por Fabián Waldman.
El gobierno modificó hoy la metodología para integrar la Corte Suprema. En Casa Rosada aceptan que se trata de un retroceso y una medida poco transparente. La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia tuvo varios motivos. Como miembro de la familia judicial, llegó con la promesa no escrita de aportar miradas benignas sobre las causas en las cuales están involucrados miembros del gobierno. Para ello, la movida más importante es la realizada en la jornada de hoy. La posibilidad de acortar los tiempos, modificar los condicionamientos y restringir la participación ciudadana para permitir la llegada de nuevos integrantes de la Corte Suprema.
El Gobierno decidió avanzar finalmente con su intención de consolidar un Poder Judicial asociado a su gestión. La reglamentación que vio luz esta mañana da por tierra con los parámetros establecidos en el año 2003 por Néstor Kirchner a través del decreto 222. Hasta fines del año pasado, cuando la conducción de la Justicia estaba en manos de Santiago Caputo a través de Sebastián Amerio, el mantra que reiteraban era “Milei está conforme, no está interesado en completar la Corte”.
El nombramiento de Juan Bautista Mahiques en la cartera judicial cambió la perspectiva del análisis. Las causas judiciales en las cuales está involucrado el gobierno: $LIBRA, ANDIS, PAMI y las del propio Manuel Adorni, la decidieron a Karina Milei para avanzar sobre el dominio de Santiago Caputo. Las relaciones aceitadas de Mahiques con la familia judicial fueron la zanahoria para una administración que no vislumbraba concretar los cambios esperados.
Mahiques aceleró los tiempos y de la mano de la muñeca política de Patricia Bullrich en el Senado pudo consagrar nuevos jueces, fiscales y defensores en todo el país. Dejó de lado cuestionamientos y avanzó con las del hijo de Horacio Rosatti, la secretaria de Julián Ercolini y la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Finalmente, Karina Milei terminó aceptando la necesidad de completar el tribunal más importante del país, con novedades para llevarlo adelante.
Los candidatos a ocupar las dos sillas vacantes son el juez Mariano Borinsky, integrante de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, y uno de los participantes en la visita a la estancia del magnate Joe Lewis; y Karina Perilli, jueza del fuero penal económico. Los nuevos nombramientos se harán bajo la norma dictada hoy con el aval del Senado y dentro del año legislativo. En Balcarce 50 no quieren reiterar los problemas generados por los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, cuando se negaron a la convalidación de sus cargos y exigieron la renuncia de ambos.
Hoy el panorama es diferente. La Libertad Avanza consiguió en el Senado los votos para dar la continuidad a su padre, el juez Carlos Mahiques, a pesar de sus antecedentes en Lago Escondido. Esto terminó de definir y le otorgó la confianza suficiente a Juan Bautista Mahiques para continuar su política de cambios. Hoy en Casa Rosada admiten la utilización de una maniobra que hará poco transparente la elección de los magistrados que, sin dudas, producirá un retroceso en la democracia. Los derechos de tercera generación que permiten incrementar la participación ciudadana y ampliar la base de sustentación de la democracia no son valorados por la administración libertaria.
El discurso en contra de la casta utilizado para llegar al poder, montado sobre un descreimiento de la política tradicional, podrá ser utilizado para otra ocasión. El texto del decreto 222 firmado por Kirchner en 2023 llegó en un contexto de crisis de legitimidad del Poder Judicial tras el colapso de 2001. Así, Kirchner buscó abrir el proceso de designación de jueces de la Corte a la ciudadanía e incorporó etapas de participación ciudadana para presentar impugnaciones y observaciones.
Además, fijó criterios a considerar por el Poder Ejecutivo. Se destacaban entre ellas la composición equilibrada por especialidad, edad, género y procedencia regional y que el informe impositivo y previsional no tenía plazo fijo. Esa misma norma exigía publicar el nombre del candidato durante 15 días en diarios de circulación nacional y local, así como en la web del Ministerio de Justicia. Por el contrario, el texto conocido en esta jornada, bajo el número 467, elimina las sugerencias sobre el armado del tribunal.
Por su parte, el decreto 467 emitido hoy trata de justificar su sanción en eliminar etapas administrativas previas que duplican instancias que ya existen en el Senado como las audiencias públicas. Las elimina para agilizar la cobertura de vacantes judiciales, justifican en el Ejecutivo. Además, le devuelve al Presidente plena discrecionalidad política en la nominación, sin parámetros normativos obligatorios, y fija un plazo de cinco días para que ARCA emita el informe, buscando acelerar el trámite.
aviso_343100
