En las últimas semanas comenzaron a abrirse las negociaciones paritarias del último año de la gestión de Alberto Fernández. El secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, hizo una afirmación de lógica maciza: “Un gobierno peronista no se puede dar el lujo de terminar la gestión con sueldos que van más lento que los precios”. Sin embargo, los tres primeros años del gobierno del Frente de Todos (FdT) han transcurrido bajo la ostentación de que los salarios corran siempre de atrás a los índices inflacionarios. Esta realidad, hizo imposible revertir la pérdida salarial iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los datos del INDEC muestran que el Salario Mínimo Vital y Móvil entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2022 perdió un 8.3 por ciento en términos reales. La base de la que se partía al inicio de este mandato gubernamental ya era baja porque acumulaba la pérdida de 25 puntos porcentuales en los cuatro años de la gestión cambiemita.
El Centro CIFRA de la CTA-T sostiene en un informe elaborado por Cecilia Garriga que “el producto creció 5,7 por ciento entre el último trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2022, y también lo hizo la productividad, que creció un 5 por ciento entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2022. Todo ello significó un aumento del excedente empresario y un incremento de su participación en la riqueza de 2,5 puntos porcentuales en ese período, mientras la participación de los trabajadores en el producto siguió cayendo y alcanzó el 44,4 por ciento en el primer trimestre de este año.”
El Observatorio del Derecho Social de la CTA-A, indica que “si la actividad económica no se detiene en 2023 el gobierno de Alberto Fernández habrá encadenado tres años consecutivos de crecimiento económico, algo que no se daba desde el período 2003 – 2008”. Y agrega que: “Este proceso se da a la par de una recuperación de los indicadores del mercado de fuerza de trabajo. La tasa de desempleo se encuentra en los valores más bajos de los últimos años, la cantidad de asalariados registrados en el sector privado creció de manera ininterrumpida”. Pero advierte, en coincidencia con el informe de CIFRA, que: “Paradójicamente, una economía en crecimiento y un mercado de fuerza de trabajo donde el empleo formal siguió recuperándose no se tradujeron en una mejora salarial. Más bien todo lo contrario: el salario promedio anual de los trabajadores registrados medido por el RIPTE cayó durante los tres años del gobierno de Alberto Fernández.” Lo mismo destaca el informe de Federico Vocos para CITRA-UMET: “Un importante crecimiento en los niveles del empleo y un descenso de la desocupación”. En su trabajo advierte que: “si bien se produjo un aumento del trabajo asalariado también se registró un aumento de 6,3 puntos porcentuales en la proporción de personas sin descuento jubilatorio, que pasó del 31,5 a 37,8 por ciento”. Ante este dato, el informe concluye que “se intensificó el proceso de precarización laboral. Incluso los niveles de trabajo no registrado son mayores en relación al mismo trimestre de 2019, con una diferencia de 3,3 puntos.”
A los datos que recogen los institutos vinculados a organizaciones de trabajadores se suman los estudios de otros centros como el de Economía Política Argentina, de los economistas Julia Strada y Hernán Letchner, Centro de Estudios Scalabrini Ortiz dirigido por Lorena Putero y Andrés Asiain. Además de advertir el sostenido crecimiento del empleo, todos los trabajos publicados sobre el tema muestran que los niveles salariales no se recuperaron de la caída iniciada en 2018 durante el Gobierno de la Alianza Cambiemos.
En suma, no hay estadística sobre el mercado laboral argentino que no refleje el inédito crecimiento del empleo post pandemia y al mismo tiempo la concentración de los frutos de ese crecimiento en las manos empresariales y no en los salarios de los trabajadores. Como, además, esa reactivación se da en un contexto donde hay más personas buscando trabajo, la tasa de empleo es la más alta desde que se comenzó a relevar este indicador.
El trabajo argentino está tan barato que se exporta al mundo cual ventaja comparativa. Esta semana obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el llamado monotributo tech, un proyecto para que quienes facturen al exterior hasta 30 mil dólares anuales por servicios accedan a un régimen simplificado, se beneficien de un tipo de cambio diferenciado y, merced a ello, declaren estos ingresos al fisco. La magnitud de este mercado despertó el interés del ministro de Economía, Sergio Massa, al punto de incluirlo entre sus prioridades legislativas. Se espera que a finales de año haya 1000 empresas registradas en el régimen creado por la Ley de Economía del Conocimiento. La causa de su robustecimiento es el bajísimo costo en dólares de la mano de obra tecnológica nacional. Cheap skilled tech labor podría ser la traducción al lenguaje unicornio para esta mano de obra barata y calificada de la economía del conocimiento.
