La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de la defensa de Milagro Sala y dejó firme la condena a 13 años de cárcel impuesta a Milagro Sala, en el marco de la causa denominada Pibes Villeros, al considerarla responsable del delito de asociación ilícita en su carácter de jefa de la misma, un fallo que según la dirigenta social jujeña coincide con la necesidad de «tapar la vergüenza que están pasando con Lago Escondido». Su defensa adelantó que recurrirán a los tribunales internacionales.
La Corte denegó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Sala y dejó así firme la condena del tribunal oral que la juzgó.
Sobre la decisión de los cuatro ministros de la Corte, la lideresa jujeña recalcó que está «tranquila» porque a partir de la organización popular se trabajó y se hizo «mucho». «Más de ocho mil compañeros con vivienda dejamos», repasó a modo de balance.
Por otro lado, la dirigenta jujeña puso de manifiesto que el expresidente Mauricio «Macri tiene más de 180 causas y tiene lo que hizo desaparecer, la plata del Fondo Monetario Internacional. No está preso porque es un gran empresario que responde a la derecha. En cambio, a la ‘Negra’ Milagro, que construyó, que laburó, que se rompió trabajando, sí la condenan», resaltó.
En el texto de la resolución, los magistrados apoyaron su decisión en que se trata de un litigio del ámbito de la justicia jujeña no susceptible de revisión «por la vía del recurso extraordinario».
«No se le permitió a Milagro aportar testigos en el juicio, tampoco se permitió aportar peritos para peritar las obras y esto no fue tenido en cuenta por la Corte Suprema. El objetivo del fallo es matarla políticamente«, afirmó hoy el abogado de la dirigenta jujeña.
Luego de que ayer el máximo tribunal desestimara un recurso de la defensa y dejara firme la condena contra Sala, el abogado Luis Paz aseguró hoy que eso no cambiará la condición de prisión domiciliaria con la cual permanece.
«No teníamos ninguna expectativa ni en la Corte de Nación ni la de Jujuy. Ayer con Milagro escuchamos noticias sobre la condena previa a su dictamen», expresó Paz en declaraciones a radio Provincia.
En el juicio de los «Pibes Villeros», además de a la dirigente, se investigó a 29 acusados, entre ellos exfuncionarios provinciales y cooperativistas, por una supuesta defraudación al Estado para la construcción de viviendas sociales.
El fallo está firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
Sala, desde su domicilio en el barrio de Cuyaya de la capital jujeña, donde se encuentra detenida por motivos de salud, llamó a «tomar conciencia» de lo que consideró una ofensiva contra las mayorías populares: «Me hago eco de lo que dijo Cristina (Kirchner): que no solo venían por nosotros, sino que vienen por el pueblo» y pidió no olvidar «los cuatro años del macrismo».
En esa línea, la dirigenta social apuntó también contra el abogado del gobernador Gerardo Morales, Ricardo Gil Lavedra, quien «continuamente estaba machacando para que la Corte dictamine esta sentencia».
La causa
La Corte Suprema tenía pendiente desde marzo de 2020 la apelación de la fundadora de la Túpac Amaru a esta condena, dictada por la Justicia jujeña, a 13 años de prisión por presunta defraudación de fondos públicos.
Se trata de la causa conocida como «Pibes villeros», en la que la dirigente social fue acusada de encabezar una asociación ilícita con funcionarios provinciales y cooperativistas con los supuestos fines de defraudar al Estado.
Sala fue condenada a 13 años en primera instancia y la decisión fue confirmada luego por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy y por la Cámara de Casación Penal.
Por tratarse de un expediente con sentencia definitiva, la Corte aceptó el recurso de queja y el compromiso de fallar, aunque sin plazos como en todas las causas que toma el alto tribunal.
A lo largo de la evolución de la causa, la Corte intervino mayormente para rechazar los recursos presentados por la defensa de Sala que, según señaló el abogado Paz, fueron más de 30.
A mediados de año, el presidente Alberto Fernández se refirió a la situación judicial de Sala y al papel de la Corte en particular, cuando decidió visitarla en Jujuy a raíz de su internación médica.
