Por Fabián Waldman
Entre los temas que propondrá el presidente Javier Milei se encontrarían los pliegos como jueces de la Corte de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. También incluiría la reforma política y el proyecto de Ficha Limpia.
«Manuel García Mansilla será juez de la Corte sí o sí«. En el Gobierno mencionan que llamarían a Sesiones Extraordinarias para el próximo miércoles 15 de enero y se extenderían durante un mes de no mediar ningún imprevisto.
Entre el viernes y el lunes se publicaría el decreto para la convocatoria. El temario incluiría el nombramiento del juez federal Ariel Lijo y el abogado García Mansilla a la Corte Suprema, Ley de Ficha Limpia, Ley de Reiterancia, Ley de Reforma Política y Juicio en Ausencia.
Todo ello acorde a la posibilidad de lograr los acuerdos suficientes, tanto con la oposición oficialista como con el peronismo. Cerca del despacho de Santiago Caputo, el asesor presidencial, señalan que existe diálogo con este sector.
En Casa Rosada plantean forzar los nombramientos de Lijo y García Mansilla. Si bien se necesitan dos tercios de los votos para poder aprobar ambos pliegos, consideran que el de Lijo ya contaría con las manos necesarias para lograrlo, pero desconfían fuertemente de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La Patriada Web consultó a una fuente de primer nivel sobre el tema: «¿Creen que hará lo imposible para impedir que se trate? Si. ¿Están seguros de ello, porque una cosa es que lo diga y otra que lo haga? Ya lo dijo hace unos meses», aseguró la fuente.
Desde el despacho de Villarruel toman esta aseveración con humor, demostrando que el enfrentamiento que no ceja entre ambos funcionarios. «No se opuso a tratarlo antes. ¿Por qué lo haría ahora?», señalan.
El pliego de Lijo ya cuenta con las firmas suficientes para ser tratado en el recinto del Senado. Si están presentes todos los legisladores, el número a favor debería ser 48, pero como se limita solo a los presentes, está cantidad puede ser menor, según señala el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional.
La postulación de Lijo contaría con el acompañamiento de 33 o 34 senadores de Unión por la Patria, dependiendo de la llegada de la reemplazante del detenido en Paraguay Edgardo Kueider, la dirigente camporista Stefanía Cora.
En la otra punta, al abogado García Masilla aún no ha conseguido el visto bueno de los senadores, pero desde el círculo íntimo del Presidente van a ir a fondo con su llegada al máximo estamento del Poder Judicial.
García Mansilla es rechazado por sus posturas ligadas al Opus Dei y en contra del aborto. Los cuestionamientos principales llegan desde Unión por la Patria y el senador de la UCR Martín Lousteau. Los votos peronistas son imprescindibles para cualquier designación.
Según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, solo puede ser nombrado un juez en la Corte por cuestiones extraordinarias y cuando el Parlamento no está sesionando. En este caso, no se verifica este requisito por lo cual sería inconstitucional esta designación.
En caso de no contar con los votos necesarios, Javier Milei firmaría un decreto con el nombramiento hasta el 30 de noviembre, aseguran a La Patriada Web en el Gobierno. Esta posibilidad viene dando vueltas desde hace rato por el escritorio del mandatario.
El expresidente Mauricio Macri intentó una maniobra similar al tratar de nombrar por decreto a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en de diciembre de 2015.
El principal artífice fue el exprófugo Fabián «Pepín» Rodríguez Simón. El repudio y la movilización popular lo hizo retroceder y envió sus pliegos al Congreso, donde logró los votos necesarios con el apoyo del peronismo racional.
En Balcarce 50 sostienen que será imposible que volteen a García Mansilla aun siendo provisorio. «Tenemos la legislación de nuestro lado y no hay forma que lo rechacen. Cuando culmine este período, volveremos a hacer los mismo el año próximo», afirman.
Desde el peronismo, y a través del senador formoseño José Mayans, advirtieron que rechazarán cualquier designación que no pase por el voto de los legisladores.
El conflicto de poderes está a la vista, entre un Poder Ejecutivo que insiste con su alfil en el Judicial y un Poder Legislativo que se opone a la medida.
En medio de toda la negociación, una cuestión edilicia podría complicar que se lleven a cabo las sesiones: el recinto de la Cámara de Diputados está en obra. Desde el bloque de UxP señalaron que no les avisaron de estos trabajos.
