Por Guillermo Lipis
El Centro de Estudios Legales y Sociales y Amnistía Internacional Argentina coincidieron en advertir situaciones de «persecución, apertura de causas judiciales, estigmatización, hostigamiento a organizaciones sociales y sindicales» y el intento de silenciar a la prensa como parte de la estrategia que desplegó el Ejecutivo para contener las manifestaciones en su contra.
La historia de la humanidad demuestra que ningún cambio económico que perjudique a la mayoría de la población tiene éxito si no está acompañado por un sistema represivo robusto ante las protestas que provoca.
En la Argentina, «desde diciembre de 2023, es más difícil ejercer los derechos sin correr diversos riesgos. Las acciones del gobierno de Javier Milei buscan promover el miedo y desincentivar la participación social en la discusión de los asuntos públicos», afirmó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un informe publicado bajo el título «Milei. Un año».
Desde Amnistía Internacional Argentina, por su parte, también en su trabajo dedicado al gobierno libertario, explicaron que «2024 marcó un año de serios retrocesos en el ejercicio del derecho a la protesta. Desde la implementación del Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, conocido como Protocolo Antipiquetes, documentamos un patrón de represión y criminalización hacia quienes salieron a las calles a expresar su disenso».
Para el CELS, protestar en la Argentina implica exponerse a una serie de riesgos. «Quienes se manifiestan reciben insultos y amenazas de parte de las más altas autoridades políticas y sus seguidores en redes sociales. Para llegar al lugar convocado para una movilización hay que esquivar caminos bloqueados por las propias fuerzas de seguridad para impedir el desplazamiento de manifestantes», detallan.
Y agregan que «en la calle o el transporte público se puede ser objeto de demoras y requisas ilegales por parte de policías que buscan banderas y otros indicios de pertenencia política, algo no visto desde la dictadura militar. Durante las protestas, hay serios riesgos de sufrir golpes, empujones, enfrentar una corrida o persecución por parte de policías a pie o en motocicletas. O sufrir quemaduras por el uso de gases químicos irritantes. Y recibir impactos de balas de goma en el cuerpo o el rostro. También de perder la vista».
El CELS explicó que «la persecución se desarrolla en dos frentes. Por un lado, a través de decisiones administrativas que restringen la protesta y multan a las organizaciones que convoquen, difundan o participen de manifestaciones. Y el otro frente -indicó- es la apertura de causas judiciales contra movimientos sociales, bajo la excusa de supuestas situaciones de coacción a personas para participar de protestas, o por malversación de recursos estatales.
Al respecto, mencionaron que «el Gobierno también estigmatiza y hostiga a organizaciones sindicales«.
La filial argentina de Amnistía Internacional, por su parte, le puso cifras contundentes a la situación: «En al menos 15 manifestaciones relevadas a lo largo del año, la respuesta estatal se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, teniendo como resultado 1.155 personas heridas, muchas con lesiones graves; 33 personas con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión; 50 periodistas y trabajadores de prensa heridos mientras cubrían las manifestaciones y 73 personas criminalizadas por participar en las protestas”.
La organización humanitaria también asentó la necesidad de «desterrar las detenciones arbitrarias, los actos de violencia y el uso de la fuerza desproporcionada como mecanismo de disuasión frente a manifestaciones pacíficas».
También instaron a «limitar el uso de armas menos letales bajo principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, e investigar y sancionar de manera efectiva a los responsables del uso ilegítimo y excesivo de la fuerza».
La Patriada Web dialogó con Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del CELS, y Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Amnistía Internacional Argentina.
La Patriada Web: En los informes se reporta que desde diciembre de 2023 es más difícil ejercer el ejercicio de opinión sin riesgo y se menciona a la imposición del miedo como herramienta para desactivar o desincentivar la participación social.
Manuel Tufró: Sí, hay un concepto que se usa a nivel internacional cuando se discute sobre estos temas, que es el «chilling effect» o efecto intimidatorio. Esto supone que cuando un Estado se muestra mucho más duro, empieza a amenazar con presencia masiva policial en la calle y reprime con el objetivo de que la gente empiece a pensar si sale a la calle a protestar o no. Es una forma de buscar un disciplinamiento para desincentivar la movilización en la calle a través de medidas -que se fueron adoptando- como la presencia policial, el uso abusivo de armas menos letales o detenciones arbitrarias.
Todo eso tiene el objetivo de tratar de que las personas no se manifiesten o lo piensen dos veces antes de hacerlo. Y eso es una restricción a un derecho democrático como es la protesta y manifestarse públicamente.
Noelia Garone: El 2024 fue un año desafiante para la expresión del disenso, la libertad de expresión y, específicamente, el derecho a la protesta en las calles. Y también lo vimos a nivel online, donde observamos un achicamiento del espacio cívico. Esta nueva gestión comenzó, a pocos días de asumir, con el protocolo mal llamado antipiquetes, una norma muy restrictiva en términos de ejercicio del derecho a la reunión pacífica o a la protesta porque, puesto en práctica, significó un achicamiento del espacio cívico. Sin embargo, quiero aclarar que Argentina no es una excepción. Por ejemplo, en 2021, relevamos leyes restrictivas del derecho a la protesta en 67 países, por eso decimos que esta práctica en Argentina no está descolgada, sino que hay una tendencia global al achicamiento preocupante de los espacios cívicos.
