Ante esta situación, Diputados de UxP presentaron un proyecto para exigir el cumplimiento del Programa Acompañar.
Diputados de Unión por la Patria manifestaron su «preocupación» por la suspensión de las prestación del Programa Acompañar que brinda asistencia y apoyo a personas en situación de riesgo por violencia de género y exige al Gobierno nacional el cumplimiento de la normativa.
El proyecto «solicita al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento de la normativa vigente para la implementación de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad de las mujeres y personas LGBTIQ+ que se encuentran en riesgo por situación de violencia por motivos de género».
Dicho programa fue creado por el Decreto 734 en septiembre del año 2020, durante la pandemia del coronavirus, con el objetivo de promover la autonomía de aquellas personas que sufrieran situaciones de violencia por motivos de género por medio de «una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinado a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias».
Hasta diciembre del 2023, gracias a esta política, «más de 350 mil mujeres pudieron salir de la violencia, y 1.200.000 personas fueron asistidas por la atención de la línea 144», destacó la exministra de Mujeres, Género y Diversidades, Ayelén Mazzina, días antes de la asunción del nuevo gobierno de La Libertad Avanza.
Legisladores opositores a la gestión de turno subrayaron en esta iniciativa que «desde el mes de diciembre del año pasado se han suspendido las prestaciones a las personas beneficiarias del programa, sin haber implementado una asistencia similar de esta política pública tan fundamental para miles de personas en situación grave de vulnerabilidad».
En enero, el Observatorio de las Violencias de Género «Ahora que si nos ven» dio a conocer las cifras de femicidios en Argentina del año 2023, elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, llevado adelante por la organización, que arrojó un total de 308 femicidios, 351 intentos de femicidio y 52 intentos de femicidio vinculado.
En este marco, el proyecto impulsado por la diputada nacional de UxP, Roxana Monzón, contiene entre los fundamentos de la iniciativa y en contexto con el ajuste económico y de desregulación que lleva adelante el Gobierno nacional, la preocupación de propiciar «un ambiente de desprotección masiva y de profundización de las necesidades básicas insatisfechas» que generan «nuevas formas de violencias y desigualdades (…) en nombre de una falsa ‘libertad de mercado'».
«Imponen parámetros culturales ajenos a los derechos humanos y al respeto a la identidad de las personas», señala la declaración.
