El CELS y Memoria Abierta elaboraron un informe en el que detallaron el desmantelamiento total o parcial de las políticas sostenidas durante 40 años de democracia.
En seis meses al frente del país, el gobierno de Javier Milei «desmanteló, total o parcialmente, políticas claves para el proceso de memoria, verdad y justicia«, aseguraron dos organismos defensores de los derechos humanos en un informe.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta citaron como ejemplos de esta política oficial la decisión de paralizar el relevamiento de los archivos de las Fuerzas Armadas y el registro audiovisual de los juicios por delitos de lesa humanidad, como también poner «en suspenso debilitar» las reparaciones relacionadas con la preservación y funcionamiento de sitios de memoria.
¿Sabés qué está pasando con los Sitios de Memoria?
La decisión del gobierno de despedir a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de estos espacios significa que podrían cerrar los lugares donde encontrarse con sobrevivientes, conocer, aprender y discutir.
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«La política de memoria, verdad y justicia se ve afectada por una combinación del ajuste general de los fondos públicos y el desfinanciamiento y/o vaciamiento de estructuras«, indicaron el CELS y Memoria Abierta en el informe, en el que evaluaron la afectación a las políticas públicas claves como el enjuiciamiento y castigo a los responsables de crímenes masivos cometidos durante la última dictadura, la desclasificación y relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la búsqueda de bebés y niños apropiados y la recuperación de sitios vinculados a la represión para su resignificación como espacios de memoria.
En ese sentido, afirmaron que algunos de los «máximos funcionarios del Gobierno caracterizan al proceso de justicia como un acto de hostigamiento y humillación a las Fuerzas Armadas, a las políticas de memoria y educación en derechos humanos como adoctrinamiento, a las políticas de reparación como un ‘curro’ de los organismos de derechos humanos y del colectivo de víctimas, y a las políticas de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas como un ‘accionar paraestatal'».
«El nuevo gobierno sostiene posiciones revisionistas y negacionistas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Este tipo de posiciones representan un daño mayúsculo a la construcción social, política e institucional que simboliza el Nunca Más para la democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal de la Nación», agregaron.
