La PIA indicó que el gobierno de Larreta registró 18 millones de accesos y el fiscal Sergio Rodríguez sostuvo que «no encuentra relación lógica el número de consultas realizadas».
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente al gobierno de la Ciudad por la utilización del sistema de reconocimiento facial (datos biométricos) en presunta violación a la ley de protección de datos personales.
El organismo encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez consideró también que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) pudo haber tenido responsabilidades administrativas al haber cedido sus bases de datos para un programa de colaboración con el Ministerio de Seguridad y Justicia porteño, cuando estaba a cargo de Marcelo D’Alessandro.
En las actuaciones previas, el fiscal había consignado que tomó conocimiento a partir de notas periodísticas de posibles irregularidades en el «uso de datos biométricos por parte del Gobierno de la Ciudad» provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en el marco de un Convenio de Cooperación Técnica suscripto en febrero de 2019 entre ese organismo nacional y el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA.
En ese entonces, el Renaper estaba a cargo de Juan José D’Amico y al frente del ministerio de Justicia y Seguridad porteño se encontraba el actual diputado nacional Diego Santilli, precandidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio.
Acceso a datos sin «justificación racional»
El artículo 157 del Código Penal estipula penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al “funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.
“El acceso/consultas a la base de datos del RENAPER por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados. Esos accesos no estarían justificados por lo que podría calificárselos de ilegales”, sostiene un dictamen de la PIA.
Para el organismo, que depende de la Procuración General de la Nación, “existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el RENAPER al Ministerio y/o la Policía de la Ciudad con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del Servicio de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP)”.
En ese marco, se produjeron “más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos”, una cifra que excede largamente la cantidad de personas buscadas por estar evadidas de la Justicia.
“No encuentra relación lógica el número de consultas realizadas por el GCBA. Y esto no era un dato que le era ajeno al RENAPER, en cuanto conocían la cantidad de prófugos (no superior a 40.000 registros)”, sostiene el documento.
El sistema de reconocimiento facial ya había generado una causa judicial, en la que el año pasado la jueza Elena Liberatori decretó su inconstitucionalidad por la forma en que había sido utilizado.
Ahora la PIA realizó una denuncia penal por la posible comisión de un delito contemplado en el Código Penal.
Espiados
Entre las personas por las que el Gobierno porteño, conducido por Horacio Rodríguez Larreta, solicitó datos se encuentran la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini; el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman; el dirigente social Juan Grabois.
El fiscal Rodríguez relevó que la mayor cantidad de solicitudes recayeron sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (226 consultas), el desaparecido policía proteño Arshak Karhanyan (92 veces) y el presidente Alberto Fernández (76 consultas).
Pero también hay dirigentes de JxC y personas afines al principal partido de la oposición: la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich; la referenta de la Coalición Cívica Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy; el diputado de Avanza la Libertad José Luis Espert; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; el diputado radical Facundo Manes y el precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei.
Con información de Télam y NA
