por Fabián Waldman
Mientras se discute la validez del DNU 941/2025 que dio un nuevo marco legal y estructural a la SIDE, en el gobierno ya anticipan que enviarán al Congreso nuevas leyes para modificar y desarmar la normativa ligada a la Inteligencia, la Seguridad Interior y la Defensa Nacional.
Se conoció ayer el rechazo a los amparos presentados por distintas organizaciones y partidos políticos contra la nueva normativa. Así lo dispuso el juez Walter Lara Correa, quien desestimó las peticiones al considerar que los demandantes no eran sujetos perjudicados directamente por la modificación planteada.
También esta mañana ingresó al Congreso el DNU 941/25 para su tratamiento en la Comisión Bicameral de DNU y de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. En Casa Rosada vieron esta medida como lógica y se mostraron conformes con la resolución judicial.
El DNU 941/2025, publicado en el Boletín Oficial el pasado 2 de enero, echa por tierra toda la jurisprudencia existente. Habilita mayor apoyo de las FF.SS. y FF.AA., y permite que la SIDE adopte roles que históricamente estuvieron tutelados.
El plexo normativo compuesto por la Ley 23.354 de Defensa Nacional, la Ley 24.059 de Seguridad Interior y la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional fue consensuado a lo largo de los cuarenta y dos años de democracia, desde 1983, por los partidos políticos.
Cada una de ellas define con claridad los límites, las herramientas posibles para utilizar y las penalidades para aquellos que pretenden, desde el Estado o la sociedad civil, atentar contra el proceso democrático.
La experiencia de la Dictadura Cívico-Militar y Eclesiástica permitió avanzar con detalles sobre las definiciones que pueden marcarse como posibles acciones contra la democracia; impiden, entre otras cosas, la participación de las FF.AA. como apoyo de las FF.SS. También establece la forma en la cual deben llevarse adelante las investigaciones ligadas a los servicios de inteligencia.
El gobierno nacional planea la desaparición de toda esa doctrina, pues sostiene que estuvo redactada por “Horacio Verbitsky, la hizo el CELS” y afirma su inutilidad. El periodista fue durante varios años titular del Centro de Estudios Legales y Sociales.
En el entorno de Santiago Caputo, referente del gobierno en esta área, señalan: “No hay nada nuevo en esta reglamentación, todo esto ya existía. Lo único que estamos haciendo es ordenarlo”.
Sin embargo, los amparos, análisis y consideraciones planteadas por organismos de DD.HH., partidos políticos y organizaciones sociales van dirigidas en sentido contrario. Aunque no está previsto realizarlo en un tiempo cercano, figura en los planes de los libertarios la destrucción de esa disposición.
Todos los cambios se harán a través de proyectos enviados al Congreso; no serán implementados por decreto, aseguraron a La Patriada Web esta mañana en Balcarce 50. La Ley 25.520 prohíbe expresamente que inteligencia tenga funciones policiales represivas sin orden judicial, mientras que el Decreto 941/2025 habilita a la SIDE a requerir la colaboración de fuerzas de seguridad y, en la práctica, habilita roles operativos que pueden parecer policiales.
La Ley de Defensa Nacional data del 13 de abril de 1988, sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín; la Ley de Seguridad Interior es del 17 de enero de 1992, bajo la presidencia de Carlos Menem; y la Ley de Inteligencia Nacional, del 27 de noviembre de 2001, cuando llegaba a su fin el mandato de Fernando de la Rúa.
Tres gobiernos distintos, tres contextos diferentes. Pero sobre la base de un concepto común: barreras para impedir el desarrollo de políticas similares a las vividas durante el período entre 1976 y 1983.
Por otro lado, el DNU redefine la contrainteligencia con mayor amplitud y la pone bajo el mando de un oficial de las FF.AA., lo cual genera una superposición de mando y una mezcla civil-militar inédita. Sin embargo, cada una de las disposiciones fue realizada en distintos momentos políticos y circunstancias.
Mientras la Ley de Inteligencia actual plantea límites claros para la obtención y traslado de información, la modificación de la misma diluye la frontera entre seguridad interior y producción de inteligencia.
