La Justicia dictó un fallo que respalda un pedido hecho por el CELS y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick decidió hoy que el Ministerio de Capital Humano informe en un plazo máximo de 48 horas cómo distribuirá alimentos para las personas que concurren a comedores populares.
«Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar –en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas– haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución», sostuvo el fallo, según citó la agencia Noticias Argentinas.
La resolución hizo referencia a la medida cautelar que había dictado otro juez, Walter Lara Correa, quien aceptó un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.
En medio del receso invernal, la Justicia habilitó la feria para cumplir el fallo que obliga al Gobierno continuar con la entrega de alimentos a comedores.
«La medida es un paso importante para que se entreguen las partidas presupuestarias ya asignadas para programas como el Plan Argentina contra el Hambre y se ejecuten los fondos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)», indicó el CELS.
La medida es un paso importante para que se entreguen las partidas presupuestarias ya asignadas para programas como el Plan Argentina contra el Hambre y se ejecuten los fondos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
— CELS (@CELS_Argentina) July 22, 2024
Ese magistrado pidió, además, que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, no modifique los planes y programas sociales que benefician a miles de personas y que están vigentes.
«Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras«, agregó.
La causa comenzó a principio de este año, cuando las organizaciones sociales denunciaron que el Gobierno dejó de entregar los alimentos a comedores y merenderos.
A raíz de esto, se convirtió en un amparo colectivo y el juez Lara Correa lo aprobó.
