La reducción presupuestaria está llevando a la paralización de programas de alto impacto en términos sociales y de salud de la población, destacó un informe del CEPA.
En solo nueve meses, el presidente Javier Milei ajustó un 31% la ejecución presupuestaria destinada a las áreas más sensibles de la Administración Pública Nacional (APN).
En un contexto de fuerte reducción en la inversión social, sin embargo, el Gobierno incrementó en un 216% interanual el dinero destinado a la Secretaría de Inteligencia del Estado, «la cual ejecutó nada menos que casi 108 mil millones de pesos acumulado durante el año«.
Además, el Poder Ejecutivo aumentó 18% los fondos destinados al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que lleva gastado 22 mil millones de pesos durante 2024.
Los datos surgieron de un relevamiento hecho por el Centro de Economía Política (CEPA) entre septiembre de 2023 y el mes pasado, lapso en el que «verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó nada menos que el 12% del total».
El informe del CEPA destacó que en septiembre se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-67%), ANMAT (-19%), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-29%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-15%). En el caso del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, del cual el gobierno anunció su intención de cerrarlo, el ajuste interanual es de casi el 20%.
‼️RCP a la Salud Pública.
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— Fabian Waldman ⭐️⭐️⭐️ (@FabianWaldman) October 8, 2024
El CEPA indicó que, en materia científica, «la situación no es mejor, ya que se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como la CONAE, CONICET y CONEAU».
A eso se suma que los organismos de la Seguridad Social «están sufriendo fuertes recortes en la ejecución de sus partidas presupuestarias«.
En el caso de la ANSES, el recorte llega al -18% respecto al año pasado, y también se detectaron recortes del 65% en el INAES; y del 41% en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
«En un contexto recesivo y de caída de ingresos, los programas de Desarrollo Social no tienen el financiamiento necesario. El programa Potenciar Trabajo recorta un 79% de su ejecución. Situación similar vive el programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, con una caída del 79%. Finalmente, el programa de Comedores Comunitarios y Merenderos sufre un ajuste real superior al 85%», sostuvo el CEPA.
En el rubro educativo «se observan fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-98% en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-85%) y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-94%)».
También en materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” (-58%), “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” (-75%), Atención Sanitaria en el Territorio (-96%), y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-90%). Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas sufren recortes de entre el 67% y el 82%.
Finalmente, acerca de las transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios, «los ajustes son muy marcados, encabezados por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-100%), y la Asistencia Técnica a Municipios (-92%)».
«La situación general de la APN es de una fuerte reducción de su ejecución presupuestaria. Reducción que en algunos casos está llevando a la paralización de programas de alto impacto en términos sociales, y de salud de la población. Incluso en un escenario fuertemente recesivo, tampoco se están ejecutando programas de ayuda social, y de estímulo al desarrollo productivo«, culminó el CEPA en su informe.