La Patriada Web: Si tuvieran que detallar qué es lo que más les preocupa sobre el control social a futuro, ¿qué mencionarían?
Manuel Tufró: Las restricciones a las manifestaciones públicas y la represión. Y, últimamente, esto de que el Gobierno quiere ir habilitando la intervención de las Fuerzas Armadas en algunos escenarios. La semana pasada comenzó a discutirse en relación a los denominados objetivos de «Valor Estratégico», donde no solo el Ejecutivo Nacional debería definir qué o cuándo algo es estratégico y que, en ese contexto autoriza al Ministerio de Seguridad a pedir la ayuda de las Fuerzas Armadas. La pregunta que nos estamos haciendo es si las hipótesis de posibles amenazas a objetivos estratégicos tienen que ver, en realidad, con conflictos sociales, porque en los fundamentos sí se menciona el terrorismo y al crimen organizado, pero este es un Gobierno que ha calificado como terroristas a manifestantes y a las comunidades indígenas.
El Ejecutivo habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en problemas de seguridad interior, sin tener que activar los mecanismos de consenso previstos en la ley. Podrían destinarse a tareas que no tienen que ver con su misión y para las que no están formadas. https://t.co/Me2clESMPN
— CELS (@CELS_Argentina) December 21, 2024
Noelia Garone: Básicamente el aumento de la violencia, que las personas no puedan expresar su disenso en contextos de un gran ajuste fiscal y de políticas económicas y sociales, o si lo tienen que sean reprimidos de manera violenta por las fuerzas policiales.
Y ahora se suman las resoluciones respecto de las facultades atribuidas a las Fuerzas Armadas para generar el control de la seguridad interior ante situaciones de «valor estratégico», que es algo que no tienen permitido. Bien podrían establecer como un valor estratégico el preservar ciertos bienes que están asociados a una protesta. Este tipo de decretos están modificando leyes como la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior.
Nos preocupa también la posible militarización de la seguridad, que lo hemos visto en países como México. Es preocupante porque puede provocar una escalada de la violencia. El Estado no solo tiene la obligación de no reprimir la protesta, sino que también tiene la obligación, de acuerdo a acuerdos internacionales, de garantizar que la protesta se pueda llevar a cabo. Es decir que debería implementar acciones que garanticen que las personas puedan manifestarse sin tener temor a sufrir daños, lesiones o violencia.
Debería facilitar ese espacio y no reprimirlo, restringirlo e impedirlo.
La Patriada Web: En el ámbito de las redes sociales también mencionaron las actividades de ciberpatrullaje que se supone que comenzó a ejercerse. ¿Tuvieron respuesta al pedido de información que realizaron?
Manuel Tufró: Una respuesta parcial y que no aporta nada porque, en realidad, los detalles que preguntábamos casi todos nos responden que lo estaban viendo, que aún están elaborando un protocolo de funcionamiento a medida que lo ponen en marcha.
O por lo menos eso es lo que contestan.
Noelia Garone: Pareciera que todavía está en plena implementación. Si bien sacaron la resolución, no tienen todavía detalles de cómo van a llevarla adelante. Si ya está en funcionamiento o no es parte de las repreguntas que hicimos, y la verdad es que la respuesta es muy incompleta, no se termina de entender así que estamos insistiendo en un nuevo pedido de información. Creemos que pueden estar haciéndolo porque la resolución está vigente, el tema es cómo lo están llevando adelante.
Para Tufró, el espacio de la discusión pública «no siempre fue amable, pero hay gente que ya empieza a tener miedo o prefiere no pagar el costo que implica esa violencia».
Tal vez algunos de los últimos ejemplos más notorios fue el de Galia Moldavsky, quien decidió dejar de participar en el programa «Escucho ofertas», del canal de streaming Blender, o el despido del periodista Marcelo Longobardi de Radio Rivadavia tras cuestionar al Gobierno de Milei.
La despedida de Galia de Escucho Ofertas. pic.twitter.com/LzMO7fUerV
— BLENDER (@estoesblender) December 20, 2024
«Obviamente, el problema es que no solo el Gobierno no está haciendo nada frente a este tipo de cuestiones, sino que en muchos casos personajes muy cercanos o que integran el propio Gobierno promueven estas cuestiones y a veces los más altos funcionarios, incluido el Presidente, al retuitear algunas de estas cuestiones, las legitiman también», opinó Tufró.
Y concluyó: «Es una situación cualitativamente diferente de la que se vivía hace un año, porque si bien ya existían este tipo de ataques, no eran promovidos desde el Gobierno».
