por Fabián Waldman.
El Poder Ejecutivo envío un proyecto de presupuesto con recortes en áreas de discapacidad, salud y educación. Además, desde la administración del Hospital Garrahan atacan a una representante gremial por “no cumplir con sus tareas”. Un informe elaborado por un grupo de empleados del Ministerio de Salud señala haber encontrado irregularidades en contratos firmados por varios funcionarios de esa repartición. Se trataría de trece personas que habrían cobrado más de $400.000.000 sin brindar ninguna contraprestación.
La denuncia sostiene que el 12 de agosto pasado se habrían firmado y pagado siete facturas que cubrían el mes completo como si ya hubieran sido trabajados. La firma que solicitó ese pago, como la de otras 54 y la de una certificación jurada donde se aseguró que trece personas habían cumplido su prestación durante julio, pertenecería a Augusto Lauria, titular de la Subsecretaría de Relaciones Sectoriales y Articulación del Ministerio de Salud.
Una de ellas sería Aldana Belluzzi, contadora y miembro del estudio Belluzzi, Rolón y Asociados. La Patriada Web se comunicó telefónicamente con la empresa. La propia Belluzzi fue quien atendió, pero al ser consultada por este medio si era personal que cumplía dedicación exclusiva en el ministerio de Salud cortó la comunicación. Desde la cartera confirmaron la situación de Belluzzi: “tiene una modalidad de contrato 1109, o sea por factura. Trabaja en la dirección de salud perinatal”.
La misma actitud habrían tomado Pablo Alejandro Domínguez, Maximiliano Lamédica, Leandro Rosa y Victoria Lapigna. Algunos de los mencionados renunciaron en los últimos días, entre ellos Lucína Bavosa y Leandro Rosa, luego de intentar conocer su versión.
Según el detalle presentado, no habría una base material para sustentar esta convalidación: ni un informe mensual, ni una actividad de correo institucional registrada, ni un registro de acceso que permita reconstruir qué hizo, día por día, cada una de las diecisiete personas incluidas en este universo de contrataciones bajo el Decreto 1109/2017.
Se habrían programado pagos por $435.636.202,92 y dieciséis de esos vínculos serían con dedicación del 100%, equivalente a una jornada de ocho horas. Sin embargo, no habría detalle sobre la contraprestación real y cada certificación mensual. Ocho de esas diecisiete contrataciones habrían sido realizadas por María Cecilia Loccisano, ex titular de la Secretaría de Gestión Administrativa, y luego habrían sido validadas por Augusto Lauria, sin que ninguno de los instrumentos que formalizaron ese cambio contenga una solicitud fundada.
Héctor Saúl Gervacio Flores, secretario de Gestión Sanitaria y superior orgánico directo de la Subsecretaría involucrada, habría convalidado con su firma siete de los ocho contratos ejecutados. Flores figura también como autoridad de reporte, y su intervención documental alcanzaría a dieciséis de las diecisiete personas de este universo. Según la documentación presentada en el informe, Flores deja fuera de su firma el contrato de Pablo Alejandro Domínguez, que habría sido suscripto por Lauria dentro del mismo organismo que depende de Flores.
El modo en que habrían llevado adelante las contrataciones se sostendría en dos funciones complementarias: Flores habría concentrado la aceptación de la necesidad, la formación contractual y la autoridad de reporte, mientras que Lauria habría definido la asignación bajo su Subsecretaría, las conformidades mensuales, las solicitudes de pago y la certificación jurada de los servicios.
Según el informe, ninguna de esas dos funciones alcanzaría por sí sola para sostener el circuito completo, lo que obligaría a investigar a ambos con la misma prioridad probatoria en lugar de tratar la intervención de uno como secundaria respecto de la del otro. Existiría también una inconsistencia que merece verificación específica: María de los Ángeles Colomo figura, según especifica su contrato, bajo la Dirección Nacional de Atención Primaria y Salud Comunitaria. Pero las tres notas de pago que tramitaron sus facturas y la certificación jurada de julio la ubican dentro de la Subsecretaría conducida por Lauria.
De acuerdo a la investigación, diecisiete prestaciones deberían considerarse directamente ficticias, una conclusión que excede lo que el expediente administrativo por sí solo permite acreditar y exige exhibir esa prueba adicional antes de poder darla por confirmada. Lo que queda pendiente, detalla el escrito, es la documentación que hasta ahora no apareció por ningún lado: los correos institucionales asignados a cada persona, los registros de ingreso y egreso, y la certificación formal de qué mecanismo alternativo se utilizó para controlar una dedicación del 100%.
La pregunta que atraviesa el texto, y que ninguna de las dos autoridades centrales puede seguir eludiendo, es qué tuvieron efectivamente a la vista antes de poner su firma: qué vio Augusto Lauria antes de conformar 54 facturas y de jurar que trece personas habían cumplido un mes entero de trabajo, y qué vio Héctor Saúl Gervacio Flores antes de suscribir siete contratos y acompañar con su firma nueve solicitudes más.
