Por Lucía Bernstein Alfonsín
El femicidio de Catalina Gutiérrez, la joven cordobesa de 21 años, conmocionó a todo el país. A pocos días de que hallaran el cuerpo sin vida de la estudiante de arquitectura en un descampado, quien era su amigo y compañero de facultad, Néstor Soto, confesó el crimen. Su justificación activó las alarmas y estremeció a quién escuchó: «Era el amor de mi vida», reveló el joven en su declaración.
El asesinato de Catalina se suma a una larga lista de femicidios y travesticidios que no para de aumentar en el país. Desde 2020, el Observatorio Lucía Pérez lleva un registro diario de los casos de victimas del violencia de género. La periodista e integrante del Observatorio, Anabella Arrascaeta, dialogó con La Patriada Web y explicó que el primer padrón autogestionado y público busca ser una suerte de «radiografía de la violencia machista en el país».
En un contexto de retirada del Estado y desarticulación de políticas publicas orientadas a la prevención de la violencia de género, el gobierno de Javier Milei continua profundizando la situación de vulnerabilidad de las victimas.
Año 2024: las cifras de la violencia patriarcal a hoy.
🔴171 femicidios y travesticidios
🔴107 herfanxs
✊193 Marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal
Acá toda la información: https://t.co/USnuX9A3EW— Observatorio Lucía Pérez (@ObserLuciaPerez) July 26, 2024
Fue en la madrugada del jueves 18 de julio cuando encontraron a Catalina Gutiérrez sin vida dentro de un Renault Clio estacionado en medio de un descampado de la capital cordobesa. Hasta allí, llegaron gracias a la aplicación de rastreo de su teléfono celular. La causa de muerte -según la autopsia preliminar- fue asfixia por estrangulamiento y los peritos descartaron un abuso sexual.
Néstor Soto, también de 21 años y oriundo de San Carlos de Bariloche, cursaba con ella en la Universidad Nacional de Córdoba. Durante la investigación, el joven se acercó hasta la Unidad Judicial para declarar en calidad de testigo, como amigo de la víctima, pero llegado el momento de su relato, lleno de inconsistencias, se quebró y confesó que fue había sido él quien la asesinó.
Soto afirmó que cometió el crimen porque «era el amor de su vida», pero no mantenía una relación amorosa con Catalina porque ella estaba en pareja con otra persona. De inmediato, el estudiante fue detenido e imputado por el delito de homicidio simple.
Este martes, el fiscal fiscal a cargo del caso, José Alberto Mana, decidió cambiar la imputación a homicidio agravado por alevosía y violencia de género, lo que podría llevarlo a enfrentar una prisión perpetua. La semana próxima, Soto será indagado y deberá repetir su confesión para que esta tenga validez procesal.
En 2023, el informe anual del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), difundido por la Oficia de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN), reveló que fueron 272 las víctimas letales de violencia de género en la Argentina. En promedio, en el país se registró una víctima directa de femicidio cada 35 horas y una víctima de la violencia letal de género cada 32 horas.
Catalina iba a encontrarse con sus amigos el miércoles por la noche. Nunca llegó. El jueves a la madrugada, el auto en el que viajaba fue hallado en un descampado. Adentro, encontraron el cuerpo sin vida de la joven de 21 años. La justicia debe garantizar una investigación… pic.twitter.com/NRmWz4Ohs4
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) July 19, 2024
El Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez realiza el trabajo diario de recolección de información para completar el padrón histórico de los últimos diez años, que da cuenta de la radiografía de la violencia machista en Argentina.
Con un registro de más de 4000 femicidios y travesticidios, cada caso contienen el detalle de datos como el nombre, edad, fecha, lugar, cómo fue cometido, la información del femicida, el o la fiscal y la condena, entre otros. En lo que va de 2024 se llevan contabilizados 171 femicidios.
«Nos parece fundamental tener la información actualizada», dijo Anabella Arrascaeta en diálogo con este medio. Sin pausa ni descanso, las integrantes del Observatorio actualizan el padrón para tener al día la información.
Arrascaeta contó que, además de realizar la «recolección y sistematización» de la información en relación a femicidios y travestisidios, también trabajan en padrones de marchas y movilizaciones en búsqueda de justicia, de tentativas de femicidios, de funcionarios denunciados por violencia y la elaboración de un calendario de juicios que se llevan adelante en búsqueda de justicia.
Catalina Gutiérrez (21)salió de su casa para encontrarse con amigxs. Su compañero de estudios Néstor Aguilar Soto confesó haberla matado luego de decir que ella era “el amor de su vida”. La violencia patriarcal nos sigue matando en nombre del amor.
