, admite a este medio que hasta hace dos meses atrás existía una estrategia de sustitución inteligente de ingresos, una astucia detectada en los albores del kirchnerismo. A través de este mecanismo, las familias más vulnerables ahorraban ya en 2005 el dinero que obtenían con los planes sociales conforme conseguían una fuente de empleo ante la reactivación productiva. Así, destinaban el fondo del programa Jefes y Jefas de Hogar a refaccionar la casa o comprar calzado para los niños mientras hacían frente a los gastos cotidianos con el salario. Lo mismo, según Clemente, había empezado a ocurrir desde el año pasado pero el proceso se interrumpió con la brutal inclemencia del alza de precios y la tensión cambiaria. A sus oídos llegan, incluso, narraciones de que se incrementa la cantidad de asistentes a los comedores pero ya tres municipios del conurbano alegan que no dan abasto.
Bajo ese prisma, Gisela Didio considera ante este portal que la situación es muy complicada. Militante de la UTEP en La Plata, refrenda que “la demanda en los comedores empezó a crecer”, y agrega que espera “que el gobierno atienda la agenda de los sectores más vulnerables”. “Que los ajustes que hay que realizar por intermedio de las recetas del Fondo Monetario, injustas siempre, no sean sobre los más humildes”, asevera.
Anabel Amarillo, también de la UTEP pero en el barrio Las Flores, en Rosario, consigna que incluso con todo el despliegue de los emprendimientos productivos “no es suficiente”. “El trabajo está pero los sueldos faltan”, sintetiza, y abunda: “tampoco alcanza la plata para sobrevivir y somos conscientes de que el gobierno del Frente de Todos fue nuestra tranquilidad, a pesar de su floja gestión, pero si nos gobernara (Mauricio) Macri estaríamos mucho peor, sin poder pensar en un sueldo para poder comer”.
En la misma provincia, funciona la cooperativa Tosco Polo Construcciones, que supo contar 100 trabajadores en su planta hasta el año pasado pero ahora solo contiene a 30. Uno de sus referentes, Claudio Chino Díaz, adelanta en diálogo con este medio que mañana concentrarán en las puertas del Ministerio de Producción de Santa Fe, para reclamar ante el incumplimiento del Estado con una serie de programas acordados para el desarrollo del enclave, cuyos productos van desde los bloques para pavimento hasta herrajes.
Luego de repasar que la economía popular acredita 8 millones de trabajadores pero solo 1 millón cobra el salario social complementario (Potenciar Trabajo), resalta el factor común que une a trabajadores de la rama pesquera, la textil o los cartoneros. “Nosotros no contamos con personal jerárquico ni administrativo especializado y nos falta capital, tecnología, especialización y calificación técnica pero lo que más nos falta es una política de Estado que potencia estas valiosas experiencias de autogestión obrera”, explica, y añade: “no se trata de más contención social, autogeneración de empleo, formas económicas sociales o para pobres, falta entender al trabajo autogestionado como una forma de trabajo de mejor calidad humana y potencialidad económica a futuro”.
Otro clima se vive en San Luis. Más precisamente desde Villa Mercedes, el dirigente Pablo Muract ilustra la situación con ecuaciones diáfanas: la provincia puntana acredita cerca 500 mil habitantes y más de la mitad accedió a viviendas a través de créditos con cuotas de 90 pesos mensuales. “Otras cuotas eran de 3 mil o 6 mil pesos mensuales”, suma.
Por otro lado, admite que hay cierta dispersión salarial. Un docente que inicia está en 200 mil pesos, pero puede llegar a 350 mil con antigüedad; un policía ingresa con 250 mil pesos y un trabajador del Estado orilla la misma cantidad. En cuanto a los empleados formales del sector privado, sus ingresos están homologados a los convenios por sector.
Sobre la Costa Atlántica, aporta su mirada Víctor Peralta, radicado en Miramar y vinculado al desarrollo turístico. Al respecto, repone que culturalmente las poblaciones de ese margen bonaerense acostumbran a deslomarse en los meses de temporada alta y apechugan en invierno como pueden. Y cuando se le pregunta si encuentra su suerte y la de su entorno mejor que durante el mandato de Cambiemos, contesta de forma lapidaria: “olvídate, estamos muchísimo mejor”. “Para decirte una cosa, los domingos a la mañana no queda asado en las carnicerías”, grafica.
La dispersión es grande y corta por variables como zona geográfica y valor de la tierra (o metro cuadrado), rubro económico y promociones industriales o densidad demográfica y tamaño del Estado. Es emblemático, en ese sentido, el caso del partido de Baradero, gobernado por el intendente Esteban Sanzio. Allí trabajan 900 empleados municipales cuyos salarios rondan los 100 mil pesos en su mayoría pero complementan esa suma con los oficios que realizan después de su jornada laboral de 6 horas.
Asimismo, en ese distrito está emplazada la fábrica de Toyota. Sus obreros arrancan con 262 mil pesos de sueldo básico, en una ciudad donde los ¾ kilos de carne picada y dos docenas de tapas para empanadas cuestan 1000 pesos y el alquiler de una casa con 2 dormitorios, cocina, comedor, garaje y patio amplios ronda los 90 mil pesos.
La dificultad actual a menudo se cifra en el periodismo como rabia y los dispositivos que la alimentan se describen con calificativos que atribuyen carácter explosivo. Aun cuando la penuria económica se intensifique por el estancamiento con inflación en ciernes, todavía opera en el país una trama social que contiene a las bases. Lo que se describe como enojo, a la postre, podría ser síntoma de la desilusión y cambiaría el panorama electoral: el que vota indignado pierde pero quien acude al cuarto oscuro desengañado sufraga en defensa propia.
