La ministra de Seguridad da a conocer el nuevo protocolo de la cartera contra las quienes realicen cortes de calles.
El Gobierno de Javier Milei anuncia su programa de persecución y castigo a quienes realicen protestas sociales denominado «protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación», encarado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Así lo anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien precisó que «por instrucción del presidente Javier Milei y contemplando el concepto de ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley nada'», Bullrich brindará los detalles esta tarde a las 16.45 en la sede de la cartera.
Según adelantó Adorni, el protocolo incluirá «sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación de los argentinos, que alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia».
El anuncio se conocerá luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles 20 realizarán un «paro activo» en la Plaza de Mayo, como respuesta a «los anuncios» del ministro de Economía, Nicolás Caputo.
«Se decidió realizar un paro activo el 20 con otros sectores, gente del movimiento obrero, sindicatos docentes, de la Unión Ferroviaria, ante los anuncios de Caputo, que son un ‘Rodrigazo’ brutal contra los trabajadores», confirmó el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
La jornada de protesta coincidirá con el 22° aniversario del estallido social y brutal represión que llevó a cabo el gobierno de Fernando de la Rúa, el 19 y 20 de diciembre de 2001, sucesos que culminaron con 38 muertos y la inevitable renuncia del exmandatario radical.
El protocolo «antipiquetes» de Bullrich
Durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, Bullrich también había lanzado un protocolo conocido como «Antipiquetes«, para evitar los cortes de tránsito en la vía pública en un contexto de masivas manifestaciones contra el ajuste macrista. La medida también incluyó restricciones para el libre ejercicio del periodismo.
En aquel momento, Bullrich había advertido que quienes protestaran tendrían «5 o 10 minutos» para desalojar los caminos, autopistas o rutas que cortaran antes de ser desalojados y, eventualmente, detenidos. «Si no se van, los sacamos», expresó en declaraciones periodísticas.
La medida, que según la ministra buscaba establecer «reglas claras para los funcionarios, los jueces y los manifestantes», fue cuestionada por dirigentes y organizaciones políticas y sociales, al alertar que se trataba de una medida que criminalizaba la protesta.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por ejemplo, mencionó en esa oportunidad que el Protocolo limitaba «de manera inconstitucional el derecho a la protesta», a la vez ampliaba «las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social» en la Argentina al colocar el «orden público por encima de todo».
El CELS también evaluó que se trataba de una medida incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Fuente: Télam
