La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos difundió un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en 2024, el primer año bajo la gestión de Javier Milei.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual 2024, en el que alertó sobre los problemas y retrocesos observados en la protección de derechos humanos en la Argentina durante el primer año de gobierno de Javier Milei.
«Deterioro del derecho a la protesta y de la libertad de expresión, retroceso en las políticas de memoria, pérdida de herramientas de protección para los derechos de las personas LGTBIQ, ajuste sobre jubilados y aumento de la pobreza infantil son algunos de los ejes sobre los que alertó la CIDH en Argentina.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) analizó los principales puntos de informe de la CIDH:
Institucionalidad democrática y derechos humanos
La CIDH advirtió que las políticas de reorganización del Estado debilitaron la protección de derechos. Según el informe, «las medidas de austeridad y recortes en programas de protección social han impactado especialmente a los sectores más vulnerables». El informe recupera las advertencias de la sociedad civil sobre los «impactos negativos en el sistema de inteligencia, el sistema de jubilaciones y pensiones, telecomunicaciones e internet, y programas esenciales para combatir la pobreza».
Memoria, verdad y justicia
El informe reconoce avances en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, con 328 sentencias y 1.187 condenas y 192 absoluciones desde 2006. No obstante, alerta sobre «retrocesos significativos», como el debilitamiento de la capacidad de litigio y el cierre de espacios institucionales clave, incluyendo la disolución del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social.
Protesta social y espacio cívico
En el capítulo de la Relatoría de Libertad de Expresión, la CIDH señaló que vio un «deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina, caracterizado por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos». La CIDH recibió informes sobre «discursos estigmatizantes principalmente desde altas autoridades del Estado contra periodistas y medios de comunicación, y particularmente contra mujeres». Sobre el derecho a la protesta, la Relatoría observó declaraciones oficiales que buscaban desincentivar la libertad de expresión y exaltar la represión policial. Registró agresiones contra trabajadores de la prensa y un deterioro en el debate público. En particular, señaló la adopción de marcos normativos restrictivos del derecho a la protesta social.
Acceso a la información pública
El informe señala que numerosas organizaciones denunciaron que los cambios normativos sobre acceso a la información «opacan y restringen la transparencia del Estado», y que «generan un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado». Entre los cambios de fondo, la Relatoría releva que se excluye del acceso público la «información de naturaleza privada» de funcionarios, sin definir claramente sus alcances; que introduce el concepto de «abuso del derecho» como causal para restringir solicitudes de información, y que amplía significativamente las excepciones. La Relatoría de Libertad de Expresión expresó preocupación sobre que los pedidos de información al Estado puedan «derivar en restricciones discrecionales o sanciones aleccionantes».
Derechos de las mujeres y personas LGTBIQ
El informe observa que hubo retrocesos en las políticas de género, en particular tras el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Según la CIDH, «Argentina ha perdido su principal organismo rector en la protección de los derechos de las mujeres». También alerta sobre el impacto de los recortes presupuestarios en programas esenciales como la Línea 144 y el Programa Acompañar. El informe también expone la restricción en el acceso a derechos fundamentales para las personas LGBTIQ privadas de libertad, como la negación de traslados en función de su identidad de género.
Derechos sexuales y reproductivos
El informe señala que la reducción de las políticas de género impactó en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, con suspensiones en la distribución de anticonceptivos y obstáculos para la interrupción legal del embarazo. Los recortes presupuestarios y los discursos oficiales que niegan la violencia de género agravan esta situación. Además, alertó sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), agravados por el uso abusivo de la objeción de conciencia.
Derechos de los pueblos indígenas
La CIDH advirtió sobre la derogación del decreto que protegía las tierras ancestrales de las comunidades indígenas, calificándolo como «un retroceso normativo». Además, observó que «se llevaron a cabo desalojos durante la vigencia de la ley». Persisten desalojos forzosos en Jujuy, Río Negro y Chubut, y se ha debilitado el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, lo que afecta su reconocimiento jurídico. Estas medidas violan sus derechos territoriales y agravan la situación de marginación y discriminación.
Movilidad humana
La CIDH destacó el régimen especial de regularización migratoria para personas venezolanas, pero alertó sobre reformas que restringen derechos de personas refugiadas. La modificación por decreto de la Ley No. 26.165 respecto de las garantías procesales y las causas de exclusión en los procedimientos de protección internacional. La CIDH señaló que el Estado «suprimió instancias de revisión y acotó los tiempos establecidos para interponer un recurso ante decisiones que deniegan, cesan o cancelan la condición de persona refugiada».
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
El documento recupera la información aportada por las organizaciones sociales y los efectos de las políticas de ajuste y achicamiento del Estado. En ese sentido, señaló los recortes en los programas de protección social realizados por el Estado, hechos sin considerar el impacto que tuvieron y tienen en los sectores más vulnerables, como los trabajadores de la economía popular. También señaló la puesta en riesgo de programas esenciales para la erradicación de la pobreza.
Derechos de las personas mayores
La pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, junto con las dificultades para acceder a la vivienda, siguen siendo problemas críticos para esta población. La CIDH le pidió información al Estado argentino sobre los montos de jubilaciones y pensiones. El Estado contestó que «entre abril y septiembre de 2024 la inflación acumulada fue de 33%, por lo que los haberes se actualizaron 74%, resultando en un incremento de 31% de los haberes reales». Sin embargo, los ingresos de la mayoría de quienes reciben una jubilación no alcanzan a cubrir ni el 30% del costo de la canasta básica.
Derechos de niñas, niños y adolescentes
El informe destaca desafíos significativos, como el aumento de la pobreza infantil y la discusión de proyectos de ley que proponen reducir la edad de responsabilidad penal. «Reducir la edad de responsabilidad penal sin considerar medidas de protección es una medida regresiva», sostiene la CIDH. También alertó sobre la suspensión de programas de salud sexual, como el Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente.
Derechos de las personas con discapacidad
El informe señala como un avance la implementación de programas específicos para la inclusión laboral, educativa y deportiva de personas con discapacidad. Sin embargo, también advierte sobre la falta de accesibilidad universal y los obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos.
