El Poder Ejecutivo reformó integralmente la Ley de Inteligencia mediante el DNU 941/25, una medida que habilita a los agentes a realizar detenciones y centraliza el manejo de fondos reservados bajo la doctrina de «Riesgo Estratégico Nacional».
En una maniobra de alto impacto institucional consumada durante las últimas horas del 31 de diciembre, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, una norma que reforma en profundidad la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) y otorga a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) una hegemonía operativa inédita, dotándola de facultades de naturaleza policial y una vasta discrecionalidad presupuestaria.
El eje vertebral de la reforma radica en un cambio de paradigma conceptual y operativo mediante la introducción de la figura de «Riesgo Estratégico Nacional». Bajo este nuevo paraguas doctrinal, el artículo 2° bis del decreto estipula que todas las actividades realizadas en el ámbito de la Inteligencia Nacional revestirán carácter encubierto en virtud de su sensibilidad. Esta cláusula otorga un blindaje jurídico de opacidad a la totalidad de las maniobras de los organismos de inteligencia, revirtiendo criterios históricos de transparencia y control civil sobre las actividades de espionaje.
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La normativa consagra a la SIDE como el vértice indiscutido del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), otorgándole la conducción directa sobre todos los organismos componentes mediante una centralización que conlleva prerrogativas alarmantes para la oposición y los organismos de Derechos Humanos. Una de las modificaciones más polémicas es la que faculta a los agentes de inteligencia a «aprehender» personas, ya sea bajo la figura de flagrancia o mediante orden judicial, una potestad que históricamente había sido segregada de las funciones de inteligencia para evitar la conformación de una policía política.
A su vez, la Secretaría consolidará un poder económico autónomo, dado que tendrá bajo su control la aprobación y supervisión de los presupuestos de toda el área, incluyendo el manejo discrecional de los gastos reservados. Esta omnipresencia se extiende al flujo de datos, ya que la SIDE queda habilitada para requerir información a todos los organismos del Estado nacional, así como a las administraciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En paralelo, el decreto dispone la reconversión de la antigua Agencia de Seguridad Nacional en la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia. Este organismo operará bajo una definición de amenazas deliberadamente laxa, abarcando espionaje, sabotaje, injerencia externa y operaciones de influencia que afecten el orden constitucional o los intereses estratégicos del país. Asimismo, la reforma reconfigura la inteligencia digital trazando una línea divisoria entre la ciberseguridad defensiva y la ciberinteligencia ofensiva, una bifurcación que cristaliza en el organigrama estatal la disputa de poder entre los dos alfiles más influyentes del entorno presidencial: Karina Milei y Santiago Caputo.
Por un lado, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, conducida por Manuel Adorni, funcionario que responde políticamente a la Secretaria General de la Presidencia. Su misión será planificar y supervisar la protección de infraestructuras críticas y absorberá el patrimonio de la disuelta Agencia Federal de Ciberseguridad. Por otro lado, la nueva Agencia Federal de Ciberinteligencia permanecerá bajo el control directo de la SIDE, liderada por Cristian Auguadra —quien reemplazó a Sergio Neiffert tras su traumática salida—, un funcionario alineado con el asesor Santiago Caputo, con foco exclusivo en la inteligencia en el ciberespacio.
Para justificar la utilización del DNU, el Poder Ejecutivo alegó que esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un retraso incompatible con los objetivos de seguridad, sosteniendo que la Comisión Bicameral tiene competencia para validar la norma a posteriori. Para operativizar este nuevo esquema de vigilancia, se crean dos grandes ámbitos de coordinación bajo la tutela de la SIDE: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que reúne a los organismos de espionaje y áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; y la Comunidad Informativa Nacional. Esta última integra a entes generadores de datos masivos, tales como Ministerios, el Renaper, Migraciones, Aduanas y organismos del sector nuclear, los cuales deberán suministrar información bajo los procedimientos técnicos que dicte la propia Secretaría.
La oposición rechazó la reforma y denunció la creación de una “policía política”
La inminente publicación de la norma ha desatado una ola de críticas transversales en el arco político, donde convergen el kirchnerismo, el radicalismo, la Coalición Cívica y el socialismo, denunciando la instauración de una «policía secreta» y la legalización del espionaje interno.
Jorge Taiana, exministro de Defensa y diputado nacional, advirtió que la medida es básicamente una ampliación de funciones que da marco legal a lo que ya hacen de facto, alertando sobre la deriva hacia un «Estado policial» que perseguirá opositores. En este sentido, Taiana subrayó que se autonomiza la inteligencia militar del control civil, disolviendo la Diniem y concentrando el poder en el Estado Mayor Conjunto, subordinando a las Fuerzas Armadas como auxiliares de seguridad interna.
En relación al DNU del 31/12/2025 que amplía y reordena las áreas de inteligencia, Mi impresión es que:
1) básicamente es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo ya hacen y a lo que quieren hacer.
2) la consecuencia será un Estado…
— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) January 1, 2026
En sintonía con estas advertencias, el dirigente radical Ricardo Alfonsín calificó la medida como un acto realizado «entre gallos y medianoche», expresando profunda preocupación institucional, mientras que Leopoldo Moreau aseveró que el decreto clausura definitivamente la conducción civil de la inteligencia. Desde el socialismo, el diputado Esteban Paulón puso el foco en la interna oficialista, señalando que la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo constituye un riesgo para la seguridad nacional.
Entre gallos y medianoche Milei modifica la ley de inteligencia!
Más allá de su contenido -que habrá que analizar con detenimiento-, me causa gran preocupación la modificación de la ley de Inteligencia.
¿Por qué digo q me causa preocupación + allá de sus contenidos?
1.Porque lo…— Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) January 1, 2026
Si se confirma esta información, sobre un DNU que vuelve a modificar la estructura de la SIDE, estaríamos en presencia de una suma de aberraciones: el DNU, con su contenido y alcance, implica el dictado de una nueva Ley de Inteligencia, violando expresamente la Constitución…
— Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) January 1, 2026
Ante la gravedad del escenario, la oposición ha comenzado a articular una respuesta institucional, exigiendo el tratamiento inmediato del DNU en ambas cámaras para proceder a su rechazo, mientras la Comisión Bicameral de Inteligencia prevé formalizar un pedido de informes al Ejecutivo.
Por su parte, el bloque del PRO mantiene un sugestivo silencio público, aunque sus referentes ya coordinan acciones para auditar el alcance real de una reforma que promete ser el primer gran conflicto político de 2026.