«A la Corte Suprema, que tiene tanta urgencia para tratar los temas que atañen a sus intereses, como el Consejo de la Magistratura o los jueces de la Cámara Federal, les pido que impriman urgencia al tratamiento de la sentencia que les llegó por vía de queja y que descansa en algún lugar de la Corte, y que, por favor, resuelva», pidió Fernández en esa oportunidad.
En este último fallo, la Corte tuvo en cuenta que el Tribunal Oral que juzgó a Sala dio por probadas las extorsiones a Cristian Chorolque, Leopoldo Jacinto Basualdo, Julia del Carmen Gutiérrez, José Daniel Orellana y Néstor Antonio Lezcano.
Además de la defraudación con los fondos de un acuerdo suscripto entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, para cuyo fin se utilizó una cuenta bancaria de la cooperativa «Pibes Villeros», en la cual se reunían los fondos «ilícitamente recaudados».
En el marco de las reacciones a la decisión de la Corte, el gobernador jujeño, el radical Gerardo Morales, publicó una «Carta Abierta al Kirchnerismo», en la que sostuvo que «durante más de 15 años, Milagro Sala fue la fiel expresión de la matriz de corrupción que instaló el kirchnerismo en la Argentina».
Persecución
Meses atrás, al cumplirse seis años de la detención de Sala, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) reiteró que el Gobierno jujeño «desató una persecución» contra Sala y, «de manera encadenada y superpuesta», le inició varios procesos, «con la finalidad de asegurar su detención y posterior permanencia en situación de encierro preventivo».
Sala consideró que la decisión de la Corte debe ser leída como un mensaje «al campo popular» y que, por eso mismo, hay que seguir «militando».
«La única organización social de la Argentina que sigue movilizando fuertemente, pidiendo trabajo digno, militando en la calle es la organización Túpac Amaru sin su dirigente a la cabeza, porque nosotros creamos consciencia y esa consciencia está intacta hasta el día de hoy», enfatizó en este sentido la dirigente en declaraciones radiales.
Consideró que la decisión de la Corte coincide con la necesidad de «tapar la vergüenza que están pasando con Lago Escondido», en referencia al viaje que en octubre pasado realizaron magistrados, funcionarios porteños y empresarios a la estancia del magnate inglés Joe Lewis.
Asimismo, anticipó que su defensa recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que cuentan con «pruebas sobre todas las irregularidades en esta causa».
«Nosotros habíamos presentado 120 testigos de los que sólo nos aceptaron a once y a esos once los fueron a apretar a la casa para que no recuerden nada de todo lo que nosotros hicimos», ejemplificó.
Sobre la carta publicada por el gobernador jujeño, Sala aseveró que «Morales es más mentiroso que Pinocho» y argumentó: «Va a Buenos Aires y se sienta en los medios nacionales a hablar de que la justicia tiene que ser independiente o a criticar la corrupción, pero la justicia no es independiente en Jujuy, acá el pone y saca fiscales». Y concluyó: «Él es el corrupto más grande».
A las cortes internacionales
Ante este panorama, realizarán hoy una conferencia de prensa en la sede de la Tupac Amaru ubicada en San José y México, a las 15. En un comunicado expresaron que el máximo tribunal decidió «convalidar la condena por razones políticas que Gerardo Morales y Carlos Pedro Blaquier ordenaron al Poder Judicial de la provincia de Jujuy» respecto de Milagro Sala.
«La decisión es un escándalo en términos políticos. Sepulta los antecedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de DDHH y del comité contra la tortura de la ONU. Desconoce el carácter político de la persecución, la condena y la prisión que purga Milagro Sala y que purgaran decenas de Tupaqueros y Tupaqueras en Jujuy», consignaron desde la agrupación.
Y añadieron que representa «un escándalo en términos jurídicos» porque «retrocede 30 años en la doctrina de la propia Corte Suprema, asignándole un margen de arbitrariedad a las jurisdicciones provinciales».
El fallo «pone en evidencia que la democracia en la Argentina se ha transformado en un decorado que simula institucionalidad para que los grupos económicos y sus representantes políticos puedan asegurar la injusticia social y la miseria planificada como destino inevitable de las mayorías populares», aseveraron.
En esa línea, consideraron que «la condena ratificada por la Corte es una pistola en la cabeza de la militancia popular».
Con información de Télam
