Foto: gentileza de Sindical Federal
Economistas del Foro de Economía y Trabajo presentaron un informe sobre la deuda externa y su carácter condicionante en la sede del SADOP. Dirigentes gremiales y ex funcionarios kirchneristas, nutrieron el auditorio ante las disertaciones de los especialistas. | Por Mariano Denegris
El documento lleva como epígrafe una frase pronunciada hace más de 200 años por un expresidente norteamericano. John Adams fue quien enseñó: “Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación, una es con la espada, la otra es con la deuda”. El Foro Economía y Trabajo presentó el lunes pasado el informe elaborado por referentes económicos de diferentes espacios sindicales “La deuda no puede mandar”. Fue justo un día después de que Juntos por el Cambio volviera a agitar el discurso de la “bomba de tiempo” para referirse al aplazo de los vencimientos de deuda en pesos que el Ministro de Economía, Sergio Massa, cerró con el sector bancario.
En medio de las tensiones entre oficialismo y oposición en torno a la herencia de la deuda externa, el encuentro realizado en la sede del Sindicato de Docentes Privados (SADOP) merece la atención porque propone un abordaje de la cuestión alternativo, tanto al contemplado por el Palacio de Hacienda como al del bunker desestabilizador de los economistas liderados por el ingeniero Mauricio Macri. Además de la letra del documento, la nota de atención la dieron las figuras del movimiento obrero que estuvieron presentes. Estuvieron tres de los cinco dirigentes sindicales que formaron parte de la mesa nacional del Frente de Todos: Hugo Yasky, de la CTA, Abel Furlán, de la UOM, y Sergio Palazzo, de la Bancaria. También se sentó en la primera fila, Rodolfo Daer, de Alimentación y miembro del Consejo Directivo de la CGT, una de cuyas cabezas es su hermano Héctor. Junto a él ocupó un asiento Omar Plaini, de Canillitas, y referente del espacio sindical de Pablo Moyano, otro de los cosecretarios generales de CGT. Completaban los primeros lugares el coordinador de la Corriente Federal de los Trabajadores, Héctor Amichetti, Daniel Jorajuría, de la CTA Autónoma, y Dina Sánchez, de la UTEP. Hubo representación de agremiaciones de la Pequeña y Mediana Empresa como APYME, la Central de Entidades Empresarias Nacionales, CEEN entre otras. Y sumó volumen político con la presencia del ex Ministro de Economía, Amado Boudou, y el actual Ministro de Trabajo bonaerense y dirigente de los Curtidores, Walter Correa.
Ninguno de ellos subió al escenario. Respaldaron con su presencia al equipo de economistas que desarrolló los principales contenidos del documento. El trabajo arranca describiendo “la falta de reservas internacionales del Banco Central y las constantes presiones devaluatorias son su efecto sobre el incremento de precios”, como consecuencias lógicas del “brutal endeudamiento” contraído por la Alianza Cambiemos y por “las exigencias regresivas del programa vigente con el Fondo Monetario Internacional”. Por eso, propone “una urgente revisión del acuerdo (mediante quita, eliminación de sobretasas, y cambios de condiciones), pues no es sustentable”. Señala que: “el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población y en la creciente asfixia de nuestra economía imponen exigir al FMI que asuma las consecuencias derivadas del irregular otorgamiento del préstamo al país en 2018”.
En las antípodas del planteo de los economistas de Juntos por el Cambio, que operan para el bando de los acreedores -como ya lo habían hecho en 2015 a favor de los fondos buitres-, los especialistas convocados por los trabajadores sostienen que de no replantearse el esquema de negociación con el Fondo se pondrá en riesgo el crecimiento económico de los últimos dos años y se caerá como cada vez que se intentaron cumplir las condiciones impuestas por el organismo en un proceso recesivo. Así lo explicó Ricardo Aronskind, que abrió el panel caracterizando el acuerdo suscripto con el FMI como de imposible cumplimiento
Para demostrarlo, el ex Directo de la UIF, José Sbatella, graficó las diferencias históricas entre los programas que impone el endeudamiento, caracterizados como Modelo Económico de Exportación de Materia Prima, y los modelos de producción nacionales y populares. En el primer caso, el objetivo es valorizar el capital exportador con vista al mercado internacional. En él, los trabajadores son considerados un costo, por lo cual se hacen necesarios los bajos salarios, la alta informalidad y el freno a los reclamos sindicales. En este esquema, el dólar alto y la tasa de interés real positivas son efectos buscados junto a una política fiscal regresiva.
