Tras años de parálisis en las investigaciones, debido a la falta de apoyo estatal durante el Gobierno de Mauricio Macri, la provincia acordó con Nación brindar el respaldo necesario para darle continuidad a las pericias.
El Pozo de Vargas es la fosa común más grande que dejó la última dictadura militar, con unas 148 víctimas. En la actualidad, son 35 las familias que esperan que las nuevas pericias arrojen resultados para poder identificar los cuerpos de sus parientes desaparecidos.
Este útlimo tramo de la investigación forense, implica un grado de alta complejidad, dado que el trabajo debe realizarse a más de 40 metros de profundidad, en una región afectada por las napas de agua.
En ese marco, y tras la visita del ministro de Justicia de la Nación Martín Soria, el gobierno provincial se comprometió a aportar los fondos para darle continuidad a la investigación forense que permita avanzar con las políticas de memoria, verdad y justicia.
