Un documento conjunto elaborado por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo porteña advierte sobre el notable incremento de los desalojos administrativos y la ausencia de políticas sociales adecuadas para contener a las personas afectadas.
El diagnóstico, confeccionado tras una serie de pedidos de informes al Poder Ejecutivo local, analiza la modalidad, la velocidad y la escala con la que se implementan estas medidas, las cuales impactan de forma directa en los sectores con mayor vulnerabilidad habitacional.
Crecimiento cuantitativo y cambio en la modalidad de los operativos
De acuerdo con los datos recabados por ambos organismos, la intervención estatal en la desocupación de inmuebles experimentó una transformación profunda entre el año 2024 y marzo de 2026. En términos cuantitativos, durante este período fueron desalojadas un total de 4.482 personas, entre las cuales se contabilizan 1.409 niños, niñas y adolescentes. Las estadísticas reflejan que el año 2025 registró un incremento del 26% en comparación con 2024, y advierten que, de mantenerse la tendencia observada en el primer trimestre de 2026, este año finalizará con la cifra más alta de desalojos de todo el período analizado.
En el plano cualitativo, el informe detecta un desplazamiento significativo de los desalojos de origen judicial hacia los de carácter administrativo, que son impulsados y ejecutados directamente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) sobre inmuebles presuntamente de dominio público, fundamentados principalmente en clausuras totales por riesgo de derrumbe. Esta mutación se hace evidente al contrastar las cifras: mientras que en 2024 el 98% de los desalojos se realizaba por orden de la Justicia, en los dos primeros meses de 2026 los procesos administrativos alcanzaron el 58% del total, superando por primera vez a los judiciales. Dentro de este universo, las órdenes de clausura representaron el 52% de los casos. Los organismos señalaron que esta política se focaliza en la población de menores ingresos que habita en inquilinatos, conventillos, pensiones y hoteles familiares, ubicados mayoritariamente en las Comunas 1, 3 y 4 de la Ciudad.
Además, el documento examina el sustento legal de las desocupaciones administrativas por riesgo de derrumbe, amparadas en el artículo 12 del Decreto N° 1510/97 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA. Esta herramienta constituye una excepción al principio general de tutela judicial previa, por lo que su aplicación solo se justifica ante una urgencia derivada de un riesgo estructural inminente e inaplazable.
Asimismo, la validez de estas medidas exige la existencia de un informe técnico fehaciente que acredite el peligro concreto, determine los motivos y especifique el órgano certificante. El marco normativo excluye la evacuación total en aquellos casos donde el riesgo pueda neutralizarse mediante soluciones menos gravosas, tales como el apuntalamiento o la clausura parcial del inmueble. En este contexto, el informe de los organismos llama la atención sobre el hecho de que, durante 2026, la Jefatura de Gabinete del GCBA instó a realizar inspecciones en el 33% de los desalojos por riesgo de derrumbe, un mecanismo que, por su propia definición legal, debería responder exclusivamente a emergencias técnicas objetivas y no a directivas de coordinación política.
Deficiencias en la asistencia social y reclamos institucionales
Por otra parte, la investigación cuestiona la idoneidad y suficiencia de las políticas de contención social destinadas a las familias desalojadas. Actualmente, el Ejecutivo local ofrece a los damnificados las mismas alternativas diseñadas para la población en situación de calle, consistentes en el ingreso a los Centros de Inclusión Social (CIS) o la incorporación al Programa de Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional. Aunque el 80% de las familias logró acceder a por lo menos una cuota del subsidio económico, las fallas de adecuación del programa ponen en riesgo la permanencia de los beneficiarios dentro del sistema de asistencia. Los organismos señalan que la falta de previsión estatal se evidencia en la inexistencia de un protocolo único, integral y normativamente aprobado para regular los desalojos, así como en la falta de una instancia que centralice la actuación de las diferentes áreas gubernamentales involucradas.
Ante este escenario, el MPD CABA y la Defensoría del Pueblo solicitaron formalmente al Gobierno de la Ciudad la convocatoria a un espacio de trabajo y articulación interinstitucional que permita unificar, sistematizar y monitorear los procesos de desalojo. Del mismo modo, exigieron la elaboración de un protocolo único y aprobado por norma que fije parámetros uniformes para los procedimientos, garantizando la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas, con especial consideración hacia los grupos más vulnerables.