En cambio, el modelo mercadointernista tiene por objetivo valorizar el trabajo local, ya que considera a la clase trabajadora como demanda agregada. Para ello, se requieren altos salarios y derechos laborales garantizados en paritarias. El dólar debe estar regulado y la tasa de interés real debiera ser negativa, junto a una política fiscal progresiva. Si bien se pueden observar en la actual gestión económica aspectos contradictorios entre estos modelos puros que describió Sbatella, las derivaciones del acuerdo con el FMI favorecen objetivamente la aplicación del modelo agroexportador.
Horacio Rovelli fue el encargado de explicar la propuesta de investigación pública de la fuga de capitales y la evasión fiscal. Para ello se requiere levantar “el secreto bursátil, bancario y fiscal que protege, increíblemente, a los responsables”. Puso ejemplos concretos que evidenciaron lo limitado del conjunto de firmas que se beneficiaron con la fuga de capitales. “Cien empresas compraron casi 25 mil millones de dólares”, dijo. Las principales, según Rovelli, fueron Telefónica y Pampa Energía, con alrededor de mil millones cada una. Y para evidenciar la fuga, citó el ejemplo de tres firmas del grupo Techint. Tecpetrol, Ternium y TGS compraron, sumadas, 549 millones de dólares, pero en sus balances solo figuran 189 millones.
A la par de la liberación del secreto fiscal, bursátil y financiero para ubicar e investigar personas y empresas sospechadas de evasión y/o lavado vinculados con la fuga de capitales, los autores sostienen la necesidad, expresada en el encuentro por Guillermo Wierzba, de la modificación de la Ley de Entidades Financieras vigente desde 1977. Marisa Duarte advirtió que “este último ciclo de endeudamiento no se originó en la necesidad de financiar el crecimiento económico sino exclusivamente para que los fugadores seriales pudieran apoderarse de recursos del sistema financiero argentino”. Y agregó que el debate no debe cerrarse porque constituye el “principal mecanismo de dominación sin armas”.
Pablo Manzanelli, del Centro Cifra CTA, aclaró por qué el documento habla de “encrucijada y no crisis”. Consideró que la economía argentina no atraviesa una situación crítica porque asiste a dos años de crecimiento sostenido pero al mismo tiempo observa una “crisis de deuda, por el bajo nivel de reservas y una crisis de ingresos, por el bajo nivel salarial”. De estas dos deficiencias la última es la más importante. “La variable independiente no es la deuda sino el ingreso”, afirmó. Lo cual explica el título: “La deuda no puede mandar”. Si se interpreta mandar como gobernar, la deuda no puede ser la variable que determine las acciones y objetivos de gobierno sino la distribución del ingreso.
Para ponerlo en números, Manzanelli aportó un dato próximo a publicarse en un informe de CIFRA-CTA: “desde 2018 a 2022, los trabajadores transfirieron al capital 87 mil millones de dólares, el doble de la deuda tomada con el FMI”. Resolver el problema del endeudamiento externo no asoma en este panel como en la discusión instalada en la mayoría de la opinión publicada, como un fin en sí mismo, sino como un escollo para que el crecimiento no se acumule en pocas manos hasta llegar a la etapa recesiva.
Eso expresó precisamente el ex secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, al indicar que “dos años de crecimiento consecutivo del 10 por ciento en 2021 para recuperarnos de la pandemia y del 5 por ciento en 2022 para remontar la caída del gobierno macrista, conviven con baja elasticidad empleo-producto y más baja aún relevancia del salario en el producto”. Cerró su alocución detallando dos inviabilidades del programa del FMI: “El orden fiscal sin reservas es inviable técnicamente y el ajuste es inviable políticamente”.
En esa línea, el aporte de los economistas del movimiento sindical concluye que: “el intento de aminorar las restricciones externas derivadas de la crisis de la deuda que incubó el gobierno de Cambiemos es inconducente para los intereses nacionales, si no se avanza al mismo tiempo con la necesaria recomposición de los salarios y una mejor distribución del ingreso, las cuales deberían constituir la principal prioridad política”. Paradójicamente o no, fue una columna de opinión publicada por Martín Rapetti y Lorena Giorgio en el diario Clarín la que confrontó con los titulares instalados por el macrismo, que asocian los vencimientos de deuda con artefactos explosivos. Dicen los columnistas que “el tamaño actual (de la deuda) es bastante inferior al que alcanzó en los años previos a la crisis de la convertibilidad (entre 57% en 1999 y 86% en 2001, respectivamente), pero superior al 31% que alcanzó en 2017, antes que se le cerrara el mercado de deuda al gobierno de Mauricio Macri”. Por lo que concluyen que “no es una bomba”.
Frente a los equipos económicos de la oposición que se alinean al discurso explosivo del ex presidente Macri, quien precisamente reinició el ciclo de la deuda externa entre 2016 y 2019, las organizaciones obreras ofrecieron otra perspectiva para abordar el tema desde el interés nacional y no del extranjero.
