Por Fabián Waldman
La discusión salarial cobró relevancia después de que los agentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tuvieron un incremento de 5%, superior a otros ámbitos de la Administración Pública Nacional (APN).
«Se la van a tener que aguantar». Los salarios no son solo un problema que aqueje a los simples mortales, sino también a los funcionarios. La frase pertenece a uno de los integrantes más importantes del gabinete de Javier Milei.
La disparidad de salarios que se pagan entre los trabajadores y funcionarios distintos organismos del Estado corroe la paciencia inclusive de aquellos que llegaron al Gobierno para cumplir tareas políticas de la mano de Milei. Y arrastra todos los escalafones estatales. Hay que «mantener los trapos» cuando todos los trabajadores estatales apenas acceden a paritarias que alcanzan el 1% de aumento mensual. Los salarios «pisados» forman parte de la ecuación oficial para que la inflación no «se dispare».
La administración libertaria no tomó en cuenta los incrementos en el costo de vida causados por la devaluación del 118% dictada por Milei al comenzar su mandato. Los trabajadores del Estado sufren una caída del poder adquisitivo del 30%.
En enero de 2024 fue despedido quien era secretario de Trabajo, Omar Yasin, acusado de ser responsable del «error» de aumentarle el salario a Milei y otros funcionarios del gabinete. Aquel hecho concluyó con la devolución, al mes siguiente, de los montos adicionales percibidos.
En la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los salarios de los funcionarios pueden rondar 5.000.000 de pesos, mientras que un ministro del Poder Ejecutivo «solo» percibe 3.000.000 millones. Mucho más cobra un senador: 9.000.000 de pesos.
La discusión salarial cobró todavía más relevancia después de que los agentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tuvieron un incremento de 5%, superior a otros ámbitos de la Administración Pública Nacional (APN).
Para Milei, esta situación es culpa de los gobiernos anteriores y la situación actual no puede revertirse de un día para otro. La herencia recibida y la falta de responsabilidad propia es una marca en el orillo de algunos gobiernos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo que escuchar el reclamo salarial por parte de un gendarme en Salta, provincia a la que viajó para colocar el primer pilote del cerco con el cual el Gobierno pretende impedir el contrabando en la frontera desde y hacia Bolivia.
FRONTERAS BLINDADAS, NARCOS ACORRALADOS
Antes saltaban como si nada, ahora los tenemos cercados. En Aguas Blancas, Salta, con esta cerca y tecnología de última generación, se terminó el descontrol: no hay más atajos, no hay más impunidad. Fronteras blindadas, máxima seguridad.… pic.twitter.com/jE61QDlNcM
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 10, 2025
Un miembro de la Gendarmería le planteó a Bullrich que el salario que percibe no es suficiente. «Usted tiene que confiar«, fue la respuesta de la ministra al agente.
El lunes pasado, decenas de familiares de agentes de la Gendarmería se manifestaron frente a la sede de la fuerza, el Edificio Centinela, en Buenos Aires. Las promesas de Bullrich no terminaron allí, sino que incluyeron la entrega de un Plan Procrear para poder acceder a una vivienda.
El Procrear es una política pública de vivienda iniciada en 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su sucesor, Mauricio Macri, la mantuvo a cuentagotas y fue revitalizada por Alberto Fernández.
Milei, por su parte, abandonó las obras que, en algunos casos estaban avanzadas en un 90% y en otras solo un 10% y este martes se conoció la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.
Esta dependencia era la responsable de llevar a cabo el Plan Procrear 2, por medio del cual, y en forma transparente, se podía acceder a la casa propia.
Argentina registra una situación de emergencia habitacional, con un déficit de casi 4.000.000 de viviendas, según un informe elaborado conjuntamente por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la organización TECHO Argentina.
