Por Guillermo Lipis
Especialistas en análisis de discursos de odio alertaron sobre la utilización de estos dispositivos y cómo un gobierno elegido democráticamente, tal es el caso del de Javier Milei, puede devenir en autoritario por medio de actitudes violentas desde el aparato del Estado.
A 49 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar que gobernó el país, que dejó como saldo 30.000 detenidos-desaparecidos, y después de haber transitado períodos inescrupulosos de neoliberalismo que destruyeron esperanzas y economías, los discursos de odio -como concepto- comenzaron a tomar forma en 2019, aunque la incitación y los actos de violencia desde el poder del Estado se institucionalizaron en coincidencia con la asunción al Gobierno de La Libertad Avanza.
Violencia discursiva, mensajes políticos sexualizados, homofóbicos o degradantes, crudos ajustes de la economía y represión de marchas como las de los jubilados parecen conspirar contra una democracia que debería ser pensada para todos.
Sobre estas formas de violencia, La Patriada Web conversó con Ezequiel Ipar, director del Laboratorio de estudios sobre democracia y autoritarismos (LEDA-UNSAM) y Héctor Shalom, director del Centro Ana Frank Argentina para América Latina, que, junto a la Universidad Abarvanel, lanzó una diplomatura sobre Discursos de Odio.
La Patriada Web: El discurso de odio es básicamente una incitación a la violencia y para su eficacia existe un arma fundamental que es la provocación, que puede habilitar el uso ilimitado y desmedido de la fuerza. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Héctor Shalom: El concepto general del discurso de odio tiene que ver con demonizar a algún sector de la sociedad y hacer que ese demonio tenga una actitud conspirativa. Qué decir, cuándo, en qué lugar, qué monumento destruir, qué día, en qué lugar, a qué persona, pueden ser todos ejemplos de esa provocación. Hay una trampa discursiva que requiere, a medida que las crisis avanzan, utilizar medidas más represivas, más violentas, que vienen acompañadas de actos y discursos de provocación. Lamentablemente, estamos siendo testigos es de un crecimiento de conductas y actitudes autoritarias que ponen en riesgo la democracia, que hoy no parece ser un valor sublime. Hemos transitado todos estos años, desde la salida de la dictadura y a pesar de los diferentes gobiernos, la defensa del valor supremo de la Constitución como la ley suprema de la democracia, pero hoy parece que ésta no sirve para consolidar ciertos proyectos. No sirve y no importa desterrarla. Como educador, digo que los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia y no sustituyéndola con medidas autoritarias.
Ezequiel Ipar: Podríamos hablar de la oficialización de los discursos de odio. Y habría que destacar que para este 24 de marzo el Gobierno eligió a Agustín Laje para emitir un discurso oficial con una narrativa provocadora. Buscó a un personaje público muy violento, a un difusor claro de discursos de odio y alguien que no duda en proferir amenazas, intimidaciones y reconocer que él no está obligado a ser tolerante con las personas que piensan diferente o que eligen otros modos de vida. El Gobierno eligió, entre los simpatizantes de su ideología, al más intolerante, al más violento, al más antidemocrático. Enfatizaría que es explícitamente intolerante y propagador de discursos de odio. Y es alguien que también dice que no va a respetar reglas democráticas en el espacio público.
Día de la Memoria. Completa. pic.twitter.com/VOlkGLVoHX
— Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2025
La Patriada Web: En este caso la violencia proviene del aparato del Estado y no de las bases sociales. Salvo en la época del golpe de Estado, durante la dictadura, no sé si ocurrió una situación como la que estamos viviendo ahora.
Héctor Shalom: La función de la policía, por ejemplo, es la administración del espacio público y esto significa que es función del Estado, por medio de sus organizaciones de seguridad, velar por el derecho a la protesta, el derecho de terceros no involucrados en la protesta y por los propios derechos policiales. Es función del Estado administrar estos tres sujetos de derechos, pero, en vez de administrarlos, se instala en una violación del derecho a la protesta. También se violan los derechos policiales al poner a los efectivos en el lugar de ser portadores de decisiones que ponen en riesgo sus vidas y que los instalan en un espacio de confrontación con la sociedad. Es bueno recordar que las leyes policiales originarias son de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Es decir que no solo son viejas, sino que son de una dictadura en la que se instaló el concepto de Estado policial con el objetivo de confrontar a la policía con la sociedad. Este es un proceso peligroso en la formación policial en democracia y en las órdenes que se les baja a los efectivos, porque el Gobierno está poniendo a la policía a confrontar con la sociedad.
