El abogado constitucionalista, Manuel García Mansilla, se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado, y defendió durante siete horas su postulación a la Corte Suprema de Justicia.
Luego de la presentación en el Senado del juez Ariel Lijo, este miércoles el abogado constitucionalista Manuel García Mansilla defendió durante siete horas su postulación a la Corte Suprema de Justicia. El candidato propuesto por el oficialismo expresó que al cargo se lo ofreció Santiago Caputo. Ante la pregunta del senador Oscar Parrilli, que durante la audiencia de la comisión de Acuerdos quiso saber «quién del gobierno fue que le ofreció el cargo de ministro de la Corte», García Mansilla admitió: «el cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio».
Además, el abogado negó conocer a Javier Milei: «Yo no conozco al presidente de la Nación. No hablé nunca en mi vida, ni por teléfono, con él». Y confirmó también no conocer a Caputo: «no lo conocía tampoco» a Caputo. «En este proceso lo he visto dos veces. La última vez lo vi (fue) hace unas dos semanas, en Casa Rosada, (y) me preguntó cómo venía preparándome para esta audiencia pública y la relación, desde el momento que me ofrecieron el cargo hasta ahora, la he llevado con el doctor Sebastián Amerio», dijo en la Comisión.
Los senadores opositores suponen que el presidente envió los pliegos de García-Mansilla y Lijo al Senado, porque serían magistrados a favor de la dolarización, promesa de campaña de Milei, y algo que el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, impugnó durante la campaña presidencial de 2023.
Durante la Comisión, García-Mansilla admitió que podría ser constitucional la dolarización en la Argentina y postuló como ejemplo que podría interpretarse así si se hiciera por vía de un tratado internacional en los términos del artículo 75, inciso 24, de la Carta Magna. Aunque aclaró que «para hacer un análisis, hay que ver un proyecto concreto».
Ante la consulta de Lousteau, el abogado explicó que su postura, publicada en un artículo que firmó junto a Ricardo Ramírez Calvo, consistió en un pronunciamiento «académico». «Durante la campaña presidencial, la dolarización como concepto era motivo de discusión, más allá de que no existía un proyecto concreto que uno pudiera analizar, y hubo declaraciones manifestando que era inconstitucional y lo que nosotros planteamos era que para poder hacer un análisis hay que ver un proyecto concreto», dijo durante su exposición en la Comisión de Acuerdos del Senado.
Para graficar su punto de vista, utilizó una serie de ejemplos. «Asumamos que para dolarizar, se confiscan todos los depósitos en dólares que hay en el sistema bancario. Esa dolarización sería flagrantemente inconstitucional por violación del derecho de propiedad», sostuvo, y agregó: «Asumamos, como contrapartida, que la dolarización se haga por vía de un tratado de integración en el marco del artículo 75, inciso 24, debido a que el Mercosur asume que la moneda común es el dólar. Ese proyecto podría llegar a ser constitucional».
Por otro lado, García-Mansilla indicó que «es el Congreso el que tiene la facultad para disponer o no la dolarización». Lousteau advirtió entonces que ese artículo «no relega el control de esa moneda» y que «hay diferencias con una dolarización lisa y llana».
El letrado volvió a excusarse en su rol como académico y ratificó la posición que adoptó el año pasado. «Obturar una discusión tan importante y desecharla de plano no era correcto, sobre todo cuando los argumentos a los que se apelaba, por ejemplo que las atribuciones previstas en el artículo 75 son mandatos, no eran necesariamente atendibles», amplió, y recordó: «Una de las cuestiones que planteamos es que si son mandatos, por ejemplo, el inciso 28, que permite el ingreso de tropas extranjeras, sería una obligación. Toda la contribución fue en abstracto».
Luego, el presidente de la UCR lo consultó sobre el control de constitucionalidad: «¿Entonces no habría control de constitucionalidad después?», preguntó Lousteau, y García-Mansilla respondió: «En el ámbito de sus atribuciones, cada uno de los poderes puede interpretar la constitución». «La Corte Suprema es intérprete final de la Constitución desde 1864», completó.
Conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Actualmente la Corte cuenta con cuatro miembros, tras la salida de la jueza Elena Highton de Nolasco, que presentó su renuncia en octubre del 2021. El Gobierno de Javier Milei pretende que ese lugar sea ocupado por Ariel Lijo, mientras que Manuel García Mansilla podría ingresar en diciembre, cuando el Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años.
Respecto a la postulación de Lijo, se realizaron muchas críticas, tanto de miembros de la UCR, el PRO, como la senadora Carolina Losada, de Juntos por el Cambio, que no ve con buenos ojos la postulación del juez federal, porque «tiene 32 denuncias y es uno de los tres jueces más denunciados en Comodoro Py», y también manifestó rechazo el oficialista, senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, que enfrentado con el asesor presidencial, Santiago Caputo, fue expulsado del bloque de LLA. Paoltroni se opuso en las últimas semanas a varias decisiones tomadas por el gobierno nacional, entre ellas la postulación como ministro de la Corte Suprema de Justicia al juez federal Ariel Lijo. En el caso de García Mansilla, cuenta con impugnaciones por posturas como su oposición al Interrupción Voluntaria del Embarazo.
