Los números surgieron de «15 manifestaciones relevadas» durante todo el año. La organización comunicó que en ellas hubo 1.155 personas heridas, «muchas de ellas con lesiones graves», por las fuerzas de seguridad.
Amnistía Internacional Argentina publicó «Disenso en riesgo«, un informe que arrojó las «cifras alarmantes» sobre los hechos «represivos» relavados en 15 manifestaciones, de todas las que hubo durante el año, y que dejó el Protocolo Antipiquetes implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Desde la organización consideran que el gobierno del presidente Javier Milei hizo un uso «desproporcionado» de las fuerzas de seguridad «como norma» y que, con este informe, se ha encontrado «un patrón de represión y criminalización» para quienes se manifestaron para expresarse en contra de las políticas llevadas a cabo por esta gestión.
Del estudio, se desprendió como resultado que hubo 1.155 personas heridas, «muchas de ellas con lesiones graves»; 33 con impactos de balas de goma «en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión»; 50 trabajadores de prensa heridos «durante las coberturas de las manifestaciones» y 73 personas «criminalizadas» por participar en las protestas.
Amnistía Internacional subraya que el gobierno argentino nuevamente reconoció en la ONU y ante todos los países del mundo que la violencia de género existe y que es un problema que el Estado debe atender. En este nuevo giro, @Cancilleria_Ar dio marcha atrás con su voto en contra… https://t.co/FOJVyue8xl
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) December 19, 2024
«Entre las prácticas documentadas, se observó el uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y golpes con tonfas y bastones, además de detenciones arbitrarias. Incluso, en casos emblemáticos, niños y niñas fueron afectados por la violencia represiva«, sostuvo el documento, según la agencia Noticias Argentinas.
Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía, indicó que «Disenso en riesgo» refleja la restricción del ejercicio de la libertad de expresión «en las calles» y «el achicamiento del espacio cívico».
En la misma línea, señaló que desde Amnistía proponen «dar cuenta de la situación de alarma frente a la violencia» como un recurso para coartar el disenso, por un lado, y «silenciar las voces«, por otro.
«Sin duda, Argentina tiene un uso de la calle muy activo y, seguramente, era necesario darnos un debate robusto sobre la canalización de los reclamos populares al Gobierno. Pero la respuesta nunca puede ser el miedo como forma de inhibir la expresión y la violencia como estrategia para lograrlo», remarcó.
