Ayer se vivió una jornada de gran tensión política y social, cuando el Senado de la Nación dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, en medio de una fuerte movilización y represión en las inmediaciones del Congreso Nacional.
Mientras la Cámara alta debatía el proyecto, una multitud de trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales se congregó para manifestar su rechazo a la iniciativa oficial. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo con más de 800 efectivos, utilizando gases lacrimógenos, balas de goma y otras armas de dispersión para desarticular la protesta.
El saldo de la jornada fue brutal: más de 300 personas resultaron heridas por la represión; 31 manifestantes fueron detenidos y 70 más quedaron demorados. Varios de los heridos fueron asistidos por postas sanitarias y equipos de salud voluntarios. Hubo agresiones incluso contra periodistas y auxiliares sanitarios.
Diversos organismos de derechos humanos denunciaron que la mayoría de las personas reprimidas se manifestaban de forma pacífica y que la violencia fue desproporcionada, con episodios que incluyeron gas pimienta y disparos dirigidos por encima de la cintura, lo que está prohibido por protocolos establecidos.
Mientras se desarrollaban estos hechos en las calles, el Senado sesionó hasta altas horas de la madrugada y logró otorgar media sanción al proyecto de reforma laboral con 42 votos a favor.
El texto, cuyas modificaciones finales se conocieron recién al término de la sesión, incorporó cambios solicitados por algunos sectores gremiales y gobernadores, aunque estos se dieron en los tramos finales del debate.
El oficialismo, liderado por Patricia Bullrich y aliados, consiguió el apoyo de bloques como la Unión Cívica Radical y diversas fuerzas provinciales, mientras que el interbloque peronista rechazó la iniciativa de forma unificada.
Con esta media sanción, el proyecto continúa su camino legislativo hacia la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley. El texto ha despertado fuertes críticas de sindicatos, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, que advierten sobre posibles retrocesos en derechos laborales históricos.
El clima político y social permanece caldeado tras la represión de ayer, y las organizaciones convocantes de la protesta ya anticiparon nuevas acciones de rechazo si el proyecto continúa avanzando sin cambios profundos.