Fue femicidio. #NiUnaMenos pic.twitter.com/QawVIfN4l3— #VivasNosQueremos (@ColectivoNUM) July 19, 2024
Sobre el sistema de recolección de datos para la confección del padrón, explicó: «Hacemos la búsqueda de información a través de medios nacionales, provinciales, locales y zonales y realizamos pedidos de información pública. Además, estamos en contacto con organizaciones y movimientos sociales, organizaciones de base, de familiares que sufrieron algún feminicidio o travesticidio en su familia. Se genera una red en la que la información circula, por lo que cuando algo sucede, nos llega».
«Por ejemplo, esta semana nos avisaban de un femicidio que hubo en Mar de Plata, donde el sospechoso está prófugo. Y antes de verlo en los medios, nos había llegado por familias de allí», agregó.
Para Arrascaeta, el femicidio de Catalina en Córdoba «volvió a activar las alarmas e instalar el tema en la agenda pública, mediática, social y política».
«Celebramos que el tema esté en agenda porque es urgente y requiere toda la atención. Cuando un caso toma más trascendencia sirve para visibilizar todos los demás. Nos parece siempre importante poder salir del caso por caso e intentar ver la máquina femicida que hay detrás. Pasar de lo particular a lo sistémico y entender que hay un entramado de violencias y complicidades que hacen que esto siga sucediendo», afirmó.
Y sostuvo: «Ojalá se pueda tener justicia para esa familia, para esa comunidad, para sus amigas, para todo el entramado de afectos de Catalina».
La información sobre los casos incluidos en el padrón están disponibles de manera online en la web del Observatorio. «Nos parece importante no dar solo una cifra del estado de situación -dijo Arrascaeta-, sino que ir reconstruyendo la mayor cantidad de información en torno al crimen. Por eso trabajamos para que aparezca el nombre, la edad, de dónde era, qué pasó, si tenía hijos, si había hecho denuncias, si estaba embarazada y más», comentó.
Desde que asumió, el gobierno de Milei apuntó contra todas las áreas institucionales del Estado que se dedicaban a enfrentar la violencia de género en el país. Así se dedicaron a realizar acciones de impacto simbólico, como el cambio de nombre del Salón de las Mujeres en la Casa Rosada —anunciado el 8 de marzo, Día de la Mujer— o la eliminación del lenguaje inclusivo en la administración pública.
Pero, además, tomaron medidas de impacto directo en la población, como la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el desfinanciamiento de programas como el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) o Acompañar, de ayuda a las víctimas de violencia de género, el desmantelamiento de dispositivos territoriales como los CDR (Centros de Referencia) o CAJ (Centros de Acceso a Justicia) y el despido de la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores que los sostenían.
«La desarticulación, el desmantelamiento y el vaciamiento de presupuestos, de recursos, de herramientas, la cantidad de trabajadoras a las que dejaron sin trabajo, afecta en el acceso a derechos y en el acceso federal a derechos«, alertó Arrascaeta.
En ese sentido, explicó: «Para poder acceder a los derechos, como por ejemplo a la Ley Brisa, una norma de reparación para hijos, hijas e hijes cuya madre, padre o progenitor afín murió a causa de violencia de género, uno tiene que saber que esa ley existe y si el espacio que articulaba para la prevención o la atención de violencias en donde uno vivís ya no existe, no te enteras».
Una de las últimas medidas llevadas a cabo por el Gobierno fue el despido del 85% de las trabajadoras y trabajadores de la Línea 144, que asiste de manera telefónica a mujeres y personas LGTB en situación de violencia las 24 horas en todos el país.
En el primer trimestre de 2024, la línea recibió 9.011 comunicaciones relacionadas con situaciones de violencia de género, realizó 18.409 asistencias y cuenta con 9.957 casos de violencia de género que se encuentran en seguimiento.
Como consecuencia de los despidos en la Subsecretaría a comienzos de julio, las trabajadoras denunciaron que hay guardias de la línea que quedaron con solo dos personas a cargo, lo que hace imposible la sostenibilidad del servicio que se prestaba.
«Así se va cortando la cadena de acceso a derechos y el Estado tiene la responsabilidad. Que existan políticas públicas para la prevención de la violencia de género, la atención, el seguimiento, la reparación y el acceso a justicia no es solo una cuestión de voluntad política. El Estado tiene la obligación de cumplir con leyes nacionales, como la 26.485 de Protección integral de las mujeres, como con compromisos internacionales asumidos al los que Argentina adhirió», aclaró la integrante del Observatorio.
Y completó: «Yo creo que el impacto lo vamos a ir viendo en los meses que siguen. Desde el Observatorio lo que hacemos es intentar sistematizar el registro para poder ver justamente cuestiones como estas».
