El mandatario ecuatoriano firmó la primera ley, luego de invocar la «muerte cruzada» para evitar su destitución.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó la nueva reforma tributaria, luego de decretar este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y pedir a las autoridades electorales el llamado a comicios generales, decisión que los ecuatorianos llaman «muerte cruzada» y que le permitirá al mandatario gobernar seis meses por decreto.
La llamada Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, que fue presentada la semana pasada en el Palacio de Carondelet, sede del poder Ejecutivo, es la primera normativa establecida por decreto que firma Lasso, tras decretar la «muerte cruzada». La medida del presidente, a quien el Parlamento estaba enjuiciando por presunto peculado (malversación), fue denunciada por la oposición ante la Corte Constitucional. El gobierno, por su parte, apuntó a mostrarse fuerte dictando el primer decreto con esta medida vigente.
La iniciativa amplía el techo de exoneraciones tributarias en base a los miembros de cada familia y se convierte en la primera legislación que aparece durante el periodo extraordinario en el que Lasso gobernará por decretos.
La ley contempla un aumento de los gastos deducibles anuales, que podrá ser de hasta 15.294 dólares dependiendo del número de cargas familiares. Según el ministerio de Economía y Finanzas, en Ecuador existen 341 mil contribuyentes que pagan impuesto a la renta, y con la reforma tributaria se beneficiará directamente al 99,8 por ciento, es decir, a 340.318 contribuyentes, que tendrán, cada uno, un ahorro promedio de 558 dólares en el pago del impuesto.
El ministro de Economía, Pablo Arosemena, explicó en declaraciones a la prensa que este “replica el proyecto de ley que había sido enviado la semana pasada a la Asamblea Nacional”, y aseguró que hay «sensibilidad especial por las familias que tienen varias cargas familiares o enfermedades raras y catastróficas».
La nueva reforma crea una tasa del 15 % de impuesto a la renta para las casas de apuestas deportivas. El texto, ya con la firma de Lasso, será enviado a la Corte Constitucional para su correspondiente revisión y validación. «Vamos a seguir en la línea de poner plata en los bolsillos de las familias ecuatorianas, especialmente en la clase media y los microemprendedores», añadió el ministro.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, mencionó que el segundo decreto a emitir sería una reforma laboral, mientras que en el sector energético también se estarían analizando posibles concesiones de acuerdo al diario digital El Telégrafo.
La primera reforma tributaria emitida por Lasso en diciembre de 2022 recibió después la negativa de la Asamblea Nacional, que votó por su derogación, pero el presidente mantuvo la norma al vetar de manera integral la disposición del Legislativo. La nueva reforma tributaria modifica parcialmente la reforma aplicada por Lasso al poco tiempo de llegar al poder.
Juicio político y «Muerte cruzada»
Lasso recurrió a la «muerte cruzada» en medio del juicio político iniciado por la oposición, al acusarlo del delito de peculado por unas supuestas condiciones perjudiciales para el Estado en unos contratos de transporte marítimo de petróleo. El mandatario optó por esta figura contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 ante la incertidumbre de no reunir los votos suficientes para salvar la moción de censura en el hemiciclo.
«Es una decisión democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir», expresó Lasso, a quien la Constitución le permite postularse en los nuevos comicios. En su discurso emitido por cadena nacional, el mandatario acusó al Parlamento de querer «desestabilizar al gobierno, la democracia y el Estado», en el contexto de un país sumido en una crisis de inseguridad a manos del crimen organizado.
La Carta Magna fija tres causales para que el Ejecutivo declare la «muerte cruzada», incluidas grave crisis política y conmoción interna, el motivo invocado por Lasso, quien atribuyó este estado a la crisis política generada por el juicio político en su contra. Las otras causales son que el Parlamento se arrogue funciones que no le competan constitucionalmente, o si, de forma reiterada e injustificada, el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
Hasta el avance del proceso electoral y la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá expedir decretos-leyes de necesidad y urgencia económica, que deberán tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional y podrán ser aprobados o derogados por la nueva legislatura que se posesione hasta el término del periodo. Incorporada en el texto de la Constitución en un proceso iniciado por el expresidente Rafael Correa, la «muerte cruzada» fue incluida teniendo en cuenta la historia turbulenta de Ecuador que terminó con tres mandatos presidenciales en nueve años: los de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
Demandan inconstitucionalidad al decreto de Lasso
Por su parte, el expresidente de Ecuador Rafael Correa aseguró que es ilegal la «muerte cruzada» decretada por el actual presidente, Guillermo Lasso. En un mensaje en redes sociales, Correa cuestionó el argumento de «grave conmoción política e interna» esgrimido por Lasso para recurrir a esta figura constitucional.
Asimismo, el opositor Partido Social Cristiano anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad al decreto por el cual el jefe de Estado, Guillermo Lasso, disolvió el Parlamento y pidió que se convoque a elecciones anticipadas de autoridades del Legislativo y el Ejecutivo. En un comunicado, el PSC señaló que no existen al momento causales para aplicar la llamada «muerte cruzada», que contempla la Carta Magna, por lo que consideró que el jefe de Estado ha violado la Constitución.
«Procederemos a presentar ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad con medida cautelar de suspensión del Decreto Ejecutivo 741 del 17 de mayo de 2023», reza el escrito colgado en la cuenta de Twitter del líder socialcristiano, Jaime Nebot.
El PSC consideró que «en lo político y en la práctica, el Presidente se ha declarado dictador, aunque sea por corto tiempo», pues gobernará por decreto hasta que se realicen las elecciones, como lo establece la Constitución.