Ezequiel Ipar: Están legitimando niveles muy altos de violencia institucional como la ocurrida en la marcha de los jubilados, donde hirieron al fotógrafo Pablo Grillo. Ya veníamos de una violencia institucional que, claramente, está en los límites de la legalidad dado el desproporcionado uso de la fuerza. En las marchas de los jubilados hay un claro pasaje al acto de las promesas de violencia y de lo que preanuncian los discursos de odio. Y el mayor riesgo es que esto siga creciendo. O peor aún: que anuncien que no existen límites para el ejercicio de la violencia estatal.
La Patriada Web: ¿Y cómo se sale esto cuando la violencia es originada desde el Estado?
Héctor Shalom: Por un lado, hay que tener muy claro el lugar desde dónde proviene la provocación, porque la espiral de violencia puede tender solo a incrementarse. En segundo lugar, hay que estar atentos a ese discurso con el que aseguran que no hay líderes políticos honestos ni alternativos porque sostiene la casi irremediabilidad de la situación. No hay que caer en la respuesta a la provocación y consolidar liderazgos alternativos, no violentos, democráticos y con capacidades discursivas distintas.
La violencia provocada desde el Estado consolida figuras más violentas y agresivas capaces de tener discursos o acciones aberrantes.
Por otro lado, la violencia consolida o promueve la emergencia de figuras políticas que, sin esa violencia, son absolutamente intrascendentes y no tendrían ningún tipo de visibilidad social.
Ezequiel Ipar: Los discursos de odio y esta preferencia por personajes públicos incendiarios por parte de La Libertad Avanza no son casuales porque también existen otros voceros multiplicadores de esa posición extrema intolerante. Se sale buscando un límite externo como, por ejemplo, el Congreso, que debe cumplir una función de poner límites, interpelar a las autoridades del Poder Ejecutivo o establecer sanciones.
La Patriada Web: Pero la realidad indica que por ahí no surge la solución.
Ezequiel Ipar: Y sí… no estaría sucediendo. También hay un trabajo periodístico crítico que me parece que cada vez está tomando más relevancia. Otro factor es la sociedad civil, en general, y los grupos afectados, en particular, como los sindicatos, organismos de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Sin dudas, en estos estamentos hay una búsqueda de resistencia coincidente
La Patriada Web: ¿Podemos hablar de una «democradura»?
Ezequiel Ipar: Acaba de salir un indicador que para mí es bastante objetivo y relevante. Está publicado por un instituto que mide varias dimensiones de los gobiernos democráticos y es la primera vez que ponen a Argentina en un proceso de autocratización, es decir la pérdida de la aplicación de las instituciones y los valores democráticos. Se trata del Proyecto V-Dem o Variedades de la Democracia, que se concentra en un enfoque único para conceptualizar y medir la democracia a través de datos multidimensionales y desagregados que reflejan la complejidad del concepto de democracia como un sistema de gobierno que va más allá de la simple celebración de elecciones. El Proyecto V-Dem distingue cinco principios fundamentales de la democracia (electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria) y recopila datos para medirlos. Argentina está incluida desde 2023, es decir, en forma coincidente con el inicio del gobierno de Javier Milei. En diciembre de ese año empieza ese deterioro de la calidad de nuestra democracia que se profundizó durante 2024.
Esa autocratización que se observa en el país es el proceso inverso a la democratización, porque limita o cancela el ejercicio de derechos y libertades, reduce o suprime el pluralismo y la oposición política, y favorece que el poder del gobierno se ejerza de forma discrecional.
Bajo este criterio, Argentina comenzó a parecerse a un Estado donde no rigen los derechos democráticos, aunque se permite la competencia electoral. No se respetan los derechos civiles y políticos, no se respetan las condiciones de equidad y justicia en la competencia electoral, pero sí la existencia de partidos de oposición y algún tipo de periodismo libre.
La Patriada Web: ¿Con qué países compartimos esta caracterización?
Ezequiel Ipar: Con Burundi y Botsuana.
Héctor Shalom: La desesperanza es un componente del discurso de odio. Se insiste, por ejemplo, profundizando la idea de que no hay alternativa, proyecto ni futuro; que todo fracasó en el pasado. Es un discurso generalizador utilizado de un modo siniestro para justificar lo que se hace, en este caso, desde el poder. Pero en Argentina sí hay liderazgos democráticos y figuras políticas honestas. Necesitamos trabajar en la consolidación de otros liderazgos de manera que lo siniestro no crezca ni logre consolidarse.
