En una semana crítica para la Policía de la Ciudad, la Justicia detuvo al oficial Gastón Miño por el homicidio de Gabriel González en Villa Lugano, al mismo tiempo que se confirmó la muerte de Víctor Vargas, víctima de otro operativo bajo sospecha en Constitución.
La Justicia dio un paso clave en las últimas horas al concretar la detención de Gastón Miño, oficial de la Policía de la Ciudad, imputado por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Gabriel González.
El arresto de Miño, quien se desempeña en la Comisaría Vecinal 8A, fue ejecutado por efectivos de la DDI de San Martín de la Policía Bonaerense mediante un allanamiento en dicha localidad. Tras el procedimiento, el acusado fue entregado a la Policía Federal Argentina para su alojamiento y quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, que delegó las actuaciones en la fuerza federal para garantizar la transparencia de la investigación.
El hecho que se le imputa tuvo lugar cerca de las 13 horas del pasado 25 de diciembre en la intersección de las calles Chilavert y Araujo, en el Barrio 20 de Villa Lugano. Según el informe preliminar de la autopsia, González falleció como consecuencia de una hemorragia interna y externa provocada por lesiones de arma de fuego en el tórax y el abdomen.
El parte oficial de la Policía porteña sostiene que los efectivos acudieron al lugar tras un llamado al 911 por disturbios y que, al arribar, fueron atacados con piedras y botellas. Sin embargo, esta versión es categóricamente desmentida por los vecinos del barrio, quienes aseguraron —y registraron en videos— que los uniformados iniciaron una represión injustificada. Tras el episodio, la fuerza porteña informó el inicio de un sumario administrativo y el pase a disponibilidad de uno de los oficiales involucrados.
Muerte y polémica en Constitución
Mientras avanzaba la causa de Lugano, se confirmó el desenlace fatal del segundo episodio de gatillo fácil de la semana. Víctor Vargas falleció en las primeras horas del 1° de enero en el Hospital Ramos Mejía, donde había permanecido internado cuatro días tras ser baleado el 28 de diciembre en el cruce de Salta y Constitución.
En este hecho intervino personal de la Comisaría Vecinal 1C. Según la reconstrucción oficial, Vargas habría sido abatido en medio de una pelea callejera con otra persona en situación de calle. No obstante, la familia de la víctima denuncia un accionar desmedido y una ejecución sumaria. «No es un exceso, fue una bala a la cara y dos al torso. El policía tiró a matar. Lo mataron por pobre y marrón», declaró Orellano, familiar del fallecido, quien viajó desde el interior junto a la madre de Vargas tras ser notificadas del diagnóstico de muerte cerebral.
A diferencia de la celeridad en el caso de Lugano, fuentes judiciales indicaron que, a cinco días del hecho, aún no se ha formalizado una investigación por homicidio. El Ministerio Público Fiscal caratuló inicialmente la causa como “atentado a la autoridad y averiguación de lesiones”, una calificación que pone el foco en la conducta de la víctima y no en el accionar policial, a pesar de que el arma reglamentaria ya fue secuestrada.
Las alarmantes cifras de la Policía de la Ciudad
Estos episodios han reactivado el debate sobre la letalidad policial en el distrito. Un informe publicado recientemente por el diario Tiempo Argentino revela que, desde su creación el 1° de enero de 2017, la Policía de la Ciudad acumula 168 casos de gatillo fácil. Si se contabilizan todas las modalidades (muertes en cárceles, comisarías e intrafamiliares), la cifra total asciende a 205 fallecidos, con un registro de 44 muertes durante los dos primeros años de la gestión actual de Jorge Macri.
Asimismo, la dependencia involucrada en la muerte de Vargas posee antecedentes preocupantes. Según un documento del Ministerio Público de la Defensa porteño emitido a inicios de 2025, la Comisaría Vecinal 1C es la seccional que ha registrado la mayor cantidad de hechos de violencia institucional durante los años 2023 y 2024.
