Organizaciones piqueteras de izquierda y movimientos de trabajadores de la economía popular identificados con el peronismo confluyen hoy en una protesta ante el Ministerio de Desarrollo social. El alza indiscriminada de precios y la respuesta fiscalizadora de Tolosa Paz sobre las opciones políticas de las familias que se manifiestan caldean el ambiente.
“Durante abril de 2023, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 7,3%, mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 6,3%. Las variaciones de la CBA y de la CBT resultaron del 121,4% y 113,5%, en términos interanuales, y acumulan en el año incrementos del 40,1% y 33,3%, respectivamente”. Inapelable, el informe del Indec parece más que suficiente para que las organizaciones de trabajadores desocupados o de la economía popular colmen hoy la Avenida 9 de Julio, frente a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social.
La ingeniosa respuesta de la titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz, podría echarse al cajón de las provocaciones políticas dignas de un conservadurismo inaceptable. En vísperas del acampe en Plaza de Mayo que las agrupaciones piqueteras identificadas con formaciones trotskistas como las del Partido Obrero preparaban ayer, la funcionaria ordenó la intervención urgente de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Nunca pondríamos en tela de juicio el derecho constitucional de organizarse y efectuar peticiones a las autoridades gubernamentales. Pero el acampe es una expresión de protesta que, más allá del debate que puedan originar sus motivaciones, debe ser revisado en su implementación”, mandó a decir la ministra, y la oficina de prensa del edificio revestido con la gigantografía icónica de Evita agregó: “es inaceptable ver cómo un grupo de dirigentes sociales vulnera los derechos de los niños, exponiéndolos a pasar horas e incluso a dormir en la calle, cuando deberían estar en las escuelas o en los clubes ejerciendo su derecho a educarse, alimentarse y jugar”.
Más proclive a la complacencia para con los acreedores externos que a la deuda con los sectores populares, el Ministerio comunicó que “no existe justificación alguna para exponer a eso a bebés, niñas y niños. El derecho de protesta no puede pasar también por encima del derecho superior de niños, niñas y adolescentes”. La pirueta ideológica fue diseñada para impugnar el despliegue del Polo Obrero, brazo piquetero del partido homónimo liderado por el dirigente Eduardo Belliboni pero constituye probablemente una demasía el reclamo sobre la escolarización de los hijos de los trabajadores que reclaman en las calles.
Para que la máxima peronista que reza que hay que ir de casa al trabajo y del trabajo a casa se cumpla, se precisa que el salario rinda lo suficiente. Así como el ala más combativa del Frente de Todos se despacha con críticas al propio presidente Alberto Fernández, su entorno –cada vez más chico- y el rumbo económico de su gestión bajo la fantasía de posibilidades revolucionarias con una retórica sin anclaje social, es probable que el gobierno haya reaccionado con torpeza promoviendo una voz que postula el orden aunque no haya progreso equivalente en los ingresos de los hogares empobrecidos.
Aun cuando Tolosa Paz alegue que el Estado nacional, tal como tuitearon desde su cartera, “invierte más de 50 mil millones de pesos en el Servicio Alimentario Escolar” y “configura una red verdadera y concreta para la seguridad alimentaria de las y los niños y adolescentes” cuando se suma la AUH y la prestación Alimentar, el tembladeral financiero y la fragilidad económica son motivos suficientes para que también los más postergados se suban a la puja distributiva y radicalicen sus reclamos.
Resulta de dudosa la efectividad que pueda alcanzar una medida con tintes persecutorios más que populares. Sobre todo, porque el sujeto social movilizado en estas protestas es, a lo sumo, beneficiario del programa Potenciar Trabajo, que consiste en la extensión de 35 mil pesos mensuales como salario social complementario para que empresas del sector privado contraten al trabajador y se eximan de pagar la totalidad de un sueldo. Según el Indec, la canasta alimentaria para una familia tipo trepó en abril a 94 mil pesos, mientras que la canasta básica total –que incluye bienes y servicios no alimentarios- llegó a 203 mil pesos.