Corazón y paritarias cortas
En este contexto de crecimiento y distribución funcional del ingreso desde el trabajo al capital con altas tasas de inflación, se da el inicio de la temporada de discusiones paritarias. El elemento inflacionario, que el libro recientemente publicado por Pablo Manzanelli y Leandro Amorett atribuye al comportamiento estructural de “las ramas altamente concentradas y de aquellas donde predominan los grupos económicos locales y conglomerados extranjeros” es la vía que permite la apropiación del crecimiento por parte de “cuatro vivos”, como había advertido la vicepresidenta Cristina Kirchner en diciembre de 2020. Ese trabajo, titulado “RÉGIMEN DE ALTA INFLACIÓN, OLIGOPOLIOS Y GRUPOS”, analiza la conducta de “tres industrias oligopólicas y con fuerte predominio de grupos económicos (siderurgia, aceite y azúcar), y las variaciones de los precios relativos de las ramas que actúan como proveedoras o demandantes de ellas y la inserción de los grupos Techint, Pérez Companc y Ledesma en las respectivas cadenas sectoriales.” Los economistas que discrepan con esta explicación de las causas no monetarias de la inflación, retrucan que concentración económica hay en muchos países con niveles muy bajos de inflación y que el problema para retener dólares y, por ende, precios, debe ser la seducción de la inversión y no las restricciones.
De alguna manera, este debate (si se pudiera hacer el ejercicio de abstraerse de los nombres propios que conforman la coalición gobernante, o al menos de intentar la difícil traducción de esos nombres a diferencias programáticas) es entre crecimiento con distribución progresiva o regresiva. Ninguna de estas opciones está contemplada en el menú de Juntos por el Cambio (JxC), que esta semana buscó iniciar una corrida para que una crisis total, ya evitada por parte en el segundo semestre de 2022, hiciera explotar la gobernabilidad de la economía para no tener que insistir como en 2019 con la idea de crisis asintomática. Aún en el escenario de adversidad económica, los líderes de la derecha argentina sospechan que sin “plan bomba”, como el que tuvo Cavallo en los ’90, pueden ganar pero no tener la libertad absoluta para ajustar.
En ese contexto, el gobierno propuso un 60 por ciento de aumento anual para las paritarias. La máxima “corazón y pases cortos”, indispensable para los partidos ante rivales difíciles, parece guiar a los negociadores salariales de los sindicatos más duchos en mantener poder adquisitivo. El SMATA, un sindicato importante por su lugar en la estructura productiva -ya que el sector automotriz acompaña los procesos de crecimiento argentinos- y que además se encuadra en el Frente Sindical entre los actores gremiales cercanos a la Vicepresidenta, sigue apostando como en los últimos años a los acuerdos cortos, no más allá de los tres meses. Logró un 18,39 de aumento a los salarios de los mecánicos entre enero y marzo en sintonía con la inflación acumulada en el último trimestre del año pasado. Ni habla de lo que podría pasar en un semestre. La UTA, tras la amenaza de parar el transporte de pasajeros, firmó 29 por ciento hasta mayo -asegurando 10 en enero y 10 en marzo-.
En el otro polo, los municipales porteños y Horacio Rodríguez Larreta aceptaron la idea de Massa y acordaron un número anual. De esos 60 puntos quedaron afuera los contratados por sistemas precarios de empleo, este sector solo contempla un 40 por ciento a julio.
Otras negociaciones paritarias iniciadas son la de los docentes y la de los bancarios. Estos últimos denunciaron, a través de un comunicado de prensa, el egoísmo de las patronales del sector financiero, que obtuvo extraordinarias rentabilidades y no las comparten con los trabajadores que las hacen posibles. Ambas organizaciones se desmarcaron del tope del 60 por ciento; prefieren discutir tramos más breves, con revisiones continuas, e incluyen entre sus principales reclamos el tema ganancias.
El porcentaje de inflación de enero, que a nivel nacional se conocerá en la semana que empieza y que la ciudad de Buenos Aires adelantó informando un 7,3 por ciento para que coincida con la operación macrista, pone a la frase de Tombolini ante un desafío inquietante. ¿Podrá su jefe político darse el lujo de ser candidato de un gobierno peronista que no recuperó el nivel adquisitivo de los salarios?
