Abogados especializados en libertad de expresión cuestionaron la decisión judicial que ordenó frenar la circulación de audios, presuntamente grabados en Casa Rosada. La decisión judicial que prohíbe difundir audios atribuidos a Karina Milei reavivó la polémica por la censura previa, advierten que el gobierno intenta blindarse detrás de medidas inconstitucionales que cercenan el derecho de la sociedad a estar informada.
Los abogados constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Damián Loreti, presentaron ante la Justicia Federal una expresión de agravios contra la medida cautelar que prohibió la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia. La causa, caratulada “Milei, Karina Elizabeth s/ medidas cautelares” (Expediente N° 13.408/2025), abrió un fuerte debate jurídico e institucional en torno al alcance de la libertad de expresión y la prohibición de la censura previa.
El juez de primera instancia había ordenado el 1 de septiembre el cese de la difusión de los audios, grabaciones supuestamente realizadas de manera clandestina dentro de la Casa de Gobierno, argumentando que su difusión podría afectar la intimidad y el honor de la funcionaria, así como comprometer la «seguridad institucional». El juez sostuvo que la medida era provisoria y excepcional, y que buscaba evitar un «daño irreparable».
La presentación de Loreti y Gil Domínguez se suma a los escritos presentados ante el mismo juzgado por los periodistas Fernando Alonso, Mauro Federico, Jorge Fontevecchia y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en conjunto con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA). El magistrado deberá resolver cada uno de estos planteos en los próximos días.
Censura previa en democracia
En su escrito, los apelantes calificaron la medida como «censura previa en sentido estricto», prohibida por la Constitución argentina (arts. 14 y 32) y por tratados internacionales de derechos humanos. Recordaron que, según la Convención Americana, cualquier restricción a la libertad de expresión solo puede ser ulterior, es decir, a través de responsabilidades posteriores en caso de abusos, pero nunca mediante bloqueos preventivos.
«Lo que está en juego no es solo el derecho de los medios a publicar, sino el de toda la sociedad a recibir información de interés público», advirtieron Loreti y Gil Domínguez. Según plantearon, la decisión genera un efecto inhibitorio, el llamado chilling effect, que desalienta la cobertura periodística de temas sensibles. Al privar a la sociedad de información potencialmente relevante para el debate democrático: «el derecho a recibir informaciones e ideas de toda índole es un derecho colectivo, general e indivisible, que no admite segmentación ni apropiación exclusiva por un sujeto procesal», señalaron.
El caso irrumpe en un momento en que la figura de Karina Milei, como secretaria general de la Presidencia, concentra buena parte de la atención política por el rol central que ocupa en la gestión y en la organización interna del oficialismo. La decisión judicial, al involucrar directamente a una de las funcionarias más cercanas al Presidente, carga con un fuerte impacto institucional y mediático.
En este marco, la cautelar no solo genera un conflicto jurídico sobre la libertad de expresión, sino que también alimenta la disputa política: mientras el oficialismo defiende la necesidad de proteger la intimidad y la seguridad institucional, la oposición reclama que prime el derecho ciudadano a acceder a información de interés público, especialmente cuando involucra a funcionarios de primera línea.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal deberá resolver si confirma o revoca la cautelar. De mantenerse el fallo, se abriría la puerta a que funcionarios invoquen su honor o la seguridad institucional para bloquear preventivamente investigaciones periodísticas, algo inédito desde el retorno de la democracia en 1983.
«El Poder Judicial no puede transformarse en un instrumento de silenciamiento del debate público», sostuvieron los abogados en su presentación, que ya anticipa un eventual recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
Antecedentes de la censura previa en la Argentina
- 1992 – Caso Servini de Cubría
La Corte Suprema revocó una cautelar que impedía la difusión de un programa televisivo sobre la jueza María Servini de Cubría. El tribunal advirtió que la prohibición configuraba censura previa y que la libertad de prensa es pilar de la democracia. - 1997 – Caso Salvo Aragón vs. Canal 13
La Cámara Civil y Comercial Federal rechazó un pedido para frenar un informe televisivo por supuesta afectación al honor, remarcando que los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio ciudadano. - 2025 – Caso Karina Milei
Un juez federal dispuso frenar la difusión de audios atribuidos a la Secretaria General de la Presidencia. El fallo fue apelado por especialistas en derecho constitucional, que lo calificaron como «censura previa en sentido estricto».
